La visita de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sucedió luego de que abogados defensores de derechos humanos presentaran en Chile denuncias sobre las condiciones de detención de Mendoza, entre otros temas, según publicó MDZ. Del 13 al 17 de septiembre, los expertos recorrieron distintas provincias y se reunieron con funcionarios del Gobierno, de la Justicia y de distintas organizaciones.

Fue en este contexto en el que el organismo dependiente de la OEA cuestionó la "ley Cornejo", que otorga mayores facultades para dictar prisiones preventivas. 

En el informe publicado por la Relatoría manifestaron la preocupación de que “aproximadamente la mitad de las personas privadas de libertad se encuentran bajo este régimen” –en Mendoza la cifra es del 42 %–, lo que resulta “un hecho sintomático y preocupante que debe ser afrontado con la mayor atención y seriedad por los respectivos Estados”. Asimismo, la Comisión reiteró que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional y que su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Esta medida procede única y exclusivamente en los casos y conforme a los requisitos expresamente previstos por la ley, y sólo es admisible cuando se dirige a cumplir sus fines legítimos, consistentes en prevenir el riesgo de que el imputado eluda la acción de la justicia y evitar que obstruya el normal desarrollo de las investigaciones o el proceso.

También, el organismo de derechos humanos lamentó “las acciones realizadas por el gobierno provincial para contrarrestar los efectos jurisprudenciales alcanzados por la decisión de Habeas corpus de la Corte Suprema de Mendoza emitida el 23 de diciembre de 2015” y manifestó “su preocupación por la situación de hacinamiento en la que se encuentran las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario II San Felipe”.

Y detalla: "En el complejo de San Felipe, a pesar de que su capacidad es de 660 personas, al 15 de septiembre de 2016 se encontraban 991 reos, lo que constituye un nivel de ocupación del 150 %. La Comisión Interamericana fue informada de que la situación podría ser aún más grave, ya que las autoridades penitenciarias de Mendoza ocultarían las reales dimensiones del hacinamiento “a partir del agregado de nuevos colchones”.

En los módulos de aislamiento IV-A para “jóvenes menores” de entre 18 y 21 años de edad, y el 5-B para “adultos mayores”, la Relatoría “observó con suma preocupación las precarias condiciones de infraestructura y salubridad; la ausencia de ventilación en los dormitorios; la falta de privacidad en el uso de servicios sanitarios; y el daño y exposición de instalaciones eléctricas".

En ambos módulos, la Relatoría recibió diversos testimonios que informaban sobre la deficiente e insuficiente alimentación brindada; la supuesta negligente atención médica; la escasez de agua, y la falta de actividades educativas o de recreación.

Asimismo, la delegación de la CIDH fue informada sobre la gravedad de la falta de ventilación y el consecuente contagio de enfermedades infecciosas. Así, un interno del pabellón 5-B informó a la Relatoría: “Cuando estamos enfermos, nos contagiamos todos. No puede salir el virus”. Sobre estos módulos, la Comisión fue informada por el Mecanismo de Prevención de la Tortura en Mendoza sobre los elevados grados de conflictividad, que se traducen en el número de fallecimientos y personas lesionadas.

Asimismo, la CIDH advirtió que, después de la última visita de la Relatoría en 2010, se ha presentado un crecimiento del 16 % en la población penitenciaria argentina. Mendoza es la provincia donde más aumentó: el 53 %.