Las dieciocho comunas de Mendoza deberán tener listos sus planes de ordenamiento territorial en marzo, ya que no lograrán cumplir con la fecha estipulada por ley, que es en septiembre. Ese es el objetivo de las autoridades del Ejecutivo que, más allá de los tiempos, pretenden que todas concluyan con sus lineamientos centrales para que puedan ponerlos en marcha.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, explicó que el objetivo es que las comunas concluyan sus planes en marzo para que los mismos puedan ser analizados por los concejos deliberantes. Este es el último paso para que pongan en marcha los lineamientos concretos en cada uno de los territorios.

Antes de iniciar una capacitación para 400 docentes relacionada con temas ambientales y energéticos, Mingorance destacó la importancia del proceso que lleva adelante Mendoza en materia de ordenamiento territorial y destacó que están colaborando con las comunas para que puedan concluir sus trabajos.

Una larga discusión

Ese proceso del que habló Mingorance es el que la Provincia inició hace más de veinte años y en el que el sector científico y la UNCUYO tuvieron –y tienen– un papel central. Con marchas y contramarchas, en 2009 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo; siete años después, los legisladores le dieron el visto bueno al Plan Provincial. En esa última norma se estableció un plazo de un año para que las comunas delinearan sus propias propuestas, plazo que se cumple en septiembre.

El objetivo central de este proceso es poner en marcha políticas públicas para mitigar algunas de las problemáticas que aquejan a Mendoza desde la perspectiva del ordenamiento. Algunas son: desmesurado crecimiento del Gran Mendoza en relación con el resto de las comunas, falta de conectividad entre las distintas regiones y el avance urbano sobre las mejores tierras productivas.

Los planes de las comunas son el último y central eslabón del proceso, ya que para elaborarlo, las autoridades comunales deben seguir lineamientos de la norma provincial, lo que unificará criterios. Por ejemplo, todos los municipios deben determinar cuál es su zona urbana, cuál la de interfase y cuál la rural, y establecer claramente qué actividades se pueden realizar en unas y otras; esto evitaría las excepciones que hasta el momento son una práctica común de los concejos deliberantes.

Empujón a los municipios para que concluyan sus planes

El Ejecutivo firmó un convenio con la UNCUYO, que acompañará a las comunas para que lleven su teoría a la práctica. La mayoría no terminará en el plazo previsto por ley, que es septiembre.

Impulso a las comunas

Con la intención de que las comunas concluyan con sus planes, el Ejecutivo firmó un convenio con la Facultad de Filosofía de la UNCUYO para que profesionales de esa casa acompañen a los representantes de los municipios en la revisión del trabajo ya realizado y para que puedan terminarlo, ahora con miras a marzo.

Parte de la explicación de la disparidad en el avance de los planes es que algunas comunas ni siquiera tenían un profesional en la materia, mucho menos un área específica. Para eso se destinaron fondos –también previstos por ley–: primero fueron 18 millones de pesos, repartidos con el mismo criterio que se sigue con la coparticipación, y está en marcha el proceso para desembolsar otros 12 millones de pesos, que solo llegarán a los municipios que concluyeron la rendición del primer tramo.

La urbanización le gana a la ley en el piedemonte

Lo afirmaron representantes de las comunas y de organismos oficiales. Profesionales del Ejecutivo y el INA evaluarán las amenazas aluvionales en la zona.

Análisis sobre el piedemonte

Otro aspecto que retrasa la conclusión de los planes municipales es que recién en octubre estará listo un estudio sobre el piedemonte, que realizan en conjunto los profesionales de las agencias de Ordenamiento, Cambio Climático y el Instituto Nacional del Agua (INA), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es determinar los riesgos aluvionales, los impactos sobre diversas actividades, acciones para mitigarlos y pautas para especificar claramente dónde y cómo es posible el asentamiento poblacional.

El informe es central para la Provincia, pero especialmente para que cuatro comunas que puedan incluir los resultados en sus planes. Esto, porque la zona de estudio abarca 1242 km2, ubicados en los departamentos de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.