El abogado Eduardo Barcesat fue invitado por el programa Café Universidad a analizar el papel “protagónico” –tal como lo definió el periodista conductor Marcelo Rippari- que ocupó la Justicia en el ámbito nacional durante 2012, un año marcado por fallos que pusieron en duda el carácter imparcial y democrático de la Justicia nacional.

El mayor espacio de la charla lo ocupó la necesidad de habilitar y consolidar un proceso de democratización judicial, tras sentencias que ganaron el inmediato repudio popular. Entre ellas, las 13 absoluciones del caso Marita Verón y la prórroga de la cautelar -a cargo de la Cámara Civil y Comercial Federal- solicitada por el Grupo Clarín para dilatar su adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

En primer lugar, el letrado consideró que en ningún poder del Estado deben existir “cargos a perpetuidad sin ninguna forma de control y sin ninguna representación popular". Desde allí, remarcó la importancia de propiciar el diseño de iniciativas institucionales basadas en un profundo proceso de democratización judicial.

El pueblo a la Justicia. En este sentido, lo fundamental para el especialista es la exigencia de la revalidación de los cargos judiciales cumplidos en determinado periodo –por ejemplo, cada siete u ocho años-. Durante la entrevista, propuso que este mecanismo se realizara mediante concursos de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura correspondiente –en referencia al de orden nacional y al provincial-.

Otro aspecto que subrayó como trascendental para que la trasformación judicial se concrete como “verdaderamente democrática”, es que se garantice la presencia de un sector inexistente hasta ahora, en el ámbito judicial, dentro de la integración de fusión de los Consejos de la Magistratura. En concreto, el letrado pidió que dentro de esos órganos haya representación popular. Es decir, que sean representantes del pueblo quienes decidan “qué justicia queremos, cómo se debe administrar esa justicia, y cuál es el rol y la eficiencia de los jueces en el cumplimiento de esa demanda constitucional, de conocer y decidir en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes y los tratados”, afirmó.

Ante la consulta sobre cómo se canalizaría este mecanismo de elección popular dentro del órgano, el letrado explicó que, si desde el ámbito legislativo, académico y judicial se interviene, también puede hacerse desde una esfera popular.

“Debería existir un tramo que sea de representación popular, que puedan proponer organizaciones que refieren al control de la función pública. Desde allí se podrían proponer candidatos que no surjan del monopolio de los partidos políticos, sino, por ejemplo, de asociaciones vecinales”, manifestó. Y argumentó: "En la medida en que haya presencia popular, la administración de justicia ante ese control difuso mejorará su calidad institucional. Quien tiene un poder que no es controlable tiende al desvío, y esta es una tendencia a controlar”.

Juicio por jurados. Barcesat también ponderó algunas ideas viables en materia de proceso penal y en determinado tipo de delito, para que la transformación judicial al servicio del pueblo se haga efectivamente posible. La presencia de un jurado popular para definir la culpabilidad o la inocencia de imputados dentro de procesos judiciales es una de ellas.

Esta iniciativa, conocida constitucionalmente como “juicios por jurado” ya ha tenido algunos simulacros de prueba en la provincia y está a la espera de su completa aprobación por las autoridades correspondientes. El abogado, consultado por Radio Universidad, expresó su acuerdo con ella, siempre y cuando se aplique sobre determinados delitos y se acompañe con una arquitectura edilicia acorde.

Con respecto al último requisito, explicó que la cuestión de la infraestructura se hace necesaria porque el jurado conformado por ciudadanos requiere de salas preparadas especialmente para dicha función. “Esto parece muy pueril pero es fundamental para que los procedimientos sean verdaderamente ágiles y no se demoren. Si no hay salas suficientes y adecuadas para los juicios orales, la idea fracasará, porque terminarán siendo más extensos aún que los procedimientos escritos”, detalló.

La concreción de esta medida se traduciría en un “destacable avance para la sociedad”, consideró, “ya que ubica a la Justicia frente al pueblo y con el pueblo respecto a la toma de decisiones”.

Elección popular. Si bien Barcesat dijo no tener una posición absolutamente definida, manifestó en un principio su apoyo a la propuesta de que los tribunales superiores provinciales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación presenten cargos renovables con mandatos de entre siete y ocho años, y sean designados por elección popular, “dado que efectivamente se trata de cargos políticos”, aseguró.

“Elección popular en los máximos tribunales y carrera judicial que también debe comprender al personal que trabaja en la administración de justicia, para evitar nombramientos de entrecruzamientos de familias que se enquistan en el poder judicial”, sintetizó como iniciativas centrales para democratizar la administración de Justicia en el país.

Consultado por los reparos que el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, ha hecho públicos sobre esta propuesta, al considerar que el mecanismo podría habilitar “la demagogia” dentro del sistema judicial, el abogado Barcesat explicó: “Precisamente, para que eso no ocurra es que se propone un examen de reválida para los cargos en cuestión, como lo tenemos en la vida académica”.

“Creo que el concurso no es un mácula, al contrario, es un criterio de legitimación para el magistrado, y oponerse a ello me parece totalmente impropio. Los cargos dentro de empresas privadas o estatales están sujetos a una revisión de su eficiencia y cumplimiento; no veo por qué la Justicia tenga que estar exenta de ello”, sostuvo.

“Obvio que también hay terminar con el carácter prebendario de privilegios que afectan el principio de igualdad ante la ley”, señaló respecto a la resistencia desplegada por la corporación judicial a que se modifiquen sus dietas y a que se elimine la excepción del pago de impuestos de la que goza.

El año 2012 ha transparentado la politización interna y corporativa dentro del Consejo de la Magistratura. La muestra por excelencia, según señaló, fue su desempeño con respecto a las estrategias judiciales del Grupo Clarín para incumplir con la LSCA. “Vimos al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación hacer una especie de 'scrum' tutelar del privilegio de la Cámara  Comercial y Civil federal y del fuero en general, preservando una inscripción ideológica y de privilegio hacia los monopolios. Esto, evidentemente, desnaturaliza el principio de igualdad ante la ley y de juez imparcial”, denunció.

El cambio. Asimismo, Barcesat consideró este hecho como una de “las tremendas enseñanzas” que deja este 2012 en materia judicial. Dijo sentirse expectante de las iniciativas de fondo que proponga el Congreso de la Nación para mejorar la calidad de la administración de justicia en Argentina.

Por otro lado, se mostró escéptico de que las ideas transformadoras emerjan directamente del Poder Judicial. “Hasta ahora, lo que ha salido de ese ámbito es una resistencia al pago a los impuestos y, fuera de eso, una defensa acrítica de su desempeño”, dijo en referencia a la solicitada emitida a principios de diciembre por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y asociaciones de magistrados, donde se denuncian supuestas presiones al Poder Judicial en torno al conflicto planteado entre el principal monopolio mediático del país y el Gobierno nacional por la plena aplicación de la LSCA.

“Frente a esa actitud de encerrarse sin un  mínimo de autocrítica, me parece que la que tiene la respuesta es la sociedad”, concluyó.