Luego de cinco meses de audiencias y dos de alegatos, el Tribunal Oral federal N° 1 (TOF) compuesto por Juan Antonio González Macías, Jorge Burad y Alejandro Nocetti Achával, resolvió condenar a la totalidad de los represores imputados en causas contra la humanidad que tuvieron lugar en la provincia en el marco del terrorismo de Estado último.

Las cadenas perpetuas recayeron para los ex policías Juan Agustín Oyarzábal, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, Ricardo Benjamín Miranda y Armando Osvaldo Fernández Miranda; y para los ex militares Alcides París Francisca, Paulino Enrique Furió y Juan Antonio Garibotte.

Para los ex miembros del Ejército Ángel Ramón Puebla y Dardo Migno Pipaon correspondieron 18 y 14 años de prisión respectivamente. El ex policía del Cuerpo de Motorizada, Fernando Morellato Donna, recibió una pena de sólo cinco años,lo que generó la disconformidad de los familiares y compañeros de las víctimas. 


En su veredicto, el TOF dispuso que la mayor parte de los sentenciados cumplan condena en cárcel común. De esta manera se ordenó la inmediata detención de Aldo Bruno, Fernando Morellato, Juan Garibotte, Armando Fernández Miranda y Ricardo Miranda, quienes deberán permanecer en el Complejo Penitenciario N° 2 de San Felipe, hasta que se resuelva otro destino. 

En tanto, se indicaron nuevas pericias médicas para Paulino Furió, Ángel Puebla, Alcides París Francisca y Dardo Migno, quienes por problemas de salud gozan de prisión domiciliaria. Hasta tanto no se constaten mejoras médicas, los condenados permanecerán haciendo uso del beneficio. El resto permanece detenido en distintos penales del país por condenas anteriores.


El juicio había comenzado el 2 de agosto y contempló seis causas que estuvieron integradas por 28 víctimas. Las denuncias se basaron en los crímenes perpetrados en el marco del plan de exterminio y desaparición forzada que llevó adelante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” implementado por los jerarcas de la dictadura cívico-militar en la Argentina entre 1976 y 1983.

Las causas contemplaron las detenciones ilegales seguidas de torturas de Roberto Vélez, Oscar Guidone, Martín Lecea, Ángel Bustelo y el niño Martín Alcaraz. Se investigaron además el secuestro y la desaparición de otras 23 personas: Blanca Graciela Santamaría, Ángeles Gutiérrez de Moyano, Roberto Blanco, Miguel Poinsteau, Oscar Ramos, Oscar Daniel Iturgay, Juan José Galamba, Ramón Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín, Raúl Oscar Gómez, Víctor Hugo Herrera, Juan Carlos Romero, Daniel Romero, Margarita Dolz, Antonia Adriana Campos de Alcaraz, José Antonio Alcaraz, Néstor Carzolio, Nélida Tissone, Alberto Jamilis, Roberto Vera, Walter Domínguez y Gladys Castro (embarazada en el momento de su captura).


Se trató del tercer juicio de lesa humanidad que se ha desarrollado en la provincia. El primero sentenció a fines de 2010 a cuatro represores que cumplieron funciones principalmente en San Rafael. El 6 de octubre de 2011, en el segundo juicio, se condenó a otros cinco en la Ciudad de Mendoza.

En el último proceso, para dictaminar la sentencia, el TOF escuchó los testimonios de más de 130 testigos y ponderó las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Federal a cargo de Dante Vega y el grupo de abogados querellantes.

Cada uno de los juicios contra genocidas ha permitido develar con precisión las características propias del plan sistemático de desaparición forzada de personas en la provincia y sus conexiones con la región cuyana, como así también la complicidad eclesiástica y civil en dicho proceso. En este caso, el aporte se basó en dejar probadas las intenciones de exterminio sobre los militantes políticos que se opusieron al régimen dictatorial en aquellos años. Durante cada audiencia, los abogados querellantes describieron el perfil político ideológico de las víctimas, considerado central en las reconstrucciones de los hechos.



La jornada final del tercer juicio fue celebrada por militantes de derechos humanos, sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas. Cientos de ellos se convocaron especialmente en las escalinatas de Tribunales Federales para escuchar las esperadas sentencias luego de 37 años de impunidad, y de lucha contra la falta de justicia.

El Friso por la Memoria que había sido profanado durante el proceso del juicio por “los nostálgicos del pasado” – como definió a los destructores la titular de Dirección de Promoción de Derechos Humanos, Vanina Abraham -, fue reinaugurado minutos antes de oficializarse el fallo del TOF.

Las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza fueron las abanderadas del acto en el que se reivindicó la presencia de cada uno de los detenidos desaparecidos de la provincia.