El Poder Ejecutivo presentó el viernes 17 un proyecto por el que crea la oficina de sumarios del empleado público. Desde el oficialismo aseguran que habrá mayor transparencia y celeridad en los procesos administrativos. Para los gremios, se trata de una forma de quitarles el derecho de defensa a los trabajadores de planta permanente, por lo que iniciaron un estado de alerta y movilización.

En concreto, el proyecto modifica el decreto 560/73, que estableció el régimen de sanciones y faltas a estatales. Abarca a aquellos que se encuentran dentro del Estatuto del Empleado Público, por lo que se considera al personal de planta y se excluye a los docentes y empleados judiciales. La Oficina General de Sumarios estará formada por abogados de planta permanente que deberán tener una matrícula de al menos cinco años de antigüedad y que se desempañarán como instructores sumariantes.

De acuerdo a los estudios realizados por el Ministerio de Trabajo y Justicia, en la actualidad no se sabe cuántos empleados públicos están en instancia de sumario ni cuánto tiempo se demora la resolución. “Da más garantías al sumariado”, explicó el ministro Lisandro Nieri a Unidiversidad. “Se trata de una oficina centralizada que resolverá los procesos sumariales en un plazo razonable”, esbozó el funcionario, al tiempo que señaló que no son pocos los sumarios que quedan relegados por cuestiones administrativas.

Gremios en alerta

De acuerdo a lo que establece el proyecto, los trabajadores abarcados son aquellos que pertenecen a la administración central. Los gremios involucrados son tres: Sitea, ATE y UPCN. En declaraciones a este medio, los secretarios gremiales señalaron que están en estado de asamblea y movilización y analizan con los abogados los alcances de la iniciativa.

Roberto Macho (ATE) afirmó que el proyecto atribuye la capacidad de sanción de los escalafones más altos a los más bajos. Están en desacuerdo con el proyecto al que calificó como “totalitario y unilateral” y, en este aspecto, aseguran que, si la iniciativa prospera en la Legislatura, la misma será recurrida e impugnada ante la Justicia. “Este punto no se agregó en la paritaria”, sentenció el gremialista.

Federico Lorite (Sitea) especificó que no se considerará al sector paritario dentro las juntas analizadoras y que la representación quedará en manos solo del Ejecutivo. “No quieren representación de los trabajadores y con este proyecto van por la estabilidad del empleado público”, espetó.

Este es el texto completo