La policía brasileña desarticuló hoy una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) de la estatal Caixa Económica Federal, lo que aumentó la presión sobre el gobierno en el combate a la corrupción. La operación para desmontar la red enquistada en la entidad coincide con el primer aniversario de la bautizada operación Lava Jato, o el caso Petrolao, la cual investiga desde hace un año la red delictiva instaurada en la petrolera de la que formaban parte empresas de la construcción, ejecutivos y políticos.

Las denuncias sobre corrupción golpearon la popularidad de Dilma Rousseff, que se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2011, y también fue el principal motivo de las protestas que el domingo llevaron a las calles a cerca de dos millones de personas, de acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo. En medio de este escenario, ayer la mandataria prometió un paquete de medidas para intensificar el combate a la corrupción, aunque insistió en que su gobierno fue el que más ha enfrentado esta lacra en los últimos años. Además, aseguró que su gobierno con total humildad “está abierto al diálogo” con quien fuera, y dijo que era necesario respetar la democracia y la voz de la calle, en relación con las demandas de los manifestantes.

En esa línea, un día después de que Rousseff predicara la necesidad de diálogo, el diputado y líder del gobierno en el Congreso, José Guimarães, siguió la misma receta y dijo, después de la reunión del martes en la que participaron el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), líderes de la base de aliados del gobierno y cuatro ministros, que se “inauguró una nueva etapa en la relación del gobierno con el Congreso”. Guimarães no anticipó cuándo se presentaría el nuevo paquete de medidas que Rousseff enviaría al Congreso para combatir la corrupción, pero se limitó a decir que ya las propuestas eran una respuesta a las manifestaciones del domingo.

“Algunas medidas, en mayor o menor medida, ya forman parte de proyectos que están en la Cámara, pero otras serán una gran noticia. Habrá que esperar para el anuncio. Es un hito, porque los líderes de la base discutieron el contenido del paquete y no tomará a nadie por sorpresa”, señaló, según lo citó el diario O Globo. “El caso del Lava Jato es otra cosa –señaló–, no podemos vincular esta cuestión a las medidas. Lo importante es apuntar para el país. Abrimos hoy una nueva fase del Ejecutivo en la relación con el Parlamento”.

Por su lado, Temer habló de la contribución de su espacio, el PMDB, al país mediante el respaldo al proyecto que enviaría la mandataria sobre corrupción, minimizando la tensión que existió la semana pasada cuando se conoció que muchos políticos de ese espacio estaban incluidos en la lista que la Fiscalía entregó a la Corte por el caso Petrobras. El escándalo conmocionó al sistema político y generó tensión en el Congreso que, según la prensa, podría dificultar la aprobación del ajuste fiscal propuesto por el gobierno para equilibrar las cuentas públicas. “Quien gobiernano es el Poder Ejecutivo. Quien gobierna es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, particularmente el Legislativo”, señaló.

Sobre el escándalo de Petrobras, también hoy se pronunció el expresidente Fernando Henrique Cardoso, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quién afirmó que "no es creíble" que la jefa de Estado, y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, desconocieran el gran caso de corrupción en la petrolera. "En portugués claro: no es creíble que lo que ocurrió en Petrobras fuera desconocido por quien estuviera en el poder, sea Lula o Dilma. No digo que estén involucrados en el asunto, pero no es creíble que fueran ajenos", dijo Cardoso en una entrevista al diario Valor.

El nivel de alerta del gobierno se ha acentuado todavía más este martes, al descubrirse el millonario desvío de dinero en la Caixa Económica Federal. El juez responsable por la investigación ordenó 34 mandatos de conducción coercitiva para permitir que los acusados fueran trasladados y sometidos a interrogatorios en comisarías, así como 10 mandatos de separación de funcionarios públicos de sus funciones.

Los responsables por la operación también cumplieron 20 órdenes de decomiso de vehículos y 31 órdenes de allanamiento y de bloqueos de cuentas corrientes en los estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro y Sao Paulo.