Claves para entender el conflicto mapuche en Argentina

Nacional

El texto aprobado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 26160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras.

"Este es un mandato constitucional, hay muchos pueblos indígenas dentro de nuestro país, debemos abordar una solución. Sugerimos que se incorpore a las provincias, los municipios y la APN", expresa @juliocobos

— Senado Argentina (@SenadoArgentina)

October 28, 2021

También se dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá presentar un informe anual que detalle el estado de avance de estados catastrales.

Cuando promediaba el debate, senadores del oficialismo rechazaron acusaciones de sus pares opositores sobre supuestas posiciones permisivas hacia grupos vandálicos a los que algunos vinculan con la comunidad mapuche en el sur del país. Les reclamaron además que "dejen de mezclar las cosas" para obtener "réditos electorales".

El senador Alfredo Luenzo, del Frente de Todos (FdT) por Chubut, cruzó a su par de Juntos por el Cambio (JxC) Ernesto Martínez al asegurar que "la derecha necesita de un enemigo en un escenario electoral". Luenzo reclamó a la alianza opositora dejar de utilizar las palabras "terrorismo" y "subversivos" para referirse al conflicto en el sur, que, dijo, "son, conceptos muy caros en Argentina".

Martínez, que lo había antecedido en la palabra, denunció que el Estado "se la pasa retrocediendo en la defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca de la categoría de bien pensante o sensible de las causas bellas". El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, consideró que "esta reparación está bien", que en un Estado de derecho rigen la Constitución y las leyes y que esta ley "no es ningún factor de impedimento" para que la Justicia actúe en el caso de usurpaciones ilegales de tierras.

"No hay que mezclar. Hay gente que está oprimida y en la pobreza, no podemos seguir indefinidamente (con las prórrogas), pero no podemos echarle la culpa a toda la comunidad aborigen por lo que hace un grupo de delincuentes", subrayó.

La autora de la propuesta, la senadora del Frente de Todos por Salta, Nora Giménez, consideró que se trata de "una deuda histórica y una responsabilidad como política de Estado", así como "una herramienta de pacificación" para evitar conflictos por tierras. La legisladora explicó que se trata de "una responsabilidad garantizar la paz social y que no se reabran estos conflictos (por las tierras) a lo largo y ancho del país, y que esta sea la última prórroga que se otorga". "Otorgamos esta herramienta para completar los relevamientos técnicos" sobre la cantidad de tierras de comunidades otoginarias en el país y abogó en favor de que "la próxima discusión sea el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar la entrega definitiva de la tierra".

"Será –dijo– un acto de profunda justicia social" y recordó que la ley fue aprobada en 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner, como "una clara respuesta al clamor de pueblos originarios frente al riesgo de la pérdida por acciones judiciales y por la ocupación efectiva de sus tierras".

La legisladora destacó la importancia de completar los relevamientos catastrales de las comunidades y dijo que, gracias a esta iniciativa, de 950 comunidades se terminó relevando a unas 988.

En representación de Juntos por el Cambio, el senador por Chaco Víctor Zimmerman propuso modificaciones al texto original, algunas de las cuales fueron aceptadas por el oficialismo. La oposición proponía fijar una fecha concreta al reconocimiento de las comunidades, un tope para que no se sigan constituyendo comunidades después de aprobada la norma y que se termine el diagnóstico, y, a partir de ese punto, diseñar políticas públicas, explicó Zimmerman. También sugirió dar "mayor participación a los gobiernos provinciales".