Aldo Rodríguez Salas dijo que Mendoza vive en estado de excepción permanente respecto de las normas que regulan el ordenamiento territorial. El especialista en derecho ambiental aseguró que esta situación demuestra la gravedad y el desborde de algunas situaciones que se deben solucionar.

Rodríguez Salas fue uno de los participantes del encuentro que organizaron el Ejecutivo y la UNCUYO para reflexionar sobre los logros y desafíos a diez años de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo. Al igual que el resto de los especialistas, el profesional destacó el proceso histórico que concluyó con la aprobación de la norma y aseguró que el desafío es dotar de eficacia a ese instrumento legal.

Ley de Ordenamiento: del proceso histórico a las falencias en su aplicación

Tres referentes del ámbito académico y científico coincidieron en su balance respecto de la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, a diez años de su aprobación.

Proceso histórico

Después de veinte años de discusiones y del trabajo conjunto entre el sector científico técnico con las autoridades estatales, en 2009 se aprobó la Ley 8051, que sentó lineamientos generales para que Mendoza crezca pero en forma equilibrada, equitativa y sustentable. El proceso continuó con la aprobación, en 2017, del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, y ahora los 18 municipios están diseñando sus propios lineamientos.

En ese Plan Provincial se consignaron los siete problemas estructurales de Mendoza, se diseñó un modelo deseado de crecimiento para los próximos veinte años y se enumeraron líneas de acción –a través de planes y programas– para intentar superar cada una de las problemáticas. Además, estableció un plazo para que las comunas elaboraran sus planes de ordenamiento, en los que deben zonificar sus territorios siguiendo los lineamientos que marcó la norma.

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Este era un punto clave dentro de la Ley "madre" de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (8051), aprobada hace poco más de nueve años, para organizar el crecimiento de toda la provincia.

Un bien común

Rodríguez Salas explicó que la ley protege un bien común, el hábitat en el que conviven múltiples intereses. Dijo que el límite para cualquiera de ellos es la propia Constitución, que marca la necesidad de lograr un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y que determina que cualquier actividad que se realice no debe comprometer a las generaciones futuras.

El profesional aseguró que la Ley de Ordenamiento es clara en cuanto a la protección de este bien común y colectivo, que no se puede entender como una mercancía que se compra y se vende al mejor postor. Explicó que la norma detalla que la planificación es el elemento central para un desarrollo sostenible, ya que, sin esta herramienta, las decisiones se toman con discrecionalidad, cuando esto debería ser una política de Estado.

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Así opinó el director del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas, Alberto Molina. Dijo además que no está claro cómo seguirá el proceso.

Sin excepción

Rodríguez Salas aseguró que es necesario terminar con las excepciones de todo tipo, que están expresamente prohibidas en el artículo 5 de la ley. Recordó que Edgardo Díaz Araujo, uno de los impulsores de la norma y a quien se rindió homenaje, repetía siempre la misma frase: “Estamos infectados de excepciones”.

El profesional subrayó que la Ley de Ordenamiento se viola en forma sistemática, cada vez que se firma o se aprueba una excepción a las normas vigentes y que permiten, por ejemplo, que los concejales de los departamentos aprueben la instalación de un barrio, de un emprendimiento turístico, en un lugar donde está prohibido hacerlo. Por este mecanismo es que en muchas comunas se generó un crecimiento urbano significativo sobre las mejores tierras productivas, zonas que además no contaban con servicios.

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Lo afirmaron representantes de las comunas y de organismos oficiales. Profesionales del Ejecutivo y el INA evaluarán las amenazas aluvionales en la zona.

Rodríguez Salas dijo que es necesario repensar cómo los especuladores inmobiliarios se adueñan de un bien colectivo como la tierra y lo alteran desde el punto de vista ambiental. “Estamos afectando la vida de Mendoza”, fueron sus palabras.

Frente a esta realidad, el profesional elogió el decreto que firmó el gobernador Alfredo Cornejo, que frenó por un año la aprobación de nuevos emprendimientos en el piedemonte mendocino, un territorio frágil en el que hace años avanza la urbanización sin los permisos ni los controles necesarios, y sobre todo sin un plan que incluya a las cuatro comunas que son parte de esa espacio.

El profesional aseguró que el desafío de todos los sectores es dotar de eficacia a la Ley de Ordenamiento, valorarla y defenderla, porque consideró que es esencial para proteger ese bien común y colectivo que es el hábitat en el que vivimos.