En la Justicia Federal de Mendoza hay ocho cargos vacantes que ya están concursados, pero aún la Nación no tomó la decisión de ocuparlos en forma efectiva. Según el abogado Diego Lavado, esta situación atrasa todas las actuaciones que se tramitan en ese fuero, es decir, causas por delitos de lesa humanidad, de narcotráfico y de trata de personas, entre otras.

Durante el inicio del sexto juicio por delitos de lesa humanidad –en el que se juzgará por primera vez en Mendoza a Luciano Benjamín Menéndez y al exfuncionario local Carlos Rico Tejeiro–, Lavado advirtió sobre la problemática. Aseguró además que esta es una falencia nacional, aunque consideró que la Provincia tiene una de las situaciones más graves.

El letrado dio como ejemplo del problema la conformación del tribunal que juzgará a 28 acusados por delitos de lesa humanidad.  En ese caso, sólo el presidente, Alejandro Walter Piña, es de Mendoza, mientras que Gretel Diamante viajó desde San Luis (forma parte del Tribunal Oral de esa provincia) y Daniel Cisneros llegó desde Buenos Aires (pertenece al Tribunal de San Martín). Dijo que esto causa constantes inconvenientes, ya que a veces los magistrados no llegan a tiempo por problemas de vuelos o necesidades en sus propios tribunales.

El abogado explicó que esta problemática también afecta a las personas privadas de la libertad, acusadas de algún delito. Dijo que en algunos casos, no hay un funcionario que tome en tiempo y forma una decisión tan importante como que un ciudadano continúe detenido o recupere su libertad.

Lavado explicó que todos los cargos en Mendoza fueron concursados; incluso él y su colega Pablo Salinas quedaron en la lista de seleccionados, pero falta la decisión del Poder Ejecutivo para hacerlos efectivos. El primer paso es que envíen los pliegos de las personas seleccionadas al Senado.
 

Advertencia de la Corte

El primero en advertir esta situación fue el titular de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, Javier Leal de Ibarra, quien elevó una nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 27 de septiembre de 2016, a través de una nota firmada por todos sus ministros, la Corte reclamó al Consejo de la Magistratura la cobertura de vacantes.

En el texto, los supremos advirtieron la delicada situación en que se encuentra el poder que presiden por esta causa y detallaron que un cuarto del total de cargos de la Justicia nacional y federal –considerando los tribunales cuya habilitación se encuentra pendiente– permanece vacante.