Diputados de distintos partidos de la oposición expresaron su rechazo y tildaron de inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Mauricio Macri para avanzar con la extinción de dominio de bienes de personas acusadas de cometer delitos graves.

"El DNU de extinción de dominio es inconstitucional, es más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales", expresó el bloque de diputados nacionales del FpV-PJ a través de un comunicado.

"Curiosamente, en el día que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, el gobierno de Cambiemos intenta tapar una nueva mala noticia con un mamarracho que viola la Constitución Nacional". "Corrupción es también generar desigualdad, beneficiando a unos pocos y perjudicando a una mayoría, hecho que viene llevando adelante Cambiemos desde su asunción", concluyeron los diputados peronistas.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada del PTS Myriam Bregman apuntó que se trata de una iniciativa demagógica, dado que, según explicó, ya existen medidas para recuperar bienes de origen ilegal.

"Hay que mirar muy bien el texto del proyecto porque lo que se trató oportunamente en el Congreso era inconstitucional", advirtió Bregman a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Mirá las claves del decreto de Extinción de Dominio

El presidente Macri firmó ayer un DNU que busca alcanzar bienes y la corrupción del narcotráfico para beneficio del Estado y administrado por el Anses. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich negó que sea una arremetida contra Cristina Kirchner ...

Las explicaciones de Garavano

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, explicó que el decreto instaurará un régimen amplio por el cual el proceso de extinción del dominio se tramitará en el fuero civil, en forma paralela al penal, en el que se invierte la carga de la prueba y el imputado deberá demostrar que adquirió los bienes de modo legal.

"Solamente se aplicará a bienes que fueran adquiridos después de los hechos delictivos investigados, y esto prevé un proceso civil donde se va a discutir con amplitud de prueba, con todas las garantías constitucionales, si una persona es legítimamente propietaria de un bien o no", apuntó.