Una nueva demanda de un grupo de holdouts se presentó esta semana en Nueva York contra la Argentina por un monto cercano a los 65 millones de dólares, según publica La Nación. Se trata del fondo de inversión Bainbridge de Bahamas, representado por el abogado Anthony Constantini, de la firma Duane Morris. El escrito, del viernes 4, menciona que el fondo en cuestión tiene en su poder títulos de 1992 y 1993 emitidos por la Argentina.

Luego de detallar el proceso del default del país, enfatizó en que este año el Gobierno "hizo una oferta unilateral de acuerdo para los bonistas que no cobraban, e hizo pagos a algunos de ellos". "Este acuerdo unilateral distinguió entre valores idénticos, como bonos con una orden –los relacionados con el caso del pari passu– y bonos estándar; en violación con la Disposición de Tratamiento Igualitario, la Argentina creó una preferencia entre idénticos valores".

Además, recordó que el Congreso sancionó la Ley 27249, la "nueva ley cerrojo", que "le impide a la República pagarle a Bainbridge otro monto más que el establecido en la oferta unilateral".

La emisión de los bonos para pagarle a los holdouts que aceptaron el acuerdo, según este fondo, "mientras no se le paga a Bainbridge, constituye una violación a la Disposición de Tratamiento Igualitario".

En este sentido, el abogado mencionó el arreglo de la Argentina con varios acreedores, entre ellos el fondo buitre NML.

Las 46 páginas del escrito se presentaron ante la justicia federal de Nueva York, que deberá determinar si la causa recae en el juzgado de Thomas Griesa o de Gabriel Gorenstein. El analista Sebastián Maril, de Research for Traders, explicó al diario La Nación que "la demanda de este fondo de las Bahamas forma parte de un grupo de holdouts adicionales que el Gobierno sabe que existen pero no necesariamente puede identificarlos". Y agregó: "Desde el levantamiento de las cautelares hemos visto a Greylock Capital, Lucesco Inc., Inspiro Emerging Markets Fund y Cantor Fitzgerald presentar demandas contra la Argentina".

Maril recordó que quedan entre 1000 y 1500 millones de dólares de bonos en default, en demandas no cerradas que fueron presentadas desde 2004.

Desde principios de año, el equipo económico cerró acuerdos con más del 99 % de los holdouts, pero todavía debe sellar una serie de casos pendientes –entre ellos, los bonistas argentinos representados por Adapd– para completar la salida del default.

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