Tras el etiquetado frontal, ahora la lucha es contra las grasas trans industriales

Sociedad

En diálogo posterior con Télam, Berenice Cerra, integrante del área de incidencia de FIC Argentina, indicó que "hay cuestiones que son complejas de reglamentar, como publicidad, plazos, entornos escolares, etc. porque involucran distintos actores gubernamentales". Como ejemplo, citó: "En entornos escolares, hay que trabajar no solo con el Ministerio de Salud, sino también con Educación, y después, lograr que cada provincia adhiera a que en los quioscos de las escuelas no se puedan vender productos que tengan ningún sello, como dice la ley. Esas son las complejidades que deberían resolverse en la reglamentación, el trabajo con los diferentes actores para que sea aplicable". "En el mismo sentido, el trabajo deberá seguir para la implementación y luego para la fiscalización, a fin de asegurarse de que se cumpla con lo que la ley dice", agregó.

Durante la primera parte del encuentro, se recorrió la historia de cómo se llegó a la ley, sancionada 26 el de octubre de 2021 con el número 27642. "Fue un desafío integrar más de 15 proyectos que había de diferentes fuerzas políticas y provincias, pero se logró llegar a una síntesis", recordó Silvina Calle, asesora de la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las impulsoras de la normativa. La exdiputada nacional Brenda Austin –que trabajó desde la Cámara por esta ley– destacó que "fue el impulso que dio la sociedad civil lo que permitió que el tema no cayera en la grieta y, finalmente, se lograra la sanción". Ambas destacaron el proceso como un ejemplo de articulación entre las diferentes fuerzas políticas que integran el Congreso y marcaron esta ley como un "hito" en este sentido, comparable con lo que sucedió con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Experiencias latinoamericanas

Durante el segundo panel, que se abocó a la experiencia de países vecinos, el exsenador chileno Guido Girardi señaló que el impacto de la nueva norma fue "positivo". A modo de ejemplo, detalló que el 20 % de las industrias modificó sus productos para adecuarse a los contenidos nutricionales saludables, y el 68 % de las personas que participaron en una encuesta dijo haber cambiado sus hábitos.

La experiencia en Perú también fue dificultosa, según se describió. "Hicimos una ley que se pudiera aplicar sencillamente para no perder tiempo con la reglamentación, pero no lo conseguimos. La ley se sancionó en 2013 y recién se reglamentó en 2017; en el medio, cambió el gobierno y la sociedad civil fue clave para que no fuera letra muerta", describió Jaime Delgado, exlegislador y director del Instituto de Consumo de la Universidad de San Martín de Porres, de Perú.

En Uruguay, Luis Galicia, del Ministerio de Salud de ese país, detalló que el tema fue abordado por un decreto presidencial en 2018 y que su implementación se demoró hasta febrero de 2021.

La meta de la ley

La Ley 27642 tiene como meta que la población cuente con información sobre los productos que consume, a través de un sistema de etiquetado que advierta cuando un producto tenga exceso en azúcares, en sodio, en grasas saturadas, en grasas totales y/o en calorías", según valores propuestos por la OPS, y otro tipo de advertencias, como la presencia de edulcorantes, cafeína, etc. También establece que productos de este tipo no pueden tener publicidad ni ser vendidos en entornos escolares, entre otros puntos.