El inicio del nuevo Gobierno dejó mucha tela para cortar en este proceso que comenzó con el objetivo de normalizar la economía y destrabar el laberinto de cepos que dejaron doce años de gobierno kirchnerista. El primer paso, antes de fin de año, fue el levantamiento del “cepo cambiario”. De esta forma, quedaron atrás cuatro años signados por los fuertes controles que engendraron una innumerable cantidad de distorsiones, estancamiento económico, anémica creación de empleo privado, elevada inflación, marcado deterioro en la infraestructura y acelerada pérdida de reservas.

La realidad demostró que, lejos de los “fantasmas” que predecían quienes apoyaron esas políticas, el mecanismo y las políticas coordinadas que llevaron al levantamiento de las restricciones cambiarias facilitaron una unificación del valor del dólar, lo que mermó las chances de un potencial “overshooting”. Además, previo al levantamiento de las restricciones, la cartera económica dio otra señal para reactivar las devastadas economías regionales con la eliminación de las retenciones a los productos industriales y agrícolas, y la baja de cinco puntos para el complejo sojero. Esta situación representó una mejora real del ingreso para el sector primario y secundario de la economía.

En simultáneo con estas medidas, la política monetaria recuperó su independencia en las decisiones y retomó como objetivo el “resguardo del valor de la moneda”. Por eso implementó un incremento en las tasas de interés en las licitaciones de Lebacs, procurando volver más atractivos los rendimientos en pesos, a fin de restarle impulso a la demanda de dólares en el mercado de cambios. Tasas que, con el correr de las semanas, comenzaron a contraerse buscando reactivar la economía y no generar un mayor costo “cuasi-fiscal”, que representaría una carga mayor de cara al futuro.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Finanzas

El último punto que completa la primera parte del “plan normalización” vislumbra la línea fiscal. Es decir, corregir los desequilibrios heredados y reducir gradualmente la inercia inflacionaria. La premisa es alcanzar niveles de un dígito hacia fines del nuevo mandato presidencial, tarea que representa el gran talón de Aquiles y que determinará el éxito o fracaso del programa integral.

En tal sentido, los números marcan que durante el año 2015 el déficit habría alcanzado 5,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), el mayor nivel de las últimas tres décadas, que llegaría a 7,8 % si se anualizaran las últimas medidas expansivas en materia fiscal llevadas a cabo por la gestión anterior. Con este punto de partida, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció el “Programa Fiscal y de Metas de Inflación (PFyMI)” en busca de manejar las expectativas inflacionarias.

Así, el objetivo fijado para el 2016 será reducir el déficit primario a 4,8 % del PIB, con foco en un recorte en los subsidios energéticos y un cambio en la forma de otorgarlos, pasando a subsidiar la demanda en lugar de la oferta. Recordemos que hoy los subsidios a la energía que reciben entre el 30 % y 40 % más rico de la población representan la mitad de los subsidios totales.  Para los años posteriores, se proyecta un sendero descendente del déficit a razón de 1,5 puntos del PIB, con lo que en 2019 el resultado primario estaría equilibrado. Llevar el déficit fiscal primario a cero en 2019 es un objetivo realista.

En síntesis, durante el año que estamos transitando el dolor de cabeza del Gobierno será manejar el profundo desequilibrio en las cuentas públicas. Buscar financiamiento externo, resolviendo los litigios con los “holdouts” y lograr frenar el ritmo de emisión monetaria, que sobre fin de año mostraba una tasa de expansión récord de 43 %, serán pilares fundamentales.

El termómetro que marcará el pulso de la política económica será la inflación, que el Gobierno fijó para diciembre en un rango de 20 % a 25 % anual, más baja que la de 2015 (28,5 % anual). Por ello, el gran desafío económico del nuevo Gobierno es vencer el déficit fiscal primario. Tarea que luce exigente si se considera que es un año en que se están corrigiendo las distorsiones de precios relativos: suba del dólar, ajuste de tarifas de electricidad y gas, renegociación de salarios y baja de la presión tributaria. El costo será un estancamiento relativo de la economía al menos durante los primeros meses del año, a la espera del ingreso de la cosecha gruesa que augura un segundo semestre más optimista.