El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un organismo dependiente del Banco Mundial con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El órgano constituye un tribunal que se ocupa de arbitrar controversias en los tratados de inversión bilaterales (TBI) firmados entre Estados y empresas privadas.
 

El CIADI opera desde el año 1966 pero hasta finales de la década del noventa del siglo pasado tuvo un papel menor en la resolución de los conflictos. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años su incumbencia en las finanzas internacionales se vio acentuada debido a un incremento exponencial de denuncias realizadas por parte de empresas privadas a Estados soberanos.

Según el último Informe Anual del CIADI publicado en el 2010, para febrero de ese año existían mundialmente más de 2.700 tratados de inversiones, mientras que 45 años atrás solo eran alrededor de 70. Frente a este crecimiento resulta esperable que las tendencias del flujo de inversiones continúen incrementando el número de casos ante este organismo.

En función del aumento de poder que se ha generado en torno del CIADI resulta oportuno preguntarse cuál ha sido la relación que ha mantenido este organismo con la Argentina y demás países de la región.

La relación del CIADI con Argentina

La relación con la Argentina comenzó en septiembre de 1994 (ley 24.353) durante la era menemista y la aplicación de políticas neoliberales en el país. En esa década, a través de una fuerte campaña de privatización de empresas estatales, se firmaron 54 tratados de inversión bilaterales que quedaron bajo la jurisdicción del CIADI. Los tratados se produjeron sobretodo con entidades privadas trasnacionales que quedaron a cargo de la administración de los servicios públicos (Telefónica) y recursos energéticos (Repsol YPF).

Luego de la crisis del 2001 -y la posterior devaluación- a partir del 2003 se renegociaron los contratos con un sinnúmero de empresas que operaban en el país. Esto generó una seguidilla de arbitrajes en litigios contra la Argentina por parte de firmas de diferentes países.

Según se señala en la página web del actual embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, “En febrero de 2004, en el punto álgido de la ola de litigios contra la Argentina, se habían iniciado 42 casos contra el país, en un universo de 185 casos existentes en el CIADI”. Sin embargo “en febrero de 2012 existen 17 casos activos contra la Argentina en un universo de 372 casos del CIADI”.

Esta reducción de las demandas se produjo, según indica el sitio, en base a una “exitosa política de renegociación llevada a cabo por el Gobierno Argentino y el hecho de que el número de casos en contra de otros países aumentó rápidamente”. Lo cual “incidió en que la participación de Argentina en el número de casos ante el CIADI haya disminuido sustancialmente. En la actualidad los casos contra la República Argentina representan menos del 8% de todos los casos activos ante el CIADI”, se detalla.

Según sostiene la embajada argentina en Estados Unidos “para febrero de 2012, de los 42 casos iniciados contra la Argentina, el país había ganado, resuelto, suspendido u obtenido la anulación de 22 casos; 17 casos están pendientes y sólo en cuatro oportunidades los tribunales del CIADI han dictado laudos definitivos contra Argentina”

El CIADI y Latinoamérica

No ha estado exenta de polémicas la relación del CIADI con la región. Esto se debe en gran medida a que América Latina suma un amplio número de tratados bilaterales y posee una fuerte presencia de inversión externa, en gran medida proveniente de economías desarrolladas que por estos momentos atraviesan una fuerte crisis.

Si bien el CIADI afirma en sus fundamentos independencia de criterio a la hora de realizar sus fallos, son varias las voces que advierten parcialidad en sus decisiones. Por ejemplo, según señala en un informei del 2006 la abogada chilena y profesora de Derecho Comercial, María Fernanda Vasquez(1), el CIADI perjudica a los países en desarrollo al definir árbitros para los litigios que provienen, generalmente, de países desarrollados. En este sentido la constitución de los jurados posee solo un 13% de participación latinoamericana.

“Esto puede ser perjudicial para los países latinoamericanos, ya que serán personas de una realidad jurídica e idiosincrasia distinta las que resuelvan los conflictos que se presenten sobre inversiones. Además, estos árbitros son nacionales de los países a los que pertenece la mayor cantidad de inversores, hecho que puede afectar en un futuro la confiabilidad del sistema”, se señala en el informe.

Otras críticas que se advierten en el documento son: “exacerbada autonomía del sistema Ciadi, que no permite la revisión de sus laudos respecto de cuestiones de fondo; la aplicabilidad de estándares mínimos de derecho internacional con independencia de la voluntad de las partes, que puede prestarse para la vulneración de esta última y la concesión de demasiadas garantías a los inversores, sin que ellas se encuentren suficientemente delimitadas”

Los rechazos al CIADI en la región

Los recientes fallos del Centro Internacional que provocaron la suspensión de beneficios arancelarios para exportadores argentinos, ha sumado a la Argentina a una seguidilla de rechazos de diferentes países latinoamericanos contra el organismo dependiente del Banco Mundial.

El 8 de enero de 2012 el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que no reconocería el veredicto del CIADI sobre la demanda que la petrolera estadounidense Exxon Mobil presentó contra Pdvsa (Petroleo de Venezuela). Según consideró el mandatario venezolano, no tiene sentido que los países latinoamericanos deban dirigirse a Estados Unidos a someterse al arbitrio del CIADI. Asimismo señaló la necesidad de crear un organismo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en el que se puedan dirimir las diferencias que existan entre los Estados y las empresas de la región.

Venezuela no es el primer país latinoamericano en plantear sus inquietudes frente a ésta entidad. Ecuador durante 2009 presentó su renuncia al organismo bajo el argumento de “no celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales".

Bolivia también renunció a permitir la incumbencia del CIADI en la resolución de conflictos contractuales. En este sentido el Gobierno boliviano decidió rechazar en julio del 2010 el fallo del CIADI que favorecía a empresas chilenas e italianas. Mandatarios del gobierno de aquel país denunciaron en aquel entonces una actitud parcial de la entidad del Banco Mundial y señalaron que resultaba una obviedad que el CIADI sólo favorecía a las empresas.

(1)Tomado de la Revista Derecho de la Empresa Legis. Santiago de Chile. No. 8 octubre-diciembre 2006.