Los desencuentros entre dos sectores estudiantiles bien diferenciados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) detonaron en la asamblea general del jueves 19 de septiembre, cuando el conjunto de agrupaciones peronistas decidió tomar el edificio con la intención de denunciar las “irregularidades y arbitrariedades” en que había incurrido la Franja Morada –actualmente sobre la órbita del Centro de Estudiantes–  durante la votación de la fecha para las nuevas elecciones de autoridades estudiantiles y la presidencia de la Junta Electoral.

El desacuerdo en los resultados acerca de la votación de las dos fechas planteadas como día eleccionario –los radicales proponen que los comicios generales se organicen el 22 de octubre, mientras que los peronistas postulan el 23 de ese mes–, llevó a los asambleístas a reiterar en tres vueltas la deliberación. Lejos de obtener definiciones, ese proceso fue encendiendo el clima de la asamblea hasta que las propias autoridades del Centro de Estudiantes decidieron levantarla, retirándose del establecimiento con el Libro de Actas.

“La Franja dejó inconclusa la asamblea y se apropió de un documento público que pertenece a todos los estudiantes. Es una violación a nuestro máximo órgano de decisión, un hecho completamente antidemocrático”, denunció Hernán Ramón, estudiante de Ciencias Políticas y militante de AUN, una de las agrupaciones que junto a Hernández Arregui, La Cámpora, La Walsh y Cooke dispusieron la medida de fuerza.

Por su parte, desde el Centro de Estudiantes, el secretario general Darío Grando ofreció a Edición UNCuyo su versión de lo sucedido. Argumentó que la asamblea fue dada de alta cuando el kirchnerismo “al descreer de los resultados de la votación, embarró la discusión y tomó una actitud patoteril”. La Franja Morada cuestionó públicamente la medida por considerarla “excesiva e injustificada”, en sintonía con la decana del establecimiento Graciela Cousinet, que intentó destrabar el reclamo proponiendo alternativas de diálogo entre los estudiantes, aunque se encontraba fuera de la provincia el tiempo que duró el conflicto.

Sobre esas horas, la Federación Universitaria de Cuyo (FUC) emitió un comunicado en apoyo a la medida de fuerza. En el mismo se asevera que las irregularidades que coparon la última asamblea funcionaron como disparador del descontento de gran parte del estudiantado ante lo que describe como “una seguidilla de corruptelas, autoritarismos y atentados contra el movimiento estudiantil y la Universidad Pública”, a partir de la alianza política vigente que señala entre Cousinet –candidata por el cobismo a la diputación nacional–, Franja Morada, Libres del Sur y el MNR.

Al respecto, Hernán Ramón se refirió al convenio entre el Gupo UNO y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que alcanzó a frustrar el Sindicato de Prensa antes de que comenzara a efectivizarse y que salió a la luz una semana antes de la toma. El acuerdo, que fue rubricado en un contexto de despidos masivos dentro de la empresa, se basaba en el abastecimiento de pasantes no rentados al multimedio.

“Se trató de un arreglo vergonzoso. Si se hubiese concretado, nosotros estaríamos legitimando desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales despidos de trabajadores y la mano de obra barata”, arguyó. El joven agregó que la protesta tuvo como objetivo visibilizar ante la ciudadanía en general la “continuidad de los actos antidemocráticos” en que incurre la conducción de la casa de estudios.

La toma quedó sin efecto una vez manifestado el compromiso de parte de las autoridades de la Facultad y del Centro de Estudiantes de garantizar la trasparencia en el desarrollo de una nueva asamblea, condición planteada por los alumnos para poner fin al reclamo que no alcanzó a extenderse por más de un día. A través de sus negociaciones con las partes, el decanato resolvió que la asamblea se reeditara a la brevedad  y propuso un cuerpo de docentes que ejercerán como veedores para descartar la posibilidad de nuevos conflictos.

Finalmente, este martes a las 18.00 se concretará el nuevo encuentro entre los estudiantes, en el que se tratarán los puntos que quedaron inconclusos el último jueves. Entre ellos, la situación de los trabajadores del comedor, que mantienen vigente un plan de lucha por mejoras en las condiciones laborales y salariales, la elección del presidente de la próxima junta electoral, los balances de gestión 2013 y el consenso en torno a una postura del estudiantado frente a los proyectos surgidos desde distintos sectores sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Además, desde la Walsh recordaron que el 22 de octubre como fecha para que se realicen los comicios no es una decisión que aun esté legitimada por los estudiantes. En este sentido, sus referentes adelantaron que la agrupación reiterará la moción de una nueva votación que defina la cuestión.