El diputado provincial por el radicaliso Jorge Albarracín declaró que Mendoza es la provincia con mayor índice de litigiosidad del país y del mundo. Además, resaltó que los procesos civiles duran entre 4 y 5 años.  

 “La ventaja es que las partes van a estar delante del juez, y el juez es el que va a determinar si es necesario o no que venga un perito, o cuántos vienen. El acuerdo con los peritos es que van a recibir un pago previo a los efectos de no dilatar las pericias”, explicó el funcionario. 

El FIT, en desacuerdo

Héctor Fresina, diputado provincial por el Frente Izquierda y de los Trabajadores (FIT), señaló que su postura ante esta nueva ley es contundente por el simple hecho de que esta nueva normativa anula varios derechos civiles.

El funcionario dio algunos ejemplos. Básicamente, calificó al código como uno “antiobrero”, ya que de cierta forma permitiría legalizar contratos “truchos”, entre otras cosas.  El diputado enfatizó en que ellos votaron en contra por la simple razón de que “rapidez no es sinónimo de justicia”.

El diputado afirmó: “Este código le facilitaría las cosas al Estado y a los acreedores, quienes les podrían meter la mano al bolsillo a los deudores con más facilidad”. Además, se dio la oportunidad de calificar al actual gobierno de la provincia como uno nefasto, ya que apunta a favorecer a los grandes negocios nacionales y no a la clase trabajadora.

El nuevo Código comenzará a regir a partir del 1.º de febrero de 2018, es decir, el primer día hábil del año que viene para la Justicia. Se espera que las primeras audiencias bajo este régimen sean entre abril y mayo.