La Ley de Seguridad Vial que quiere el gobernador Alfredo Cornejo para Mendoza se hace esperar. Es que este miércoles Diputados aprobó el proyecto, pero le introdujo modificaciones, por lo que el paquete de medidas volverá a la Cámara de Senadores para que se revisen los nuevos cambios introducidos.

Así surgió esta mañana tras un largo debate en la Cámara baja, donde la oposición votó dividida en función del aval que cada intendente justicialista le ha dado al proyecto de ley que deroga parcialmente la normativa 6082.

Jorge Giménez, de San Martín, y Martín Aveiro, de Tunuyán, ya han dado su visto bueno a la iniciativa, mientras que Emir Félix, de San Rafael, y Roberto Righi, de Lavalle, se han manifestado en contra de la iniciativa que busca que los municipios se hagan cargo de controlar el tránsito dentro de sus límites departamentales.

La sorpresa la dio Ricardo Manzur, radical de Rivadavia que optó por la abstención, al no concordar con la postura del jefe comunal de su comuna, Miguel Ronco.

Las principales críticas apuntaron a la obligatoriedad de la creación de policías y juzgados viales en cada departamento, ya que desde el PJ argumentaron que esta medida no tenía en cuenta las realidades disímiles entre las diferentes localidades. Actualmente, Tunuyán, San Rafael y Lavalle no cuentan con estas funciones dentro de los municipios.

Las modificaciones apuntan de esta manera a darle más tiempo y algo de dinero a las comunas para que creen sus policías viales y juzgados administrativos. Esto es lo que reclamó la oposición, que desde un principio criticó el hecho de que se crearan nuevas competencias sin las partidas presupuestarias.

El oficialismo aceptó parcialmente las objeciones y se determinaron tres cambios, que deberán ser refrendados en la Cámara de Senadores:

1.   Los municipios tendrán tiempo hasta el 1 de enero de 2019 para crear las policías y juzgados viales.

2.   El 25% de la recaudación por multas será transferido a los departamentos para que adquieran equipamiento vial.

3.   El control vial en las ciudades cabeceras y hasta 25 kilómetros a la redonda corresponderá a la jurisdicción municipal. El resto, se hará cargo la Provincia.

En la votación en particular, el resto del peronismo no estuvo de acuerdo con dos artículos. En estos apartados la ley obliga, entre otros puntos, a que las manifestaciones se realicen solamente en veredas (art.18). Además, en el art. 25 se establece que las multas viales que reciban los empleados y funcionarios públicos (provinciales o municipales) serán descontadas directamente de los bonos de sueldo.