El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy, jueves 1 de marzo, la intervención judicial de Hotesur, la empresa que administra los hoteles de la familia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo investigación por presunto lavado de dinero. La medida fue tomada porque la empresa no tiene directores, por lo que "su órgano de administración (directorio) se encuentra acéfalo y vacante", resolvió el magistrado en un fallo de 10 páginas.

Según publica Infobae, ante la intervención, el juez Ercolini designó dos interventores judiciales –Raquel Moyano, quien ya tiene ese rol sobre el condominio conformado por Máximo y Florencia Kirchner, y un contador público que será sorteado– quienes "deberán presentar informes de rendición de cuentas mensualmente, arbitrar los medios necesarios para mantener el patrimonio existente, evitar su disminución, deterioro o pérdida, al tiempo que también deberán continuar con las actividades comerciales desarrolladas hasta el momento".

En la causa "Hotesur" se investiga si los hoteles de la familia Kirchner lavaron dinero mediante el alquiler a una compañía del empresario detenido Lázaro Báez, que estaba a cargo de su administración. La sospecha es que los fondos de la obra pública que Báez recibía del gobierno luego derivaban de manera fraudulenta a los Kirchner.

En la causa ya fueron indagados Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia –que eran directores de la empresa– y Báez, entre otros acusados, y Ercolini debe resolver si procesa a los implicados.

El juez ya había dispuesto varias medidas cautelares, como el embargo e inhibición de bienes de los acusados. Ahora sumó la intervención judicial, que había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita.

"Debe tenerse en cuenta que el día 20/12/17 los accionistas de la firma Hotesur SA aceptaron la renuncia de sus directores titulares y suplentes y no designaron a ninguna persona en su reemplazo, por lo que su órgano de administración (directorio) se encuentra acéfalo y vacante", explicó el juez, y agregó que esto significa que "en la práctica la sociedad no pueda funcionar, ya que aquel es el órgano que decide, ejecuta y materializa los negocios de la sociedad día a día". Ercolini señaló que con la intervención judicial "se puede conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con los negocios desarrollados hasta el momento y subsanar las deficiencias en lo que hace a su administración".