Oikos Red Ambiental, en conjunto con el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, lanzó una clínica jurídica gratuita. La iniciativa, que comenzará a funcionar en agosto de este año, tendrá como objetivos formar abogados en Derecho ambiental, ya que en Mendoza son muy pocos los especialistas, y brindar asesoramiento jurídico gratuito a las comunidades o particulares que lo soliciten.

Eduardo Sosa, presidente de Oikos, aprovechó el lanzamiento para plantear, una vez más, que la temática ambiental no está en la agenda del Gobierno y que la mejor muestra de ello era la mirada reactiva en lugar de preventiva frente a los conflictos. El consultor relató que el germen de la clínica se encontraba en que Oikos se vio sobrepasada por la cantidad de personas que requerían asesoramiento y que, incluso, muchas de ellas tenían los medios para pagarle a un abogado, pero no encontraban un especialista en la materia que pudiera ayudarlas.

Al reflexionar sobre el aumento de las consultas, aseguró que se combinaron dos factores: la mayor conciencia y conocimiento de los vecinos sobre la temática, y una política oficial que no realiza los controles pertinentes y sólo atiende los reclamos cuando se convierten en un conflicto. Esta falta de claridad en la política ambiental, también provocó, según Sosa, que los organismos del Estado vieran a las organizaciones como una amenaza y no como una herramienta fundamental para trabajar en conjunto y evitar conflictos.

¿Cuáles son las problemáticas que plantean los ciudadanos con más frecuencia?

Fundamentalmente, hay temor ante la potencialidad de que una industria o una actividad contaminen o alteren la calidad de vida. Esas denuncias van desde granjas avícolas, pasando por conserveras, fábricas de sustancias diversas, hasta actividades como el petróleo y la minería. La gente viene temerosa de que esa actividad altere su estándar de vida. Algo que suele suceder es que muchos de estos emprendimientos tienen los procedimientos de impacto ambiental incompletos, o con irregularidades y ese es otro elemento bien interesante, o a veces se denuncian obras que ya se iniciaron sin tener el procedimiento completo de impacto ambiental.

¿Cambió la actitud de los vecinos?

Sí, la gente comienza a darse cuenta de que puede ejercer su derecho. Mi opinión personal es que la sentencia de Llancanelo (en 2005 la Corte local anuló la aprobación que el Ejecutivo le otorgó a la petrolera Repsol para realizar un proyecto de explotación en el área protegida) tuvo un valor jurídico, pero sobre todo social, porque muchas comunidades se dieron cuenta de que el Derecho les brindaba una herramienta para defender el ambiente. Además, en esa sentencia había, de alguna forma, fuerzas asimétricas, porque por un lado estaba Repsol, por otro el Gobierno y por otro Oikos. Entonces la gente se dio cuenta de que era posible, no porque nosotros fuéramos fantásticos, sino porque había un abogado en Derecho Ambiental, había una organización legitimada ante la Justicia para accionar, se armaron las demandas, las pruebas, todo con un proceso racional y la Justicia respondió, y eso es interesante. La Justicia civil ha dictado fallos muy interesantes.

¿Qué otros reclamos les llegan?

Hay casos de acceso a la información. Hay una cultura institucional por parte de los organismos del Estado de no entregar información o de no entregar la información sensible. A veces, los ciudadanos no saben cómo acceder a la información y a veces llegan a la oficina y no se la dan. Eso a nosotros también nos pasa, con la diferencia de que seguimos todos los pasos y si no, vamos a la Justicia. Pero en temas donde hay muchos intereses en juego, acceder a la información es muy difícil. Un ejemplo es el expediente del nuevo proyecto de San Jorge, al que Oikos no puede acceder desde noviembre del 2003. Tenemos el pedido pero no accedimos. Obviamente no accionamos aún porque es cuestión de oportunidad. El acceso a la información pública ambiental es todo un tema, así como los procedimientos administrativos irregulares. Han empezado a aparecer los temas del ordenamiento territorial, excepciones a las normas. Vienen vecinos agrupados, a veces pasa que la unión vecinal está de acuerdo con la obra y los vecinos no. Nosotros estudiamos el caso, vemos si procede.

¿Para qué se aprueban las excepciones?

Antes estaba la norma y le daban una excepción a un edificio. Eso quedó prohibido con la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces ahora se cambia directamente la ordenanza, es decir, juega para todos pero es para uno o dos emprendimientos, con lo cual en la práctica también se le está dando una excepción con otra estrategia. Empiezan a aparecer quejas de vecinos acerca de los edificios que les quitan la luz solar, que invaden su intimidad, temas de ruidos, contaminación de origen industrial.

Sugerencia del editor: recomendamos la lectura de esta nota para interrelacionar los conceptos.