Mientras tanto, estamos enmudecidos y pavoneamos en la coyuntura. El gobernador Paco Pérez busca concretar con medidas coyunturales mejoras en la política criminal de la provincia en vista a los últimos hechos de violencia.   

Si la memoria nos acompaña y acudimos a ella sin contratiempos, los hechos de inseguridad nos recuerdan a los tan fallidos reclamos de Juan Carlos Blumberg, empresario textil, cuyo hijo, Axel, fue secuestrado el 17 de marzo del 2004 y posteriormente asesinado por sus captores. El crimen despertó la ira de amplios sectores de la sociedad que se veían amenazados por la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Se realizaron multitudinarias marchas para exigir el esclarecimiento del caso y mayores controles por parte de la policía, y Blumberg estableció la Fundación Axel Blumberg por la Vida de Nuestros Hijos con ayuda estatal.

Con el paso de los años su popularidad descendió por varios motivos: en parte, tras saberse que había hecho uso ilegítimo del título de "ingeniero" en sus presentaciones públicas. Por otro lado, sus exabruptos. Y sobre todo por las características de sus propuestas para combatir la inseguridad a la que muchos se opusieron. Un mal paso que dejó otra vez a la política pagando.

Nada es igual a la primera vez. La movilización inaugural de la familia Quiroga fue un sorpresazo, un terremoto que cambió el mapa de la Mendoza apacible y nos trajo malos recuerdos, pesadillas que no queremos revivir. La de ayer en Maipú por el esclarecimiento del crimen del chico Emanuel Páez encontró a todos sobre aviso. La magnitud numérica de la primera no dejó espacio al debate.

Ayer, con liturgia y acompañamiento, con corridas y cascotazos, el reclamo por mayor seguridad fue fiel a sí mismo. Los reclamantes fueron duros con la corporación política y judicial, pero también se esmeraron en limitar los consiguientes chiflidos de “la gente” y en proponerles leyes más duras para los delincuentes. Derraparon cuando se hizo la consabida alusión derechista a “los derechos humanos de los delincuentes”, cuyos orígenes se remontan a los argumentos de los defensores en el Juicio a las Juntas Militares. Pero se esforzaron por mostrarse ponderado y prodigó respeto a las instituciones.

El discurso por mayor seguridad de los trasnochados de siempre ha ido agregando demandas, sin desistir de las fundacionales. El agravamiento de las penas sigue siendo su caballito de batalla. Pero se vienen añadiendo reclamos concretos para aumentar los recursos económicos de las Fuerzas de Seguridad. Bien mirado, este reclamo es profundamente político. En un país azotado por carencias, la manta presupuestaria es indefectiblemente corta. Si se potencia la atención estatal en ese rumbo, alguna partida tendrá que sangrar. ¿El gasto social? Habrá que ver. Los manifestantes no dejaban dudas acerca de sus tres banderas cuando coreaban “Seguridad/ Seguridad/ Seguridad”.

La política mete la cola. Como tantas convocatorias de surtidos signos, asisten funcionarios del gobierno provincial y municipal. Pero quien se sube a una tarima, derrapa aunque no quiera a ese territorio. Sino pregúntenle al ministro Aranda y al intendente Bermejo que salieron corriendo despavoridos ante el insulto de la gente.

La convocatoria de ayer trajo ruido.  Y muchos medios magnificarán el número de asistentes a su convite del lunes a la noche. Cuando de política se trata el dato de “cuánta gente había” forma parte de la polémica. El problema es más profundo, estructural, económico, inclusivo. Con más policías en la calle y penas más duras se tapa el sol con la mano. Avanzar en este camino es tropezar una y otra vez con la misma piedra. La víctima de un delito puede enojarse con un interlocutor y negarse con gesto brusco a discutir un punto de desacuerdo. Un dirigente político está obligado a persuadir con argumentos. La política tiene que ir delante de los problemas, no detrás.