Este martes la Cámara deSenadores tratará el proyecto destinado a crear el mecanismo  provincial de prevención de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas privadas de su libertad. El mismo fue aprobado la semana pasada en Diputados  y enviado por el Ejecutivo a partir de los hechos de torturas y abusos cometidos por parte de penitenciarios contra internos de la cárcel de San Felipe.

En concreto la medida propone la creación de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, que tendrá sede en la Primera Circunscripción Judicial y se guiará “por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad”.

Según explica la letra de la iniciativa, se orientará en “la defensa y la protección de derechos y garantías consagrados en tratados internacionales, en las Constituciones provincial y nacional de toda persona que sea privada de la libertad de cualquier modo, en todo tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado Provincial”. Asimismo sus facultades estarán extendidas también a “la protección de personas privadas de libertad en entidades de carácter privado”.

El abogado de Derechos Humanos, Diego Lavado, expresó a NU Digital su satisfacción con la sanción de la Cámara Baja y confió en la aprobación definitiva de la iniciativa. Remarcó que el visto bueno dado por los legisladores  es “muy interesante porque responde al primer tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establece un mecanismo de prevenciones sobre violaciones a derechos humanos, y que podría considerarse como una nueva generación de tratados”.

El abogado, a través de la Asociación Xumec que él mismo preside, denunció el mes pasado ante el fiscal de delitos Complejos, Sergio Garay y ante la directora de Derechos Humanos de la Provincia, María José Ubaldini, las torturas a las que fueron sometidos los internos de San Felipe. Las mismas datan de mediados del año pasado y se hicieron públicas en febrero último a través de filmaciones caseras tomadas por un teléfono celular. El dispositivo fue hallado en cercanías del penal mendocino y a partir de allí trascendieron a la escena pública comprometiendo una vez más la gestión penitenciaria del gobierno actual y de los que lo antecedieron.

Lavado valoró la iniciativa al considerar que si bien existen mecanismos de prevención se encuentran dispersos dentro de algunos tratados, como en la Comisión de Desaparición Forzada y en la Comisión Contra la Tortura. En cambio esta ley actúa directamente antes de que ocurran los degradantes hechos.

Destacó la vinculación de  la propuesta local con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU porque  este último “prevé la creación de un subcomité internacional formado por representantes de distintos países encomendados a realizar seguimientos de las condiciones de detención de las personas”.

Según explicó el letrado, esto incentiva que los países en sus ámbitos internos repliquen la conformación de un comité integrado por funcionarios específicos independientes del poder político y por representantes de la sociedad civil.

En este sentido, aseguró que el proyecto de ley provincial que se los senadores discutirán hoy, se enmarca en los principales tratados internacionales ya que, entre otras cosas,  crea al nivel local la figura del Procurador penitenciario.

En este punto es necesario precisar que el proyecto explicita que la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura estará integrada por el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad y por representantes de organizaciones no gubernamentales. Además plantea la posibilidad de designar a un Procurador adjunto en el caso en el que sea necesario.

A su vez, el Procurador será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Senadores y será elegido por una terna vinculante propuesta por una Comisión Asesora. Lo novedoso también es que la misma estará conformada por las cátedras de Derechos Humanos de las universidades locales mediante concurso público de antecedentes y oposición.

Sobre las funciones del Procurador y del comité, Diego Lavado destacó que tendrán la facultad de visitar los lugares de detención sin previo aviso, interpelar a las personas detenidas y recibir información del personal penitenciario y de las autoridades de gobierno. A partir de allí se encargarían de elaborar  un informe evaluativo de las condiciones de detención de los reclusos.

“De haber existido esta ley con anterioridad el caso de San Felipe podría haberse evitado”, expresó el abogado al respecto. Y recalcó la necesidad de contar a la brevedad con su aprobación y puesta en vigencia.  

A continuación explicó a este medio que los lugares de detención son sitios propicios para que las personas que están a cargo de la seguridad de los internos cometan abusos del poder y que a su vez las víctimas no sienten que estén dadas las condiciones para denunciar los maltratos.

En esta sintonía, descartó la posibilidad de que las torturas del penal local “constituyan un caso aislado”, tal como argumentaron referentes del gobierno provincial una vez que las imágenes fueron replicadas en las pantallas de los principales canales de televisión del país. Y agregó: “es una práctica que se ha venido verificando a lo largo de los últimos años, y que en ocasiones se extienden también a las fuerzas policiales”.

Ante esta realidad consideró valioso el aporte del proyecto respecto a sus incidencias y facultades. “Es muy importante contar con esta ley sobre todo en Mendoza, donde sobran los motivos para aplicar el mecanismo de prevención de torturas. No nos olvidemos que en esta provincia existe la única cárcel intervenida del país”.

También aclaró que no se trata de una iniciativa nueva, ya que hace años que esperaba ser debatida. Sucede que el caso de San Felipe agitó las aguas para que el Gobierno apresurara su tratamiento y el tema se instalara en el debate político y social.

Las causas de San Felipe. Consultado sobre el estado de las causas penales contra los penitenciarios que fueron visibilizados en los hechos de tortura,  el abogado Diego Lavado aseguró que la investigación está llegando a la etapa final.

“El fiscal ha tomado las pruebas necesarias para verificar lo que sucede en las filmaciones, es decir lo que cuenta la historia completa, la que se ve y la que no se ve en el video”, dijo. Según explicó,  mediante la investigación ya se han confirmado los lugares puntuales donde se cometieron los abusos, la cantidad de partícipes y la existencia de testigos.

Respecto a la situación concreta de los imputados informó que hay siete detenidos acusados de delitos de torturas y distintos grados de participación. Confirmó también que otros tres están acusados de participación secundaria y que se presenta un caso de apremios ilegales pero  no de torturas, por lo tanto estos últimos agentes no están detenidos.

Una vez que concluya la tarea del fiscal deberá hacerse el requerimiento de la elevación a juicio, que en caso de no encontrarse grandes oposiciones en esta instancia, se llegaría al juicio oral contra los agentes imputados.

Lavado aseguró que frente a los evidentes hechos de torturas grabados por los celulares y la contundencia de las pruebas, el juicio tendrá como destino develar los grados de participación de los agentes incriminados, pero que “no va a haber mucho más que discutir”.

Además, el abogado confió en que el debate judicial “seguramente va a terminar con una sentencia condenatoria”.  

También recalcó que la  responsabilidad de los funcionarios penitenciarios será evaluada desde dos niveles. El penal, anteriormente detallado, y el que hace estrictamente a la función, a cargo de la Inspección General de Seguridad, órgano que tomará las medidas disciplinarias correspondientes contra los agentes torturadores.