El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, afirmó estar de acuerdo con la Ley 7722 y ser militante del agua después de ser denunciado a través de un comunicado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, junto al secretario de Gobierno, Raúl Villafañe, de devolver al Consejo Deliberante la Ordenzanza 12/16, sancionada unánimemente y que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y de técnicas liberadas en el ambiente, porque esta era "confusa". Dicho comunicado señala que Orozco y Villafañe "bajaron la ordenanza esgrimiendo que el Artículo 2 era confuso y la devolvieron observada al Concejo Deliberante, sugiriendo que su texto sea similar al Artículo 1 de la Ley 7722, lo cual la volvería completamente obsoleta".

Los vecinos consideran que esto "anula la potencialidad concreta de la ordenanza para proteger el territorio y los bienes comunes del departamento" y persigue el ajuste "al interés manifiesto de los empresarios mineros de llevar adelante su plan devastador, empleando alguna o varias de las sustancias tóxicas que la ordenanza prohíbe expresamente en el Artículo 2, y las técnicas mineras que las liberan en el ambiente, con el peligro que ello significa para la calidad y cantidad del agua disponible para todos los mendocinos".

También acusan al intendente Orozco de dejar de lado sus promesas de campaña de defender el agua y la salud de los lasherinos "para poner su firma al servicio de empresas extranjeras, olvidando que su función es servir al pueblo".

La Asamblea de Vecinos de Uspallata exige que la ordenanza sea brevemente aprobada de nuevo con el texto original presentado por los vecinos "incluyendo el Artículo 2 observado, sin cambiarle ni una coma, y restituyendo el artículo 3 del proyecto original, que fuera quitado por los concejales cuando pasó por comisiones, el cual dispone el aval municipal a la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvareda".

Además les solicitan al intendente, al secretario de Gobierno y a los concejales que "den a conocer públicamente los nombres de los particulares y funcionarios que los presionaron para bajar la ordenanza de los vecinos".