La conferencia, que se llevó a cabo la tarde noche del último martes de marzo en el auditorio de la Universidad de Congreso (UC), fue organizada en el marco de la Cátedra Libre de Derechos Humanos que dicta la institución. El panel estuvo conformado por el Rector Francisco Piñón, los docentes anfitriones Clara Álvarez (Directora de la carrera de Psicología) y Mateo Dalmasso (Profesor de la Cátedra Libre de Derechos Humanos), e invitados especiales por su experticia en el tema: el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pablo Garciarena y la investigadora de género, periodista y docente, Sofía D’Andrea.

El documental “Lesa Humanidad”, producido en 2009 por Luis Ponce y la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba, fue el disparador del debate que más tarde dejaría en evidencia la “incoherencia” de la máxima autoridad de esa universidad ante el señalamiento de sus vinculaciones con el ex Almirante Emilio Massera, y provocaría el repudio de parte de los asistentes y panelistas invitados por fuera de la institución. 

Hasta el momento, el dato había sido pasado por alto en los medios provinciales, aunque como se leerá más abajo, no por algunos periodistas de Buenos Aires hace algunos años. Tampoco resultó inadvertido por la joven Martina Lamy desde el público, quien, al conocer los antecedentes de Piñón, advirtió en la sala que la postura planteada por el académico en la charla no coincidía con su accionar de hace 36 años, cuando el genocida y creador de los llamados “vuelos de la muerte” fue premiado en un acto con la designación de “Profesor Honorario”  que otorga la Universidad del Salvador, cuyo rector de ese momento y hasta 1980 era el Licenciado Francisco José Piñón. 

Lesa Humanidad

El audiovisual recoge el testimonio de cuatro ex presas políticas de diversas fuerzas partidarias que, en primera persona, describen con detalles los tormentos sufridos durante sus secuestros en distintos centros clandestinos de Córdoba. En este sentido, en  “Lesa Humanidad” se reclama que los ataques cometidos sobre la integridad sexual durante la dictadura cívico militar sean juzgados por la Justicia como “delitos contra la humanidad”, ya que –con la excepción de casos muy recientes– desde que se empezó a sentar en el banquillo a los autores materiales y a los ejecutores de aquel plan de exterminio, las violaciones en contextos de encierro han sido relegadas a “una forma de tortura más”.


Las palabras para describir el horror que relatan las sobrevivientes en el documental no son fáciles de encontrar, pues la atrocidad de esas situaciones es inimaginable para quien no las haya sufrido en carne propia. La disertación de Sofía D’Andrea, ex presa política y también sobreviviente del terrorismo de Estado, logró complementar aquellos testimonios en dirección al reconocimiento reclamado: “Que las violaciones sexuales sobre las mujeres secuestradas sean entendidas como delito de lesa humanidad”.

D’Andrea expuso, según el informe de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (CONADEP), que el 33 por ciento de las personas que pasaron por cárceles y centros clandestinos de detención y tortura del país fueron mujeres; el 10 por ciento de ellas estaba embarazada. En este marco explicó que la exacerbación de las bases patriarcales de la sociedad en esa época habilitó el ensañamiento extremo contra las mujeres que fueron víctimas de la dictadura. Lo personal y lo político se conjugaron atrozmente sobre las militantes, profundamente violentadas en cuerpo y en psiquis por trasgredir los mandatos que recluyen a la mujer en el ámbito privado, para salir a la esfera pública a cuestionar el statu quo del sistema político establecido.

La desnudez continua, la humillación, el exhibicionismo, el forzamiento a la pornografía, la lascivia, los embarazos y abortos forzados, la esclavitud sexual, el robo de sus bebés recién nacidos, son algunas de las prácticas inherentes a la violencia sexual en la dictadura que fueron tipificadas en la investigación realizada por el Comité Latinoamericano de Defensa de la Mujer y el Instituto de Género y Desarrollo de Rosario (Insgenar), y  presentadas en el libro “Grietas en el silencio”, que la periodista citó en la conferencia. 

Antes ya habían sido traídas al debate a través de la memoria de las protagonistas del documental, donde cuentan que “las violaciones tuvieron lugar desde el primero hasta el último momento del secuestro”, que se las ultrajaba “en patota o en la soledad de la celda por parte de un único represor” con “todo tipo de elementos”.Y que no había un estrato de violadores, “todos los rangos militares, policiales y hasta judiciales participaban de las violaciones”. 

Otro dato que resaltó D’Andrea es que los victimarios no discriminaron ningún tipo de mujer, sino que estos ataques recayeron sistemáticamente sobre el conjunto de las cautivas. “Doy fe de que la violencia de género fue contra todas”. En este punto, hay que aclarar que, si bien muchos varones secuestrados también fueron violados y vejados en su integridad sexual, las mujeres por su condición de género se enfrentaron a este delito generalizada y sistemáticamente. No fueron casos aislados como se pretende imponer.

“De hecho, a los hombres trataron de destruirlos atacando su masculinidad para feminizarlos mediante las violaciones”, recalcó la periodista y explicó que “aún hoy ellos no pueden hablar de eso por la vergüenza que se les impuso”. Interpreta que las mujeres han logrado sacar a luz esta verdad con la necesidad de alcanzar la Justicia. “Se ha tratado de un fundamental aporte de las compañeras, pese a que sobre ellas los dictadores también se encargaron de operar ‘la culpa’ por ‘poner en un segundo plano su vida familiar para ocuparse de la causa pública’ y por la concepción machista del cuerpo de la mujer como ‘tentación’ y ´trofeo de guerra’.”

De esta manera se concluye que “los golpistas reforzaron la concepción patriarcal en las relaciones de género, consagrando un estereotipo de mujer ligado exclusivamente a su función procreadora y, sobre esto, desataron toda la ferocidad contra las mujeres”, sostuvo la referente.

Por su parte, el abogado Pablo Garciarena, querellante en los últimos dos juicios contra represores cumplidos en Mendoza, reforzó los aportes de Sofía D’Andrea al manifestar que, dentro del plan sistemático ejecutado por los genocidas, las violaciones contra las mujeres no fueron utilizadas como una herramienta de tortura –igualmente atroz– para obtener información. “Si hubiese sido con ese fin, igualmente nefasto, no se explica por qué se las ultrajó todo el tiempo de manera generalizada”, expresó. Evocó los testimonios del segundo juicio, porque allí resonó fuertemente la verdad de las mujeres que estuvieron detenidas en el D2 y, gracias a esos aportes, se sentó un precedente clave en el país. 

En esa instancia, las sobrevivientes al mayor centro de torturas clandestino de la región cuyana –como Silvia Ontivero, Luz Faingold y Rosa del Carmen Gómez– dejaron en claro que no hubo jerarquía represora que no haya participado de esta aberración dentro del CCD. Los distintos olores, voces y modos de violación de los perpetradores rememorados durante sus testimonios esclarecen la aseveración. La frecuencia con que se aplicaba este crimen sobre cuerpos y psiquis víctimas, también. Estos relatos fueron avalados por sus propios compañeros de cautiverio. En este sentido, la declaración del ex preso político Fernando Rule fue central: “A las mujeres del D2 se las violaba hasta 20 veces por día”, según cita una nota de este medio publicada el 23 de noviembre de 2011.

En esa fecha, se oficializó el fallo a través de cual la Cámara Federal de Mendoza reconoce las violaciones y ataques sexuales a los que se sometió a las víctimas del terrorismo de Estado como delitos de lesa humanidad, “en tanto formaron parte del plan sistemático de desaparición de personas”. Resumiendo, ese tipo de violencia no había sido reconocido como un crimen en sí mismo, ya que se la subsumía a una forma de tortura más y era considerada como un delito de instancia privada, lo que terminó por invisibilizar durante décadas su carácter inexorable de “crimen de lesa humanidad”, en tanto constituye un ataque de género cometido por las fuerzas represivas del Estado.

En base a los testimonios aportados en aquel juicio, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), y el grupo de abogados querellantes presentaron en el mes de agosto de 2011 un amicus curiae a través del cual se pedía que las violaciones a las presas políticas en centros clandestinos cometidas durante la última dictadura militar fuesen consideradas como corresponde, y que se actuara judicial y penalmente sobre estas situaciones.

Garciarena explicó que finalmente la Cámara Federal de Mendoza respondió de manera positiva al requerimiento y determinó el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez, Juan Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha y Armando Fernández. Aseguró además que desde la Cámara de Apelaciones han confirmado recientemente ese procesamiento y que el juicio sobre estos violadores es inminente.

Por otra parte, recordó que en 2010 se conoció la primer condena por delitos de este tipo, en referencia a la sentencia que recayó contra el ex militar Gregorio Rafael “Sapo” Molina en un juicio llevado a cabo en Mar del Plata. Pero aclaró que estos son casos “más bien aislados”, ya que todavía esta perspectiva no ha sido aplicada en general en los procesos de Verdad, Memoria y Justicia.

Explicó que aún subyace entre los operadores de la Justicia argentina la mirada patriarcal que termina encubriendo y avalando aquellos tormentos específicos de género, lo que se convierte en un continuum de violencia contra las mujeres.“Se juzgan los homicidios que tuvieron lugar en el marco dictatorial, los tormentos, los robos a la propiedad privada, las apropiaciones de bebés, las privaciones de libertad, pero no las violaciones”, expresó para dar cuenta de la naturalización de esta aberración por parte de los encargados de impartir Justicia y la complicidad de la sociedad en su conjunto.

Como ejemplo de la inexistencia de perspectiva de género desde el poder judicial, trajo al debate la impunidad de la que aún goza el tema de la trata en Argentina. “En ambos casos, son las mismas miradas de los jueces sobre las cuestiones de género: la estereotipación y estigmatización sobre las mujeres”, lamentó. Señaló también que, para que el proceso de Justicia sea completo, las responsabilidades de las violaciones como delito de lesa humanidad deben tocar a todos los actores intervinientes en los centros clandestinos, desde los autores directos hasta los cómplices de que hayan sido perpetradas. 



“Fue para salvar vidas”

Finalizada la conferencia, de la que también participaron los docentes de la Universidad de Congreso Clara Álvarez y Mateo Dalmasso con aportes menos sustanciosos, se abrió el micrófono para el público.

Martina Lamy, estudiante de Psicología de otra universidad privada, fue la primera interesada en tomarlo. Para desconcierto de todos los asistentes –principalmente de los anfitriones–  la joven hizo memoria y le preguntó al Rector Francisco Piñón sobre su pasado complaciente con el jerarca del genocidio Emilio Massera, quien comandó el mayor centro clandestino del país –en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma)– tras el golpe de Estado que él mismo, junto a los ex militares Rafael Videla y Orlando Agosti, perpetró a partir del 24 de marzo de 1976 y hasta 1983. 

“Me invitaron unos compañeros a participar de la charla.  Al enterarme de la cátedra me puse a investigar a cada uno de los que la dictan, ya que me habían dicho que era gente ‘grosa’. Al googlear su nombre – dirigiéndose a Francisco José Piñón- me encontré con la noticia de que usted había premiado con un diploma a Massera en 1977, por lo que no entiendo su postura actual”, así le expresó Martina su inquietud al propio rector.

La respuesta pretendió ser “simple, clara y directa” como el mismo Piñón expresó ante la sorpresa de que sus antecedentes se hicieran públicos, precisamente en una instancia propiciada por su propia persona para debatir sobre los Derechos Humanos. “En ese momento yo era el Rector de la Universidad del Salvador y parte de una agrupación peronista. Se decidió hacer ese gesto en protección de compañeros y salvar vidas”, dijo  el ahora rector de la UC. Lo que omitió es que esa agrupación era Guardia de Hierro, fracción de la derecha más ortodoxa del peronismo católico. “Claro, pero yo tengo entendido que el ex decano de la Facultad de Filosofía, Carlos Cullen, decidió no asistir a ese acto porque no estaba de acuerdo con la mención”, siguió la joven. 

“Fueron decisiones, fue para salvar vidas”, reiteró con titubeos y sin asidero Piñón. “Me parece que un verdadero ejemplo de salvar vidas es el de las mujeres del documental, que pese a las torturas y las violaciones que recibieron durante años nunca mandaron al frente a ningún compañero”, sugirió Martina en neta coherencia con lo planteado en la conferencia desde el documental y las participaciones de Garciarena y D’Andrea. 

Estos dos últimos decidieron retirarse del panel ante lo develado por la estudiante. “De haber conocido estos antecedentes nunca hubiera accedido a venir, discúlpenme pero yo no puedo ser parte de esto”, dijo D´Andrea mientras  se marchaba del auditorio de la Universidad, seguida de demás militantes de Derechos Humanos.

El acto al que se refirió Martina Lamy ocurrió el 25 de noviembre de 1977, cuando la Universidad del Salvador otorgó la distinción de Profesor Honorario al por entonces jefe de la Armada. El actual Papa Francisco era en ese momento Provincial de la Compañía de Jesús, orden que había manejado la Universidad en cuestión desde su fundación en mayo de 1956 y hasta 1974. Aunque según detalla el diario Tiempo Argentino en su edición del 24 de noviembre de 2011, hacia la fecha de la premiación existía una estrecha relación política e institucional entre Jorge Bergoglio y la Universidad.  

“En julio de 1973, el padre Jorge Mario Bergoglio había sido designado Prepósito Provincial de la Argentina, el máximo escalafón nacional entre los jesuitas, pero 20 días antes su superior, el Prepósito General de la compañía en Roma, R.P. Pedro Arrupe, había dado una orden para "refundar la Universidad del Salvador", según se explica en la página 52 de la publicación realizada por el 50º Aniversario. La entidad debería regirse por una asociación civil integrada por laicos”, dice el artículo previo a vincular esta situación con Guardia de Hierro, –asociación que efectivamente administró la Universidad– , el almirante Massera y el secuestro de los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics.

Vale señalar que la distinción a Massera se produjo casi exactamente un mes después de que los dos sacerdotes fueran encontrados drogados y semidesnudos en un campo de Cañuelas, luego de haber permanecido casi seis meses en la Esma, el mayor centro clandestino de tortura y desaparición del país. El telón de fondo de estas circunstancias ha sido objeto de investigación y consta en dos libros escritos por el periodista Horacio Verbitsky: El Silencio, de 2005 y La mano izquierda de Dios, de 2010.

En ellos se relata la oscura trama de una negociación entre Bergoglio y la agrupación peronista Guardia de Hierro con Emilio Massera. De dicha investigación se extrae que la condecoración al amo de la Esma tuvo que ver más con el propósito de Massera de sumar a Guardia de Hierro y a la Universidad del Salvador a su campaña por la herencia del peronismo, que con la versión sostenida por Jorge Bergoglio, y ahora por Francisco Piñón, sobre que fue “para salvar vidas”.