El exministro de Planificación fue procesado este jueves por primera vez con prisión preventiva. Es decir que si no fuera diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio de Vido tendría que estar detenido. Así lo decidió el juez federal Claudio Bonadio, quien dictó el procesamiento del exministro kirchnerista por el delito de defraudación contra la administración pública en las millonarias compras de barcos cargados con gas natural licuado (GNL). El juez pidió a la Cámara de Diputados que trate el desafuero de De Vido para poder detenerlo.

En la misma resolución, Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva y ordenó la detención de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido en el Ministerio de Planificación y que tuvo un rol preponderante en la compra de esos cargamentos. Baratta estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Gestión del Ministerio de Planificación, que era una de las partes que conformaban el Programa de Energía Total (PET) lanzado por el kirchnerismo en 2007 para paliar la crisis energética. El programa se pensó originalmente para 90 días, pero se extendió. En la causa judicial por la que Bonadio dictó la prisión preventiva de De Vido y Baratta se investiga el período comprendido entre 2008 y 2015.

Detuvieron a Roberto Baratta, ex número dos de De Vido

El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificació fue arrestado y procesado por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado.

Una de las formas de enfrentar la crisis fue la compra de barcos transporte de gas licuado que eran regasificados en los puertos de Bahía Blanca y Escobar para, desde allí, ingresar a la red de gas que abastece a usuarios particulares y a industriales. Entre 2008 y 2012 fue la empresa estatal Enarsa la encargada de gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL; a partir de la estatización de YPF en 2012, fue esa compañía la que continuó con la tarea. Era la Secretaría de Energía la que realizaba estudios para determinar qué cantidad de GNL se debía comprar.

En la causa a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli se realizó un peritaje en el que se determinó una defraudación por casi 7 millones de dólares debido a que hubo sobreprecios en las compras de GNL. Según el estudio, se pagó de más por el millón de BTU (la unidad de en la que se mide el GNL) en buena cantidad de los 232 barcos que llegaron al puerto de Bahía Blanca y los 265 que arribaron a Escobar. Según explicaron fuentes judiciales, se determinó en varios casos que en barcos que llegaban con días de diferencia se pagaba el doble por el millón de BTU.

El exsecretario de Energía Daniel Cameron y los expresidentes de Enarsa Exequiel Espinosa y Walter Faygas fueron procesados sin prisión preventiva. También fueron procesados integrantes de YPF y Enarsa que tuvieron participación en la maniobra investigada.

Figurita repetida

En la investigación se detectó que dos empresas de la familia Dromi participaron como intermediarias y cobraron comisiones.

Roberto Dromi, exministro privatizador menemista y asesor informal de De Vido, y su hijo Nicolás fueron procesados por Bonadio. Sus firmas Diligentia y Dysan cobraron por la intermediación que realizaron entre Enarsa y varias de las firmas proveedoras de GNL. Al principio le facturaban a ENARSA y luego directamente a las empresas proveedoras. Incluso alguno de los imputados, en su declaración, situó a Nicolás Dromi en reuniones de directorio de Enarsa en las que se decidió la adjudicación de compras de GNL.

Fue procesado también Jorge Samarín, presidente de la Marítima Meridian S.A., que obtuvo buena parte de los contratos por servicios de "agenciamiento marítimo", que implica las tareas referidas a la registración aduanera, el ingreso y salida de los puertos, las autorizaciones de Prefectura y Migraciones y los permisos técnicos y administrativos para la llegada de los barcos. Esa empresa intervino en los trámites de 385 barcos de los que ingresaron al país el GNL.

Según explicaron fuentes judiciales, fueron De Vido y Baratta quienes idearon y armaron la estructura para importar el GNL. No hubo licitaciones, porque hubo concursos de precios en los que no había negociación posible sobre el valor del GNL. Además, hubo intermediarios entre Enarsa y los vendedores cuyas comisiones aumentaron el precio.