La Iglesia hizo un guiño dirigido a los defensores del pañuelo naranja. En medio de una campaña extendida por todo el país por la defensa del Estado laico, los máximos representantes del culto católico en Argentina mantuvieron reuniones con autoridades del Gobierno nacional para comenzar un plan de reducción progresiva del sostenimiento económico del culto religioso mediante el uso del Tesoro público.

El dato fue confirmado por el Episcopado argentino luego de dos días de reunión con representantes de la jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Culto. Según las declaraciones brindadas por el clero, la idea apunta a otras vías de financiamiento para el actual sistema de sostenimiento de la Iglesia.

"Se acordó seguir profundizando en nuevas alternativas al actual sistema de sostenimiento del culto y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional", informó el Episcopado. Actualmente, el culto católico apostólico romano recibe $ 130 millones, que utiliza para el pago de las asignaciones mensuales de los obispos y el financiamiento de seminarios y parroquias de frontera.

Este giro de fondos desde el Estado a la Iglesia se basa históricamente en el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

El debate se da en el marco de la gran polémica desatada a partir del debate por el aborto legal en el Congreso de la Nación. Fue en ese contexto que a los pañuelos verdes, que representaban a quienes se encontraban a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se sumaron los de color naranja, bajo el lema “Iglesia y Estado asunto separado”. Desde el Gobierno de la Nación, diversos funcionarios insistieron en remarcar que el monto que hoy por hoy el Estado destina al sostenimiento del culto católico constituye apenas el 0,04 % de los $ 300 000 millones que se procura ahorrar para reducir el déficit fiscal, y no supera el 7 % del volumen del dinero que maneja la Iglesia para todas sus obras.

La nueva cruzada eclesiástica por desprenderse del dinero estatal cuenta con el apoyo de varios sectores católicos que consideran la medida como necesaria para preservar la independencia de los obispos respecto de los vaivenes políticos de los gobiernos de turno.

En efecto, existe desde mayo una comisión creada por ambas partes –Iglesia y Estado– dedicada a analizar distintas alternativas para acordar una propuesta consensuada. De ella participan miembros de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Culto, obispos y sacerdotes, además de abogados, contadores y técnicos.