Mosquito transmisor del dengue versus humanos: un duelo de inteligencias
La investigadora Cecilia Domínguez, del CCT-Conicet Mendoza, contó las estrategias del insecto para ...
05 DE NOVIEMBRE DE 2024
Pensar en no cargar toda la responsabilidad en quien delinque sino en hacerse cargo de algo que no hayan hecho bien el Estado o la sociedad. Asumir las inevitables posiciones ideológicas y no prestarse al juego de lo turbio en cuestiones que nada tienen de ideológicas. Lejos del modelo de la seguridad instalado en los medios y cerca del vulnerable. Definitivamente, Omar Palermo llega a la Suprema Corte de Justicia con ideas de avanzada. Aquí, la primera parte de la entrevista realizada en la redacción de Edición Cuyo.
Dr. Omar Palermo, nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Foto Axel Lloret
Rodrigo Farías, Eva Guevara, Alejandro Rotta
Publicado el 21 DE DICIEMBRE DE 2012
El flamante Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con tan sólo
dos días en su rol, se prefigura como uno de los imprescindibles. Además de
la nobleza de su carácter, trae en su cabeza un programa de reformas bien estudiadas.
Confiesa que es poca su predisposición a hablar pero, mal que le pese, el diálogo
con el periodismo lo reconforta y anima; después de todo, sabe que tan necesario
es hacer acuerdos posibles en el interior de la conducción política del Poder
Judicial de la provincia, como atender la forma en que los discursos le llegan
a la sociedad. Edición Cuyo le abrió las puertas de la que es también su casa,
ya que dicta una Maestría en Ciencias Penales y es titular por concurso de la
Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.
En el periodismo hay una discusión importante en torno al significado
de la neutralidad. Hay quienes sostenemos que la noción de neutralidad está
superada a nivel científico, ya que es una herencia del positivismo. Es decir:
siempre que, como personas, nos instalamos en el mundo, vamos cambiando nuestra
visión respecto de las vivencias y conocimientos que poseemos, por lo tanto
tenemos una parcialidad. ¿Qué posturas defienden por lo común los jueces en
torno a la posibilidad o no de ser neutral?
Me parece que el tema de la neutralidad, como algo que no es del todo posible,
no está en el debate, al menos no de manera explícita, sí lo está en el lenguaje
implícito. Lo que yo creo es que en el Poder Judicial de alguna manera está
instalada la idea de neutralidad ideológica, idea que lleva a pensar que somos
a-políticos. Es una idea equivocada, ya que los actos del Poder Judicial son
también actos de gobierno y cualquier fallo tiene también una carga política
importante. En las situaciones en las que nos toca decidir, se puede discutir
si se puede tener cierta neutralidad sobre si una persona se llevó un yogur
de un supermercado. Ahora bien, después viene otra instancia donde, de acuerdo
a cómo uno se sitúe frente a ese hecho, si le carga ese conflicto enteramente
al autor, o también a la sociedad, o bien se le carga también al empresario
que oferta libremente a personas necesitadas productos a su alcance. Es decir,
a quién se le imputa el conflicto, si al chico que robó el yogur, al supermercado
o a la sociedad, implica una toma de posición sobre la forma en que se distribuyen
los costes de un hecho, lo cual implica que la neutralidad empieza a retroceder.
Habrá alguno que diga: "No, se llevó un yogur, tiene que pagar". Otros
dirán que es insignificante y entonces introducen un elemento que excluye la
posibilidad de imputación de un hecho.
Entramos en el terreno de la hermenéutica jurídica, que se contrapone a la vieja de idea de simple aplicación de la letra de la ley.
Entramos a un terreno donde es difícil que no se filtre, de algún modo, alguna
toma de posición ideológica. Yo no lo quiero decir de este modo, ya que por
ahí se torna confuso. Quiero decir, obviamente que los jueces, al igual que
cualquier persona, son portadores de ideología. La otra vez me preguntaron en
una radio que si ahora (N. de la R: se refiere a partir de su ingreso a la Corte)
se perdería un poco la ideología y lo que dije fue que eso no se pierde nunca.
Por supuesto que el trabajo judicial supone objetividad, pero uno siempre habla
desde algún lugar.
¿Y cómo repercute esto en la disputa por el poder dentro del ámbito judicial?
Creo que se está empezando a notar más que hay diferentes posturas, lo cual
existió siempre, pero estaba muy solapado. Yo soy de los que dicen: "Basta
de eufemismos". Claro que antes esto pasaba en un Poder Judicial mucho
más uniforme; ahora se está produciendo una fractura, de hecho es lo que ha
quedado de manifiesto con el último comunicado (N. de la R: se refiere al Pronunciamiento
sobre una “Justicia Legítima”, donde los firmantes aseguraron no sentirse representados
por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial), cosa que
me parece sana para las instituciones, para la ciudadanía y para el Poder Judicial.
Hay otra preocupación diferente a la neutralidad, que tiene que ver con
satisfacer la necesidad de saber qué fue lo que pasó en los últimos años, con
la dictadura militar concretamente. Con los juicios de lesa humanidad, da la
impresión de que el avance es precisamente por haber dejado de ser una valoración
ideológica sobre el genocidio, para tratarse de una verdad histórica.
Quería decir precisamente eso antes cuando hablábamos de la ideología, que hay
que salir del discurso de la ideologización en el tema lesa humanidad. Es que
eso enturbia la discusión y de algún modo, da lugar a la deslegitimación en
la que algunos están interesados. Cuando alguien le entierra un puñal a otro,
se acabó la discusión. Cuando alguien desparece a otra persona, la tortura,
y también mata de manera masiva, se terminó la ideología. En eso no hay
discusión alguna, se mató a miles de personas, ¿qué ideología hay ahí?
Ninguna. La discusión ideológica es, en todo caso, sobre si hay que juzgar o
no, pero se acabó el debate ideológico cuando el Estado mata masivamente como
lo hizo el Estado terrorista.
Cabría pensar que esto mismo repercute en otros ámbitos. Al menos en
el periodismo, donde también dejó de ser una preocupación exclusiva el problema
del sesgo en la información en un sentido u otro, para pasar a ser un problema
del ciudadano que se pregunta por qué tiene que leer titulares que le mienten
en relación a un hecho que ha sucedido.
Eso es maravilloso, lo que está pasando a ese nivel en la información permite
que uno pueda anticiparse al sentido de lo que va a leer, según el medio que
toma, es algo que habla bien de las cosas que empiezan a ocurrir ahora en el
país.
Raúl Eugenio Zaffaroni habla de "criminología mediática".¿Qué grado
de influencia tienen los medios en la determinación de los jueces a la hora
de juzgar delitos desde su punto de vista? A veces da la impresión de
que los medios son parte de una misma política criminológica, es decir, como
si fiscales y medios actuasen en un mismo sentido.
Puede ser que la impresión sea que la resolución judicial refleja el interés
del periodismo. Entiendo que mucho de eso es porque en la prensa está instalado
el discurso de la seguridad. El modelo de la seguridad, que es un modelo de
más derecho penal, de menos garantías para los ciudadanos, empieza a tener sus
reflejos en la política. Esa circulación también puede pensarse al revés, ya
que de alguna manera se está instalando el contra-discurso y eso cada vez más
aparece reflejado en el Poder Judicial. Ya no se puede decir que el modelo
de seguridad sea el modelo dominante, al menos a nivel judicial. Yo diría que
es casi políticamente incorrecto dentro del Poder Judicial. Ningún académico
ni ningún juez se sitúa hoy como neopunitivista, lo cual tiene que ver con que
también hay un contramodelo que se está instalando. Digo que se está instalando
porque a ese nivel, es decir, a nivel de los medios, la discusión pasa
por más derecho penal, más intervención, con lo cual los términos de la discusión
se pierden. No obstante, se escucha cada vez con más fuerza poner en tela de
juicio esa idea.
La idea más puesta en tela de juicio es que la justicia es una u otra
dependiendo de la condición social de las personas, que no es lo mismo vender
droga en el Dalvian que en el Lihué. Hasta en un homicidio culposo cometido
en una ruta, parece que no es lo mismo que el conductor haya sido, por caso,
un empresario.
Pareciera que todo el mundo reconoce que el sistema es selectivo, lo toma
como una verdad, lo cual es indiscutible. En Dalvian pareciera que no se
vende droga, no hay ni un solo caso; en el barrio Lihué, en cambio, todos los
días. La justicia federal se dedica básicamente a eso. Doy un ejemplo de
hace unos años. Tuvimos un caso de la muerte de varios internos en San Felipe,
tuvimos el juicio en la Cámara del Crimen: eran seis jóvenes que en un motín
quedaron encerrados, no pudieron salir; fue muy desesperante ya que murieron
ahogados y quemados en las celdas, hecho que de por sí acarreaba una responsabilidad
muy grande del Estado que era evidente. Al mismo tiempo que se juzgaba ese hecho
tremendo e indignante, se juzgaba el caso de Rasguido, que eran dos hermanos
que salieron a defender una 4x4, también un hecho gravísimo, ya que mataron
a uno de ellos y el otro quedó inválido. La nota diferencial era que se trataba
de gente de clase media, por lo cual ese sí era tema de tapa de los dos diarios,
mientras que el caso de las seis muertes de San Felipe mereció un suelto muy
escueto. Yo lo puse en la sentencia, dije ahí que las vidas del penal valen
menos o tienen menor peso.
La estigmatización de los medios de comunicación es de todos los días.
Hace poco se dio a conocer un informe, según el cual un preso le cuesta a Mendoza
5.000 pesos, y algunos diarios lo presentaban como si fuese algo horroroso,
que el Estado gastara tanta plata en mantener a un preso.
Pero son los mismos medios que señalan que las tasas de reincidencia son tremendas,
entonces, ¿en qué quedamos? Pareciera que no querés hacer nada, sólo
cargarle todo el coste a ese tipo que está preso, eso es como no hacerse cargo
de nada. Primero, lo dejás afuera; después, cuando delinque, le echás toda la
culpa a él y lo mandás preso, cuando está preso no querés hacer nada para
los presos. Después sale y vuelve a reincidir y le volvés a cargar todo
el coste a él. En definitiva, ¿cuándo asumís vos lo que te toca, como Estado
o como sociedad?
En este sentido, de la Ley Petri, ¿podemos decir que representa un
retraso en términos de derechos y garantías?
Prefiero no opinar sobre esa Ley ya que puede ser judiciable. Lo que sí puedo
decir es que el Estado tiene un mandato que viene de los Pactos internacionales,
que es un mandato de rehabilitación. El mandato de rehabilitación es un mandato
de inclusión, es decir, que ningún discurso que profundice la exclusión puede
ser acorde con los pactos internacionales.
En estos casi 20 años que lleva de magistrado, ¿percibe que los casos
como el hacinamiento y las condiciones inhumanas en la cárcel –situación que
le valió a la provincia una condena internacional- lo sensibilizan especialmente?
Sí, desde siempre. Desde que era abogado, antes incluso siendo estudiante,
y después como juez, he tenido especial sensibilidad por el vulnerable. Me
acuerdo de que en San Martín cuando era Fiscal, el Juez tenía que resolver la
situación de un grupo de peruanos que se organizaban para cometer hurtos, y
claro, los hurtos eran excarcelables, pero no tenían domicilio fijo, entonces
el Juez les negaba la excarcelación mientras que yo apelaba todo eso ante la
Cámara. Era el año 1993. Obviamente, perdía todas esas apelaciones ya que la
Cámara le daba siempre la razón al Juez. Con respecto a la cárcel, me pasa lo
que le pasa a algunas víctimas negadoras, porque me impresiona mucho. Claro
que también me sensibiliza la gente que se deja el alma por el trabajo de reinserción
de los presos, creo que son gestos que hacen falta, además de políticas claras
en materia de ejecución penal. Como Poder Judicial, tenemos el deber de controlar
que las condiciones de detención no sean indignas y ofrecer alternativas, condiciones
de resocialización, aunque sean utópicas.
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