“La pobreza y la indigencia se pueden erradicar”. Con esa aseveración, la presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo y titular de la cátedra de Trabajo Social Comunitario de la UNCuyo, Rosa Goldar, dejó en claro que la naturalización de estas situaciones son el mejor dispositivo ideológico para perpetuar las condiciones de desigualdad y la apropiación de la riqueza por parte de un sector de la sociedad.

“La naturalización de la pobreza es el mejor dispositivo ideológico para perpetuarla y para justificar la desigualdad, que tiene dos polos: la pobreza y la indigencia y, por otro lado, la riqueza y la apropiación”, señaló la especialista.

Goldar, quien es magíster en Sociología y Ciencias Políticas, repasó las visiones sobre la pobreza que se han utilizado a lo largo de los años. Las más tradicionalistas y difundidas están ligadas a los discursos de culpabilización (son pobres porque quieren, no quieren trabajar), o a los de  victimización (pobre gente que está en esa situación, tengo que ayudarla).

Frente a estas visiones, la especialista propuso una muy distinta que liga la pobreza con la desigualdad, que no pierde de vista a los sujetos, pero tampoco a las condiciones sociales y económicas que promueven esa situación.

“El punto de partida sería: todas las personas tenemos derecho a esto y existen condiciones sociales, políticas y económicas que permiten superar o agudizar la pobreza”, recalcó Goldar.

Para la profesional esta nueva visión ligada al derecho entró en agenda de la mano de la distribución de la riqueza, aunque entiende que en el campo de las políticas sociales sigue primando una visión hegemónica de planes compensatorios. “Me parece que no están en debate las políticas, que no hay un debate profundo del tema de la pobreza”, recalcó.

Goldar aseguró que pese a mantenerse una visión tradicionalista, en el campo de la distribución, el Gobierno puso en marcha tres medidas que rompen con esta lógica y que consideró clave para que muchos pobladores mejoren sus condiciones de vida. Estas son: la Asignación Universal por Hijo (AUH), a las embarazadas y el plan de inclusión previsional.

“Desde el punto de vista ideológico instala fuertemente la noción de igualdad de derechos. Por ejemplo, la Asignación Universal implica el derecho a una ingreso para todos los hijos de los trabajadores, estén formalizados o no, estén desocupados o no. No es un programa para la pobreza, sino que tiene impacto sobre la pobreza”, señaló la especialista.

 Avance de políticas públicas

Goldar, junto a un grupo de profesionales de la Asociación Ecuménica, están realizando una investigación que busca medir el impacto de la AUH, al tiempo que analiza cuáles son los aspectos que es necesario corregir.

“Es un avance en el campo de las políticas públicas, en tanto es universal, no tiene cortes en el tiempo, no es focalizada, apela a la condición de trabajadores de los padres y no a su condición de pobres”, dijo la especialista.

Pese a juzgar como positiva la medida, Goldar recalcó que es necesario realizar una lectura eficaz de las implicaciones que tiene la AUH, así como replantear y redimensionar las políticas provinciales y municipales, lugares que históricamente recibían la demanda de asistencia de los vecinos.

Goldar explicó que la AUH prevé dos condicionantes básicos, que son salud y educación, que permitirían la movilidad. En cuanto a la articulación con el mercado de trabajo, señaló que ahí existen otros elementos, por lo que es necesario poner en marcha mecanismos que permitan superar la precariedad laboral, que hoy visualiza como el problema central, mucho más que el desempleo.

La profesora también recalcó que es necesario estudiar y poner en marcha mecanismos alternativos para abarcar a los núcleos duros de indigencia –donde existe una gran precariedad en las condiciones de vida- donde la AUH no llega. Por ejemplo, esta situación se da con los niños indocumentados o donde la Justicia no ha establecido la tenencia para algunos de los padres, ya que en ambos casos los pequeños no reciben la asignación.

Otro foco que, según la especialista se debe analizar, es la falta de una política de integración. “Necesitás estrategias de cohesión por abajo, que en los barrios funcionen a través del arte, el deporte, la recreación. En esas áreas, que no te  garantiza la transferencia de ingresos, tendrían que estar trabajando sistemática y activamente desde la provincia y los municipios”, explicó.

Para Goldar, también es necesario hacer un esfuerzo para cruzar los datos de salud, educación y los de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (Deie). Aunque reconoció el avance que hizo el Ministerio de Desarrollo Humano, a partir de la puesta en marcha de las fichas Apro –donde aparecen los mendocinos que reciben algunos de los programas- recalcó que no existe una lectura estadística general, que permita cruzar la información.

El papel de las OSC

La presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo, explicó que esta nueva visión de igualdad de derechos implica un replanteo para todos los actores que trabajan en la temática, entre ellos las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La especialista aseguró que el gran desafío al que se enfrentan es poder definirse desde otro lugar.

“Muchas organizaciones tienen una visión moralizante de la pobreza. Si reconstruís algunos mensajes de organizaciones, de jueces y de ciertos funcionarios te das cuenta que siguen pensando que lo mejor es sacar a los chicos de ciertas familias, porque son incapaces. Pero no hay persona incapaz de criar chicos, lo que puede haber son situaciones que hacen que no puedan desarrollarse, entonces es necesario instrumentar vínculos y programas de fortalecimiento”, señaló.

La especialista recalcó que no se trata de negar que existen situaciones de vulnerabilidad o de violencia en las que es necesario actuar, pero señaló que es peligroso generalizar, creer que ninguna familia es capaz de criar a sus hijos por ser pobre.

“Las organizaciones que anclaron fuertemente su identidad en decir, el Estado no es capaz y nosotros sí, hoy están condenadas al fracaso. Ahora, si pueden redefinirse como actores de lo público articulando lo estatal y lo que las organizaciones pueden sumar en cuanto a organización popular, me parece que hay un montón de cosas por hacer”.

 La presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo, Rosa Goldar, describió las mutaciones que tuvieron las políticas sociales a lo largo de la historia argentina, las que dejaron de ser focalizadas para convertirse en universales.

La especialista dijo que en la década del 60-70 y hasta la dictadura, donde había pleno empleo, se pusieron en marcha programas para asistir a los sectores desvalidos o políticas de integración, por ejemplo de vivienda. Luego, en la década del 80 y en especial del 90 con el fuerte crecimiento del desempleo y de las múltiples formas de vulnerabilidad social, comenzaron los planes compensatorios y focalizados, de la mano de la línea impuesta por los organismos multilaterales de crédito.

La profesora señaló que actualmente existe una política de transferencia de ingresos que viene a cubrir en algún sentido el problema de la desigualdad. Esto -señaló- se combina con programas compensatorios, mucho más orientados a la inserción laboral.