“Los docentes a las aulas: la batalla final” podría denominarse el emprendimiento que está realizando la DGE antes de que comiencen las clases. Revisar los cambios de funciones fue uno de los anuncios que realizó el director general de Escuelas elegido por Alfredo Cornejo, Jaime Correas, apenas asumió en su rol. El otro gran paso para que esto suceda fue publicado en el boletín oficial de ayer. Se trata de terminar con las misiones especiales de los trabajadores de la educación.

Las misiones especiales son trabajos especiales para los que son convocados los educadores y no guardan relación con la tarea de enseñar. En verdad se trata de tareas que deben desarrollarse por un tiempo específico, con fecha de inicio y de caducidad, y no por tiempo indeterminado, como ha sucedido hasta ahora.

La naturaleza de estas actividades es variable. Con este permiso especial, hay docentes desempeñándose como administrativos, técnicos o asesores. No hay un límite en este sentido. Pero a partir de ayer, la DGE dejó de permitir este especie de “adscripción” –aunque en términos de administración pública no lo es– a partir de ayer. Es decir que cuando comiencen las clases, los maestros titulares deberán regresar a sus anteriores puestos de trabajo.

El punto es que la DGE espera ahorrar una buena suma de dinero por no continuar pagándole a un reemplazante y haciendo al mismo tiempo una reserva de cargo al titular de la cátedra. Durante la gestión de María Inés Abrile de Vollmer frente a la DGE, la funcionaria intentó poner fin a esta idea, pero no pudo. Es que en el gobierno de Francisco Pérez no había una fuerte determinación política para hacerlo y Abrile de Vollmer se vio sola en esta tarea titánica. Anunció que había 2000  maestros, maestras y profesores que se encontraban en misiones especiales. De estos, sólo lograron que volvieran 1000.

Correas no asegura el dato ni lo desmiente, sino que se juega por realizar su propia medición. Para esto, los hará volver a todos a la vez el 29 de febrero a sus puestos originales, de modo de ordenar el sistema. No obstante, no descarta que se haga alguna excepción, esto en beneficio, principalmente, de las necesidades que la DGE tenga que satisfacer.