Ataque a la fiscal Claudia Ríos: investigan el accionar de los penitenciarios

Sociedad

Según la información que difundió el Ministerio Público Fiscal, el recluso Hugo Eduardo Arredondo (37 años) eludió el accionar del personal del Servicio Penitenciario que lo custodiaba durante un juicio oral en el Polo Judicial, empuñó un arma blanca casera e intentó apuñalar a la fiscal Claudia Ríos. Esto derivó en un forcejeo en el cual resultó ilesa. Acto seguido, Arredondo tomó de rehén a una estudiante de Derecho de la UNCUYO que estaba al lado de la representante del Ministerio Público para escapar del lugar. Pero la acción llegó a su final cuando las fuerzas de seguridad tomaron el control de la situación y por la propia fiscal que lo redujo con un gas pimienta.

Días después apareció un video en el que "se caía" la versión oficial: sí hubo faca, pero no contacto directo con la fiscal. La causa cambió de carátula y quedó bajo secreto de sumario. 

Sala donde se realizan audiencias de juicios por jurado / Foto: Prensa Ministerio Público Fiscal

El procurador General, Alejandro Gullé, explicó a este medio que el incidente se produjo por un “error humano” a la hora de realizar el control de seguridad del recluso. Asimismo, se mostró sorprendido por la situación al explicar que el interno superó tres requisas entre su paso por el presoducto y su ingreso al recinto del Polo Judicial.

En ese sentido, Gullé aseguró que no vería con malos ojos una evolución tecnológica para la requisa en materia de seguridad judicial, aunque aclaró que habría que analizar las posibilidades de llevarlo a cabo y también el costo financiero que tendría su aplicación.

Finalmente, el procurador General calificó como una falacia a la supuesta diferencia de trato que reciben los abogados con respecto a fiscales y jueces a la hora de la requisa judicial en los juicios orales que se llevan a cabo en la provincia.

Por su parte, el juez de la Suprema Corte Omar Palermo coincidió con el procurador General de la Corte al entender que el incidente se produjo por un error humano y que para garantizar la seguridad sería interesante invertir en sistemas de seguridad tecnológicos que permitan escanear a las personas involucradas en un juicio para evitar este tipo de situaciones, aunque remarcó que se trata de un hecho “inédito y sin precedentes” en Mendoza.

“Desde que yo me desempeño en el área penal, allá por el año 1993, nunca me tocó vivir ni ver una cuestión similar. La seguridad del edificio es un tema que depende del Ministerio de Seguridad y este hecho marcó que no se están haciendo bien las cosas. Lo único que pido es que nos cuiden y que hagan su trabajo como corresponde. Fue gravísimo lo que ocurrió el otro día con la fiscal Ríos”, consideró Omar Palermo.

Sin embargo, Palermo recordó un incidente que le ocurrió cuando era juez de instrucción, a comienzos de la década del 90. El juez contó que el jefe de policía de aquel entonces lo contactó por un asalto con toma de rehenes en el diario Los Andes, por lo que se acercó al edificio de ese medio ubicado en calle San Martín y se llevó el susto de su vida: “Cuando ingresé al diario me encontré con que el plan de los delincuentes era tomarme como rehén a mí. Fue una situación muy desagradable, donde viví muchas horas de tensión e incertidumbre”. De todas formas, el magistrado puntualizó que lo ocurrido con la fiscal Ríos, institucionalmente fue más grave porque se dio en el propio edificio donde se imparte justicia, delante de las personas encargadas de la seguridad.

Asimismo, Palermo consideró fundamental esclarecer el accionar de los funcionarios encargados de garantizar la integridad física de las personas que participaron en dicho litigio. En ese sentido, remarcó que no puede haber personal que no está capacitado para realizar una tarea tan importante como es cuidar el bienestar de quienes imparten justicia.

Por este motivo, el juez de la Suprema Corte hizo hincapié en imitar el sistema de seguridad que se utiliza en el Palacio Jucicial de la Nación, donde las personas detenidas pasan por un scanner y un detector de metales antes de ingresar al recinto.

“Sería una buena medida a partir de este hecho poder implementar un scanner que permita tener la certeza de que el detenido ingrese a las salas sin ningún tipo de elemento. No creo que sea una inversión tan grande y, mucho menos, si el resultado es asegurarse el bienestar de quienes participan en un juicio, donde las personas acusadas son realmente peligrosas”, aseveró el juez Palermo.

Por último, el juez supremo dio a entender que existen diferencias a la hora de revisar a los y las profesionales del derecho: “A mí nunca me revisaron a la hora de entrar a un juicio. Desconozco si a abogados o fiscales les ha ocurrido lo contrario”.

“Lamentablemente el sistema de seguridad es selectivo cuando no debería serlo. Es algo que ocurre y el que quiera mirar para otro lado será su problema”, remató.

El body scan o scanners corporal es un aparato que utiliza rayos x para poder observar bajo algunas capas físicas, como ropa, la piel o cavidades. Se utiliza en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Foto: El Litoral. 

En tanto, José Valerio, otro de los jueces de la Suprema Corte de Mendoza, también se mostró molesto por lo ocurrido y responsabilizó al Servicio Penitenciario: “Son los encargados de la unidad carcelaria, tanto en el traslado como en las salas. No se pueden trasladar las responsabilidades. Nosotros no vigilamos al servicio penitenciario. Tiene que haber una investigación seria sobre este hecho y no puede volver a pasar un hecho similar. Lo que sucedió el otro día dejó una certeza: los que nos deben cuidar no están haciendo bien su trabajo”, sentenció.

En esa misma línea, Valerio remarcó que se reunirán entre jueces y juezas para trabajar sobre los niveles de seguridad que consideren óptimos para las audiencias. "La seguridad no es de la Corte, es responsabilidad del servicio penitenciario y de la policía", cerró.

Por último, también hizo hincapié en aplicar “un nuevo sistema tecnológico” que evite las fallas humanas, debido a que en lo que está en juego en estos casos “no es ni más ni menos que la vida de las personas”.

Cómo se traslada a personas detenidas

Romina Cucchi, subdirectora de Ejecución Penal y una de las encargadas de la Dirección Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, explicó a Unidiversidad cómo es el traslado de personas detenidas a distintos ámbitos judiciales y detalló cuál es la responsabilidad del Estado en todo este proceso.

Celdas de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ES.Tra.Da.) / Foto: Prensa Ministerio Público Fiscal

En primer lugar, Romina Cucchi contó que el Servicio Penitenciario tiene protocolos de actuación para organizar la seguridad de los traslados de personas detenidas, por lo que corresponde pedírselo a tal institución. Sin embargo, este procedimiento supone una cadena de controles desde el momento en que la persona sale de su lugar de alojamiento hasta que llega al destino donde intervienen distintas áreas: la seguridad del penal que lo aloja, el área de traslados y el área de recepción. Se trata de una cadena de controles que conlleva una cadena de responsabilidades.

"El Estado tiene en relación a las personas privadas de libertad un especial deber de garante, motivado en la relación de especial sujeción en la que se encuentra una persona detenida por orden de la justicia bajo custodia del Estado", sostuvo Cucchi.

Esto implica una serie de obligaciones, derechos, garantías que -en el caso de Mendoza y Argentina- se encuentran no solo en las normas internas (procesales, de ejecución, de fondo) sino también en los instrumentos internacionales de derechos humanos (la CADH, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad, las reglas mínimas y las reglas de Bangkok, entre otros), que reconocen derechos, obligaciones asumidas por los Estados y estándares en la materia.

"Todas estas normas hablan de trato digno, humano, igualitario, acceso a la justicia, control judicial, así como también versan sobre la justicia, el personal y las instituciones", agregó la subdirectora de Ejecución Penal.

También resaltó que un hecho emergente que sale de la normalidad, lo que debe implicar es una alerta, una revisión de protocolos de seguridad, disparar capacitaciones, "de ningún modo pueden esas reformas ser lesivas de esos estándares en materia de privación de libertad y acceso a la justicia de personas privadas de libertad".