#InfanciaEnDeuda es una causa que reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil. Todas juntas llevan adelante una campaña de concientización para dar prioridad a los derechos de niñas, niños y adolescentes en la agenda de políticas públicas. En su sitio web, comunicaron la necesidad de priorizar la educación en el año 2021.

Constanza Argentieri, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dijo en Radio U: "Desde que se inició la cuarentena, hemos observado con mucha preocupación lo que está pasando y lo que se está reflejando en los números. Se han agrandado las brechas de desigualdad que ya existían entre niños y niñas que tienen acceso a una escuela, la posibilidad de tener acceso a dispositivos tecnológicos, internet y el acompañamiento de la familia, y quienes no".

"Queremos exigirle al Estado que ponga el foco y la prioridad en la educación para el próximo año", agregó.

Las organizaciones integrantes del colectivo Infancia en Deuda creemos fundamental que la educación de niñas, niños y adolescentes sea una prioridad de las políticas públicas, tanto durante la gestión de la pandemia en 2021 como para los años posteriores.

La crisis sanitaria ha profundizado exponencialmente la desigualdad social y educativa. Las exclusiones que precedían a la COVID-19 agravaron la situación de quienes regularmente encuentran los mayores obstáculos del sistema escolar para educarse y tener oportunidades de desarrollo. Las diferencias de acceso a los recursos de conectividad, así como las posibilidades reales de tener espacios de aprendizaje y acompañamiento escolar en los hogares derivó en que solamente un grupo de NNyA haya podido educarse efectivamente durante la suspensión de las actividades presenciales.

La escuela es el espacio central por excelencia del proceso educativo y de socialización de niños, niñas y adolescentes que, además, cumple un rol de protección fundamental en el acceso a la alimentación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, constituyéndose también en un espacio de prevención, detección y contención de violencias.

De acuerdo con Unicef, las consecuencias negativas de este contexto ponen en riesgo crítico el aprendizaje de una generación entera de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, tras la escasa presencialidad durante este año, es muy importante la decisión coordinada tomada por las autoridades educativas de todas las jurisdicciones para la vuelta a las aulas en 2021.

Sin embargo, esto exige que se garanticen condiciones de infraestructura que cumplan requisitos sanitarios, de higiene y de seguridad en un contexto de distanciamiento. Para ello, el aumento en la inversión de infraestructura educativa del 530 % establecido por el Presupuesto 2021 será determinante y debe ser ejecutado en su totalidad, sin demora, desde el inicio del año entrante y a lo largo del ejercicio. Asimismo, es necesario que se garanticen la conectividad y equipamiento (netbooks o computadoras) para quienes no puedan regresar a las clases presenciales y para sostener el trabajo en modalidad alternada (presencial y remota).

Adicionalmente, y tomando en consideración las actuales circunstancias excepcionales, las autoridades educativas deben evaluar y adoptar medidas destinadas a mantener las infraestructuras escolares abiertas durante el receso de verano para que funcionen actividades recreativas, de modo que puedan continuar cumpliendo su rol en la alimentación, la socialización, la prevención de las violencias y la contención de niñas, niños y adolescentes.

Los derechos de las infancias y adolescencias son una prioridad de Estado, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes nacionales. Este reconocimiento normativo debe ser una realidad en los hechos y la priorización de la educación, con políticas públicas pensadas, sostenidas y financiadas es absolutamente central para que ello ocurra.

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