El Ejecutivo puso en marcha un programa para que las comunas cumplieran con lo establecido en las leyes de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo: contar con su propio plan para poder planificar y gestionar sus territorios. Ahora, 15 de los 18 departamentos ya cuentan con esta herramienta, mientras que Malargüe y La Paz están concluyendo el proceso y Tunuyán está a la espera de que lo trate el Concejo Deliberante.

La concreción y aprobación de los planes de ordenamiento territorial de las comunas es un mandato incumplido por muchas municipios, previsto en las leyes de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (8051 y 8999).  

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que en 2023 –al iniciar la gestión Alfredo Cornejo- la situación general de formulación y aprobación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) distaba mucho de cumplir con el mandato de las leyes 8051 y 8999. “Había un déficit y una falta de encuadre normativo en la gestión territorial y en la planificación local y regional”, dice el texto.

Frente a esta situación, la Dirección de Planificación, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, puso en marcha el Programa de Vinculación Territorial, destinado a retomar contacto interinstitucional, relevar necesidades, brindar asistencia técnica y acompañamiento a los municipios en diversos temas relacionados con el ordenamiento territorial y la planificación.

“Uno de los objetivos principales fue impulsar las aprobaciones pendientes de numerosos PMOT que se encontraban en situación de incumplimiento. A un año del inicio de la actual gestión, podemos dar cuenta de importantes avances en la situación recibida, encontrándose actualmente aprobados la mayoría de los PMOT que tenían dificultades o grados de avance insuficiente. Actualmente tenemos solamente dos situaciones departamentales con falta de aprobación, pero con un proceso de formulación y avance totalmente encaminado”, explicó Matías Dalla Torre, director de Planificación.

El funcionario detalló que de los 18 departamentos, 15 ya tienen aprobados sus planes municipales de ordenamiento territorial. En tanto, Malargüe está reestructurando su plan a fin de incorporar los estudios pertinentes como distrito minero, La Paz está trabajando de manera colaborativa con el Gobierno provincial para elaborar el suyo, mientras Tunuyán ya lo concluyó y resta el tratamiento en el Concejo Deliberante.

Una de las problemáticas que enfrenta Mendoza es el avance de la urbanización sobre las zonas productivas. Foto: Unidiversidad

Una ley incumplida

Luego de una discusión que llevó más de veinte años, en 2009 Mendoza aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del suelo, cuyo objetivo fue trazar lineamientos centrales para que la provincia crezca en forma equilibrada, sostenible y sustentable. Esa norma no se parece a ninguna otra, ya que estableció un marco general y los pasos a seguir para lograr su aplicación práctica.

La mayoría de esos pasos que marcó la ley se cumplieron: la conformación de una Agencia de Ordenamiento Territorial (el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la norma), el Consejo de Ordenamiento (un órgano consultivo integrado por representantes de 65 organizaciones) y un Plan de Ordenamiento Provincial (Ley 8999), que se aprobó en 2017 y que es la columna vertebral que marcó los criterios sobre los que debían elaborar sus propios planes las 18 comunas, para lo cual se estableció un plazo de 12 meses. Este último aspecto no se cumplió, ya que solo un puñado de municipios aprobaron esa herramienta.

De acuerdo a lo establecido en la ley, los planes de las comunas debían incluir un diagnóstico, objetivos y políticas de acción claras, siempre respetando los lineamientos general establecidos en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Por ejemplo, debían utilizar los mismos criterios para determinar su  zona urbana, de interfase y rural, así como las actividades permitidas y las prohibidas en cada una de ellas.

Todo el andamiaje jurídico en materia de ordenamiento territorial busca generar políticas concretas para mitigar algunas de las problemáticas en materia de ordenamiento territorial: el crecimiento desmedido del Gran Mendoza en detrimento de otras zonas, el avance urbano sobre las mejores tierras productivas y la urbanización sin control del piedemonte. En este sentido, los planes de las comunas son esenciales, porque son las que tienen poder de decisión y de policía sobre sus territorios.

Una unidad de datos

A este acción de impulso de los planes comunales, se sumó el trabajo de la Subsecretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial para concretar la creación y puesta en marcha de la Unidad de Gestión de Datos Territoriales (UGDT). Este sistema digital integra información de ordenamiento territorial, salud, seguridad, escuelas, catastro, servicios públicos, usos del suelo, usos del agua, zonificación y geolocaliza áreas especiales, como el piedemonte, los perilagos, parques y subregiones, todos datos esenciales para la toma de decisiones.

Esta Unidad se alimentó con información aportada por organismos estatales, municipios, organizaciones productivas, colegios profesionales e instituciones académicas y científicas. La misma se organiza en capas superpuestas a las que se puede acceder a través del geoportal de internet para lograr análisis integrados a partir de variables específicas.

La puesta en marcha de esta herramienta es otro aspecto contemplado en la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, que establecía la obligación de contar con un sistema consolidado a disposición de la ciudadanía sobre información ambiental y territorial.