Los presidentes de las bancadas que integran el interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, Nicolás Massot y Elisa Carrió, presentaron este jueves un proyecto de ley que impulsa la expropiación de las tierras donde se levantan 4228 barrios precarios en todo el país, con el objetivo de darles el título de propiedad a sus habitantes. Será el primer paso para urbanizar asentamientos en los que viven cerca de 3,5 millones de personas.

La iniciativa fue consensuada con el Poder Ejecutivo. Abarca los hogares que integran el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que presentan graves deficiencias de infraestructura. El objetivo es declarar de "utilidad pública y sujetas a expropiación" estas viviendas que, en su gran mayoría, no cuentan con título de propiedad y carecen de servicios básicos. De la totalidad de barrios ocupados o tomados, el 61 % pertenece a propietarios particulares, el 7 % es provincial, el 13 % es de los municipios y otro 13 % no tiene información catastral que permita determinar a sus dueños. El proyecto sostiene que sólo serán alcanzados los barrios ya relevados e identificados.

“La declaración de utilidad pública se aplica exclusivamente sobre los bienes inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente relevados e identificados en el Renabap a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y cuya propiedad no sea del Estado Nacional”, dice la iniciativa en uno de sus párrafos.

Se establece que "será la Agencia de Administración de Bienes del Estado la que actuará como sujeto expropiante", es decir que "individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el Renabap, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación”.

También determina que la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá, además de "identificar los inmuebles sujetos a expropiación, promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles sujetos a expropiación".

 “A tal efecto, la reglamentación fijará un plazo perentorio para acordarlas, que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la notificación al expropiado de la respectiva tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación", dice el proyecto.

Por otro lado, esa agencia y el Ministerio de Desarrollo Social deberán celebrar acuerdos con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de estos que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación, según precisa el proyecto.

Además establece que “en caso de falta de acuerdo, el PEN estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la presente ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación”.

En cuanto a los gastos que se deriven de cada uno de los convenios firmados, "serán afrontados en partes iguales por las jurisdicciones firmantes”, según se establece. 

El proyecto oficialista crea un fideicomiso “con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente ley".

“Estamos dando un paso clave en la principal política que tiene el Gobierno, que es la lucha contra la pobreza, ya que la aplicación de esta ley conllevará el esfuerzo de Nación, provincias y municipios, y esto se traducirá en más y mejor federalismo. Estamos caminando hacia una Argentina con más igualdad", afirmó Negri.

En tanto, Carrió destacó que se trata de “un avance extraordinario", ya que "cuando la persona tiene domicilio y propiedad, tiene identidad y ciudadanía, derechos humanos básicos”.

En tanto, Nicolás Massot señaló este paso como "fundamental" para "empezar un combate que llevará muchos años para transformar las villas en barrios, empoderando a los ciudadanos con la propiedad y comprometiendo a los Estados provinciales y municipales con la llegada de servicios públicos”. "El proyecto constituye la piedra angular de lo que debería transformarse en este Congreso en una política de Estado acompañada por todos los bloques: la del acceso universal a la vivienda digna", agregó.