Norma y Cachita se conocieron en 1971, cuando ambas tenían 28 años y estaban casadas con hombres. La educación conservadora que habían recibido y la distancia que vivieron durante siete años les impidieron reconocer lo que sentían una por la otra. Vivían en Colombia y tenían 37 años la primera vez que estuvieron juntas, en una relación clandestina que tomó vuelo cuando Norma enviudó y Cachita se separó de su marido. 

En 2000 regresaron a Argentina, donde Cachita se reencontró con su hijo y Ramona retomó la militancia, esta vez vinculada con los derechos de la diversidad. Como parte de esa militancia, la pareja realizó la unión civil, que reconocía la convivencia de hecho pero no equivalía al matrimonio, y pidieron fecha para casarse, pero se la negaron. Reiteraron el pedido a principios de 2010 y, ante una nueva negativa, presentaron un recurso de amparo. La jueza porteña Elena Liberatori autorizó el enlace, y las novias legalizaron su relación de tres décadas el 9 de abril de 2010. La sorpresa llegó una semana más tarde, cuando la jueza civil nacional Martha Gómez Alsina decidió la nulidad de ese matrimonio. Su cautelar hacía lugar al pedido de un abogado ultraconservador, empeñado en obstaculizar el avance de derechos. La jueza Liberatori anuló la anulación y denunció la afectación de autonomía que la decisión de Gómez Alsina representaba sobre la justicia porteña. 

Norma y Cachita difundieron entonces una carta abierta a través del blog de la organización 100% Diversidad y Derechos, en la que defendían y explicaban su reclamo:

"Estamos firmes porque nos avala toda una vida de amor y de trabajo, porque sentimos que este esfuerzo nuestro se basa en el recuerdo y en nombre de quienes pasaron por este mundo teniendo que soportar estigmas, afrentas, injurias, burlas, desprecios y discriminaciones. (...) Pedimos igualdad jurídica con sus derechos y obligaciones para realizarnos como seres íntegros/as, como lo que somos: seres humanos. Esta igualdad es, mas que nunca en este caso, sinónimo de justicia y eso es lo que lograremos. 

"Pero hoy y ahora no queremos eufemismos pseudo legales, no queremos ghettos disfrazados de leyes, exigimos lo que como personas, ciudadanos/as y habitantes de este país nos corresponde de manera inalienable. No queremos dogmas que no son nuestros poniendo barreras institucionales y hablando como si fueran dueños/as y amos/as. Una diputada dijo que lo único que quería con su proyecto alternativo era defender la institución del matrimonio. Pregunto ¿de qué la va a defender si no la estamos atacando? Todo lo contrario, queremos integrarnos a ella, esto si entienden el significado de la palabra integración tanto como el de exclusión".

El tiempo jugó a favor de la pareja. El 5 de mayo a la madrugada, tras un largo debate, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma del Código Civil para habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo; una decisión que el Senado, en una jornada histórica para la democracia, aprobó durante las primeras horas del 15 de julio.

Desde ese primer desafío a la unión civil como único derecho, las parejas LGBT, pero especialmente las lésbicas, conquistaron grandes avances. La Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26618), con el reconocimiento automático de todos los derechos que ya tenían las parejas heterosexuales, fue el fundamento para la recepción de otros reclamos, como la inscripción conjunta de los hijos e hijas de matrimonios comaternales, nacidos y nacidas antes del 15 de julio de 2010 (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1006/2012), aunque otras posibilidades, como el acceso a la fertilización asistida, queden condicionados por la redacción del proyecto de reforma del Código Civil.