El debate arrancará este martes a las 13.00 en una reunión conjunta de Asuntos Constitucionales, a cargo de Diana Conti; Presupuesto y Hacienda, conducida por Roberto Feletti; y Energía, bajo el mando de Mario Metaza.

Asistirán funcionarios y gobernadores integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

Puntualmente se esperan las visitas del ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; la secretaria de Energía, Mariana Matranga; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Zannini, y Miguel Galluccio, titular de YPF.

Tras un cuarto intermedio, la discusión se retomará el jueves, cuando el oficialismo intentará firmar el dictamen favorable para tratarlo el 29 de octubre en el recinto, donde seguramente será aprobado por el FpV y sus tradicionales aliados.

El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina.

Por otro lado, el proyecto otorgó la potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las cuales deberán pagar regalías del 12 por ciento.

Además, dispone que "en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un tres por ciento las regalías con un tope del 18 por ciento".

Para las nuevas licitaciones, en tanto, se determina que "se suprimen las reservas de áreas", mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión".

También se fija un plazo de seis meses, una vez sancionada la nueva ley, para elaborar un "pliego modelo" para ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.

Fuentes: Télam y Parlamentario