El presidente de Oikos Red Ambiental, Eduardo Sosa, asegura que el tema ambiental no está en la agenda del Gobierno y que la mejor muestra de eso es que no tiene una mirada preventiva sino reactiva frente a los conflictos, postura que le insume mayores costos. Sosa planteó esta falta de visión oficial sobre la temática del ambiente al anunciar el lanzamiento de una clínica jurídica gratuita, un proyecto que realizarán en conjunto con el Colegio de Abogados y procuradores de Mendoza a partir de agosto de este año.

A juzgar por el especialista, esta falta de claridad en la política ambiental también provocó que los organismos del Estado vieran a las organizaciones como una amenaza y no como una herramienta fundamental para trabajar en conjunto y evitar conflictos.

¿Cuáles creés que son las problemáticas ambientales que aún no se resolvieron?

Hay conflictos que están planteados por problemas reales y otros son potenciales, pero la gente se moviliza por los dos motivos. Por ejemplo, los conflictos por derrames de hidrocarburos que afectan napas de agua a veces generan conflicto y son problemas reales. En cambio, la megaminería es una actividad potencial y a pesar de que hoy no genera un problema real, sí genera conflicto. Diría que las problemáticas más graves que tenemos hoy son la gestión de los residuos y la falta de gestión integrada de los recursos hídricos, pero la principal causa de estos problemas es el desequilibrio territorial. Estas no son palabras nuestras, son de Elena Abraham (directora del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas). Entendemos que estos desequilibrios provocan muchos de los problemas ambientales que hoy tenemos.

Una de las industrias que tiene pasivos ambientales es la petrolera. Sin embargo, no es un tema instalado ni una preocupación de la comunidad, como sí lo es la actividad minera. ¿Por qué?

En la práctica, desde los años 30 la industria petrolera empieza a ser muy importante en la provincia y la comunidad mendocina, en muchos casos, ha convivido y disfrutado de los beneficios de las regalías. Entonces la actividad está socialmente aceptada.

¿Eso es positivo o es peligroso?

Es peligroso. Siempre hay que tener un ojo atento. Si bien tenemos actividad minera desde la época de los jesuitas, la minería no está aceptada porque el modelo minero que hoy quiere ingresar a la Provincia es totalmente distinto al que hemos venido haciendo desde el pasado. En los 70 apareció Sierra Pintada, una mina que comenzó a tener conflictos en los 80 y, cuando se cerró en los 90, el conflicto quedó. Quedaron todos los pasivos ambientales y, si uno recorre los diarios de todos esos años, va a encontrar un montón de reclamos. En un conflicto ambiental, lo primero que tiene que pasar es que se reconozca que está pasando algo. En muchos casos la gente se cansa de reclamar, el Estado no acusa recibo y, en definitiva, el reclamo queda ahí, hasta que la gente se organiza o va a la Justicia. Ahí el Gobierno sale reconociendo que hay un conflicto o atacando a ese grupo, pero de alguna manera lo reconoce. Muchos de estos conflictos quedaron olvidados. Tuvieron que venir algunas leyes ambientales para que la gente tuviera una herramienta para disminuir esa asimetría. El Gobierno no podía desentenderse.
 

Cambio de roles

En mayo de 2000, la petrolera española Repsol YPF presentó ante el Gobierno de Mendoza un proyecto de explotación petrolera en la laguna Llancanelo, un área ecológicamente muy sensible ubicada en el sur de la provincia, iniciativa que fue aprobada en medio de un escándalo por irregularidades. Tras meses de presentar denuncias ante los diversos organismos de control de la Provincia, incluida la Fiscalía de Estado, Oikos recurrió a la Justicia para anteponer una acción de amparo colectivo que declarara nulas todas las actuaciones en torno al proyecto petrolero.

En 2003 la Justicia le dio la razón a la ONG, pero el Gobierno y la petrolera apelaron. Así, en marzo de 2005 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia anuló la aprobación que el Ejecutivo le había otorgado a Repsol. 

El impacto del fallo no sólo fue jurídico, sino también social. Al fin de cuentas, se trataba de un logro de una recientemente creada ONG interesada en la temática ambiental frente a una megacompañía como Repsol y el propio gobierno como contrincantes.

Al ver el caso de Llancanello, da la sensación de que cumplen el papel de la Fiscalía de Estado. ¿Cuál es tu opinión?

Compartimos esa opinión. Nosotros llevamos toda la tramitación como si se tratara de una fiscalía: generamos un expediente, hacemos un dictamen con asesoramiento legal y técnico, y a partir de ahí buscamos la estrategia. Pero en la práctica, este tipo de programas obran como fiscalías ambientales, sin el poder punitivo del Estado pero con el poder social y con el poder de acudir a la Justicia. No hemos tenido fiscal de Estado por mucho tiempo, con lo cual muchas de las causas están paradas. En otras ocasiones ha habido fiscales a los que nos les interesó la temática ambiental, con lo cual el rol de la fiscalía se ha visto disminuido. Hay un equipo de abogados extraordinarios pero que no ha podido vencer la bajada de línea política. Creo que de allí surge la idea de este programa de atención, de esta clínica jurídica que haremos con el Colegio de Abogados. Nosotros tenemos 11 sentencias favorables en lo civil, entre primera instancia, Cámara y Corte. En lo penal fuimos varias veces contra funcionarios públicos denunciando, por ejemplo, malversación de caudales públicos, y hasta ahora no hemos logrado nada; sí imputar, pero no condenar a ningún funcionario.

¿Qué reclamos tienen actualmente en Fiscalía de Estado?

El año pasado denunciamos un coto de caza en Tupungato, que fue irregularmente habilitado y que además tendría una parte dentro del Parque Provincial Cordón del Plata, cosa prohibida por ley. La Fiscalía decidió archivar la causa porque el coto tiene una habilitación de la Secretaría de Turismo y con eso es suficiente para ellos, con lo cual desconocen las leyes ambientales. Veremos con este nuevo fiscal si se remonta eso y si no daremos por agotada la instancia administrativa. De todas maneras, quiero resaltar algo y es que la Fiscalía de Estado tradicionalmente ha organizado expedientes a través de denuncias periodísticas. El área ambiental arma el expediente y convoca a los actores, cosa que es muy saludable. Quizás es una de las cosas más interesantes que ha hecho un organismo público dentro de sus atribuciones, porque la Fiscalía de Estado tiene entre sus atribuciones la defensa del ambiente. La idea es pedirle al nuevo fiscal que potencie el área de investigaciones ambientales porque es muy necesario, no como un obstáculo, sino como un factor que enriquece la decisión y evita problemas futuros.

¿Tienen previsto algún encuentro con el nuevo fiscal, Fernando Simón?

No hemos planteado pedir una audiencia, pero siempre hablamos con los funcionarios.

¿El tema ambiental está en la agenda del Gobierno o sólo aparece frente a un conflicto?

Lo segundo, definitivamente. El tema ambiental no está en la agenda del Gobierno, probablemente de los gobiernos de los últimos quince años. El problema se ha resuelto cuando ha surgido el conflicto. El Estado nunca ha tenido una mirada proactiva y preventiva de la conflictividad y de la problemática ambiental. Siempre ha sido reactiva y eso tiene un costo mucho mayor. Eso no quiere decir que en algunos temas no hayan avanzado. En los últimos quince años avanzaron en la gestión de los residuos, es una política de Estado. Nosotros estamos en contra de la estrategia pero hay una línea. Un tema que ha decaído muchísimo es el manejo de las áreas protegidas.

¿Por qué?

Creo que se gasta mal. El área protegida del Aconcagua, que es la gran fuente de generación del sistema, antes financiaba al resto de las áreas, pero hoy el helicóptero y el servicio de salud se llevan gran parte del presupuesto, entonces no hay plata para atender a las demás, y el Gobierno no pone partidas presupuestarias para la protección. Otra cosa que se nota son los controles. Excepto Irrigación, que en el último tiempo intensificó los controles a las industrias, no se observa el mismo movimiento en otros organismos del Estado. Si no hay control, los proponentes de los proyectos se relajan en el cumplimiento de la norma. Eso hace que los vecinos se quejen y que, si no interviene, el Estado reciba demandas judiciales. En definitiva, el Estado abandonó el ejercicio de la política ambiental y se lo dejó a organizaciones como Oikos. Si el Estado cumpliera con la ley y la hiciera cumplir a los demás, este tipo de programas como el consultorio jurídico no tendrían sentido. El problema es mayor en los municipios, incluso para aquellos que tienen interés en los temas ambientales. Como el Gobierno provincial no ejecuta políticas, no baja líneas, el municipio está abandonado a su suerte y la cuestión ambiental siempre fue un problema, porque necesita de personal idóneo, recursos, porque hay muchos temas que lo superan. Todo esto se soluciona cuando el Estado provincial ayuda a los municipios, o colabora con ellos, o propone algo. Veo que en general los deja solos.

Cuando ustedes acuden al Gobierno, ¿los ven como una organización que colabora o como una amenaza?

Básicamente lo segundo. Los gobiernos ven en las organizaciones una amenaza, en algunos casos los funcionarios tienen cuestiones personales con las ONG, las acusan de fundamentalistas y de tener intereses personales en un conflicto. Muchas veces nos acusan a nosotros, a Cullunche, a las asambleas por el agua, de tener intereses personales, como por ejemplo pasó con el tema minero, que decían que las asambleas defendían a los bodegueros, que nos financiaban, cosas irrisorias. El Estado, en vez de aceptar nuestra crítica y proponer una solución, se siente atacado, siente que las ONG somos obstáculos antes que promotores de soluciones.En definitiva, creo que se pierden una oportunidad enorme de trabajar en conjunto, porque aún desde las diferencias podemos trabajar en conjunto. A la hora de defender a la Provincia podemos estar todos juntos, por ejemplo, si desde la Nación intentaran imponer alguna actividad a la provincia y la provincia no quisiera. Si las ONG estuvieran, le darían más credibilidad al reclamo, iríamos juntos empresas, ONG y Estado.

En materia ambiental se planteó, especialmente en América Latina, una dicotomía entre ambiente, por un lado, y trabajo y crecimiento económico por el otro. ¿Sigue vigente esta discusión?

Esta dicotomía es una discusión que surge en los años 60 y es un tema absolutamente superado. La idea es que en muchos casos se puede desarrollar una actividad y generar impactos negativos mínimos, tolerables y reversibles, que hacen que ese desarrollo valga la pena. Pero en otros casos estos impactos son intolerables porque las consecuencias ambientales y sociales superan a las consecuencias positivas económicas. Entonces desde esa perspectiva está claro el dilema, pero no es esto de “Déjennos contaminar un poquito” (N. de la R.: frase pronunciada en octubre de 2014 por la senadora malargüina Silvia Calvi –Frente para la Victoria–, presidenta de la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería, durante el análisis de la documentación para aprobar la declaración de impacto ambiental presentada por los proyectos mineros Hierro Indio y Cerro Amarillo). Se puede hacer las cosas bien si hay una vocación empresarial, un Estado que controla y una sociedad que vigila. Entre Estado y empresa hay tres grandes formas de conectarse: si la firma es responsable y el Estado controla, es un círculo virtuoso; o puede que la empresa no sea tan responsable, pero hay un Estado que controla. Pero cuando tenés los dos males –es decir, empresas y gobiernos a los que no les interesa el tema–, surgen los conflictos ambientales.

¿Qué se ha visto más en los últimos años? ¿Los círculos virtuosos o los otros?

En muchos casos, en los últimos 15 años hemos encontrado que el Gobierno, e incluso el Estado, la institucionalidad pública, optó por aliarse a las empresas en contra de las comunidades, y ahí se generan los conflictos. Nosotros siempre les decimos a las empresas que eligen mal las alianzas. Les explicamos que si quieren hacer un proyecto, tienen que hacer los trámites legales, pero con quien tienen que hacer la alianza es con la gente, porque si a ellos les va bien en un lugar al que todos les va mal, nunca va a cerrar. Aliarse con la comunidad minimiza los conflictos y además promueve la transparencia, porque para que una empresa ingrese en contra de lo que dice la comunidad, en algunos casos deben pagar coimas o someterse a los arbitrios de cualquier autoridad. Lo digo en términos generales. No me consta un caso en particular, pero es verdad que eso promueve la transparencia. Le debería interesar más a la empresa venir a asociarse y a generar un desarrollo compartido que imponerse. Es bueno para todos. Y al Gobierno, en vez de aliarse, de ser corporativo con las empresas, le conviene defender los derechos de las comunidades, porque en definitiva son las que lo votan.

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