El 19 de abril, el gobernador Alfredo Cornejo fue entrevistado por Alejandro Fantino en el programa Animales sueltos. Con posterioridad, no faltó la circulación de memes con ciertos pasajes de la entrevista. Es que para muchos/as los dichos del gobernador no podían tratarse sino de un chiste, quizás una mala broma.

En lo que sigue propongo tomar algunos recortes aunque sea para registrar aquello que tienen para decirnos seriamente:

"En Mendoza no tenemos ni paros, ni cortes, ni conflictos sociales" (Alfredo Cornejo)

Tal vez pocas cosas resulten tan seductoras para quienes ocupan un lugar de poder que la oportunidad de presentar su dominación como una totalidad sin fisuras, esto es, un dominio irrefutablemente pleno. Pero si se trata del gobernador, una “persona de Estado”, esa ambición encarna una contradicción estructural: cómo presentar los despidos, precarización y disminución del salario, el vaciamiento de la política social, el avasallamiento de los derechos humanos, el endeudamiento público descarado, los tarifazos y, por supuesto, la violenta política represiva como…

El “ajuste necesario de la Argentina, el ajuste que la Argentina necesita hacer”, (Alfredo Cornejo).

La ilusión de presentar el proyecto político del Gobierno como un rumbo indiscutido comanda gran parte de la disputa político-ideológica en el espacio público. Para ello siempre las fuerzas políticas se valieron de diversos dispositivos, y hoy sabemos que una herramienta clave del bloque dominante es la alianza del poder político con los medios hegemónicos de comunicación (entre otros). Ahí están entonces, Cornejo y Fantino, sentados frente a “toda Argentina”, tal como le advertía el conductor: “te está viendo todo el país, estás entrando a pueblos del sur, del norte, de capital, te están viendo en Mendoza, en todos lados a esta hora y hay mucha gente viéndote”… Se trataba precisamente de una presentación, una puesta en escena que no ahorraba (auto)elogios -“Estoy perfecto”, decía Cornejo; Ttodo el mundo habla de vos”, respondía Fantino. Esa construcción de la imagen del gobernador como un hombre de pura cepa, pueblerino y costumbrista, no podía sino pagar semejante encantamiento con el gesto impostado y el tono sobreactuado que dominó toda la conversación.

Los tropiezos del gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza son varios en lo que va de su gestión y proliferan los conflictos sociales. Hace unos días irrumpió uno de los que promete costarle más caro: la intensa movilización que se ha producido alrededor de lo que se conoce como fracking.

La preocupación por posibles proyectos de explotación de yacimientos no convencionales no es algo nuevo para las asambleas ciudadanas de la provincia, quienes en 2013 lograron presionar en los Concejos Deliberantes para declarar la prohibición del fracking en diferentes municipios, tales los casos de General Alvear (Nº 3934/13), San Carlos (Nº 1431/13) y Tupungato (Nº 08/13). Sin embargo, desde el mes de marzo la conflictividad adquirió una nueva dinámica, de ritmo acelerado y con mayor intensidad, que precipitó en una serie de acciones colectivas y tiende, en los últimos días, a extender la protesta contra el fracking a todos los rincones de la tierra del sol y del buen vino.

Un heterogéneo espectro de colectivos sociales, organizaciones no gubernamentales y asambleas autoconvocadas están confluyendo en un rechazo común al avance de la explotación de petróleo y gas por fracking. Desde bibliotecas populares y asociaciones ambientales, hasta instituciones gremiales y profesionales, pasando por la Federación Argentina de Espeleología (FADE) y, por supuesto, las asambleas socioambientales como la AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura).

Hay un estado de asamblea permanente en la mayoría de los departamentos provinciales (General Alvear, San Rafael, Malargüe, Uspallata, Ciudad, San Martín, Lavalle, Luján, Maipú, San Carlos, Tupungato y Tunuyán). El repertorio de acciones bajo el cual se coordina la lucha ha tendido también a diversificarse y a jugarse en diferentes ámbitos sociopolíticos. Hay desde actuaciones institucionales (demandas de inconstitucionalidad, presentación de amparos judiciales y proyectos de ley para la prohibición y moratoria del fracking en la Legislatura), actividades de concientización y divulgación (charlas informativas, uso intensivo de redes sociales, presencia en actividades artísticas, entrevistas radiales, recolección de firmas), hasta diferentes medidas de acción directa: principalmente concentraciones y marchas.

Hace unos días la protesta social transitó lo que hasta el momento han sido los de mayor efervescencia, tanto en el debate público como en la acción colectiva. La masiva movilización del miércoles 25 de abril por la noche en Alvear (calculada en 8000 personas), fue seguida por el corte de la ruta 40, a la altura de Eugenio Bustos (San Carlos) del día jueves 26. Aparentemente improvisado por jóvenes estudiantes del terciario Rosario Vera Peñaloza, preocupados por la presencia y movimientos extraños de un camión con dos grandes tanques que se dirigían a la zona de Puesto Rojas, la medida rápidamente encontró eco entre los/as habitantes del lugar.

El corte tuvo resonancias en otras zonas de la provincial como San Rafael y la ciudad de Mendoza, lugares en los cuales se realizaron concentraciones y marchas convocadas durante ese mismo día. A pesar de que no había habido un corte total del tráfico, sino que se impidió únicamente el tránsito del camión sospechoso, la medida provocó la inmediata respuesta por parte de las autoridades, claramente orientada al amedrentamiento de la ciudadanía a través de la criminalización y judicialización de la protesta. El juez federal Walter Bento emitió una orden de desalojo y dispuso la posterior imputación de 11 manifestantes. La persecución incluyó la visita de Gendarmería a la institución educativa para identificar a los/as estudiantes que habían participado del corte. Días posteriores se conocieron nuevos imputados.

La movilización y agitación social de estos días ha empujado nuevamente al encuentro con el/la otro/a, al intercambio de ideas, a tejer solidaridades y al ejercicio del diálogo, todas prácticas muchas veces caídas en desuso en ciertos espacios sociales. El debate, la discusión, los desacuerdos y las contrariedades personales y colectivas también están a la orden del día. Se expresan en el torbellino de ideas, la superposición de actividades, el efecto no deseado que produce la sobreinformación, las posibles tensiones entre diferentes demandas y reivindicaciones.

Tiremos brevemente de alguno de esos hilos para hacer una serie de puntuaciones.

“Es legítimo ser parte de decisiones grandes…” (Alfredo Cornejo)

Aquello que en la entrevista el Gobernador afirma como un deseo personal genuino, el pueblo de Mendoza lo reclama como derecho colectivo. Gran parte del descontento que se ha ganado entre diferentes organizaciones y sectores sociales se liga a la manera con la que la gestión de Cornejo ha decidido y pretende avanzar con el fracking en Mendoza, una técnica por lo menos cuestionada en todo el mundo: imponiéndolo a las apuradas y sin dar lugar a la participación ciudadana.

El 27 de julio de 2017 comenzó la prueba piloto de factura hidráulica por parte de la empresa El Trébol en la zona de Puesto Rojas, yacimiento Cerro El Pencal (Malargüe). Se trató de cuatro pozos petroleros que el gobierno provincial autorizó a través de una simple resolución de la Secretaría de Protección Ambiental (N° 813), la cual fue sacada en tiempo record (una semana), sin audiencia pública y sin evaluación de impacto ambiental.

Desde el Gobierno afirman que sí hubo evaluación ambiental, pero lo hicieron bajo la figura legal de “aviso de proyecto”, la cual muchos especialistas en derecho ambiental cuestionan. Se trata de un procedimiento que pasa por un dictamen técnico (a cargo del Departamento General de Irrigación y la Fundación Cricyt) pero que no es una manifestación general de impacto ambiental y audiencia pública, todo lo cual supone la participación de otros organismos, entre otros pasos. La excusa: se trataba de pozos que ya estaban en explotación (mediante técnicas tradicionales) por lo que no hacía falta una manifestación de impacto ambiental nueva, sino que se ampliaron los permisos ya existentes.

Por su parte, la audiencia pública, llegó el 28 de diciembre, cuando estaban concluidos los trabajos. Para ello, el Gobierno eligió un lugar con un establishment en sintonía y se aseguró el debido cerco mediático: a pesar de que quienes participaron de aquella audiencia aseguran hubo una fuerte paridad de posturas en el debate –sin contar las exposiciones de funcionarios y autoridades, hubo 27 oradores/as a favor y 27 en contra–, el diario Los Andes afirmaba al día siguiente: “Avanza el fracking con más apoyos que quejas”.

Por último, a comienzos de marzo, el Ejecutivo termina de allanar el camino al fracking estableciendo la reglamentación de la fractura hidráulica por decreto (N° 248/18), instrumento con el que detallaba los procesos administrativos y los futuros controles que se debiera seguir para la realización de esta técnica. Es decir, el Gobierno autorizó la técnica del fracking sin mayores estudios previos ni participación ciudadana y luego toma esa prueba piloto como modelo a seguir para otorgar futuros permisos: si lo tomamos a la letra, podríamos decir que lo que hizo con la prueba piloto es lo que tiene pensado hacer con su política extractiva.

En definitiva, esta breve síntesis permite situar una de las principales demandas que organiza la vida del conjunto de asambleas que hoy se encuentran en estado de alerta y movilización: el derecho a participar de las decisiones que afectan al territorio en el que habitan, puesto que no se trata de decisiones superficiales, sino de introducir profundas “fracturas” que alteran nuestros propios modos de vida: qué producimos, para quiénes, a través de qué técnicas, qué lazos sociales generamos con la naturaleza, entre otros.

“Somos lo que protegemos”, podía leerse en una pancarta. Efectivamente, el pueblo mendocino exige participar de las decisiones que suponen cambiar lo que somos a partir de las modificaciones que introducimos en el suelo que pisamos. Se trata, por otra parte, de una demanda que hoy se encuentra ampliamente reconocida por toda la legislación nacional e internacional.

“Precios razonables para que las empresas inviertan (…) y en ese sentido no hay otro camino que este que está siguiendo el Gobierno” (Alfredo Cornejo).

Queda a la vista el criterio de razonabilidad que orienta el proyecto político de los Gobiernos provincial y nacional: no se trata de la cartera de la dama o del bolsillo del caballero, sino de la especulación del capital financiero. Precisamente Cornejo, en la entrevista, puso de ejemplo lo que sucede con el gas. Quienes rechazan el fracking en Mendoza, señalan que el problema del tarifazo está de alguna manera relacionado con la explotación de hidrocarburos no convencionales. Pues estamos frente a una técnica notablemente más costosa que la explotación convencional y, por lo tanto, las empresas deben asegurarse una rentabilidad que sea independiente del precio que pueda tener el gas y el petróleo –commodities– en el mercado internacional.

Entre la diversidad de consignas y reivindicaciones que se agitaron en estos días, se escucha como telón de fondo una que se repite e insiste hasta el cansancio: “El agua de Mendoza no se negocia”. Quién estaría dispuesto a negar que uno de los pliegues de este conflicto se juega en torno a un antagonismo social que resulta clave para entender las realidades latinoamericanas de las últimas décadas: la disputa entre una economía para el mercado o una economía para la vida.

Se trata de oponer una resistencia, un límite, a la ceguera de la racionalidad neoliberal que, orientada por el lucro y el cálculo de la ganancia, lleva la mercantilización de la naturaleza al extremo de lo posible. De allí la voz de alerta inscripta en otro de los carteles: “El petróleo no quita la sed”.  Cómo no escuchar aquí el eco de enseñanzas recientes de la experiencia de lucha de los/as mendocinos/as: “El agua vale más que el oro”.

Han sido muchas las ocasiones en las que se ha comparado el gobierno de Cambiemos con el retorno a los años 90. Sin dudas, la dimensión del ajuste y la arremetida contra los derechos de los/las trabajadores/as lo amerita (por mencionar algunos rasgos sin intentar una caracterización). Sin embargo, aquí tal vez despunta una de las diferencias: frente a la reacción conservadora en toda la región latinoamericana, hoy los pueblos y comunidades enfrentan las iniciativas de relegitimación neoliberal con un conjunto de aprendizajes que con el tiempo ha decantado en una serie de demandas y un entramado organizacional que permanece fuerte: “No olvides la ley 7722, es la memoria del agua”.

Los/las mendocinos tenemos históricamente una particular “cultura del agua”, pero ahora esa sensibilidad se nutre de la memoria reciente, una experiencia de rebeldía a partir de la cual es posible prefigurar un horizonte emancipatorio.

“Los símbolos son muy importantes, no todo es numérico, tangible, sino que hay intangibles, que son los símbolos, son los gestos” (Alfredo Cornejo).

Poca cosa dijo Cornejo en aquella entrevista que pudiera alcanzar un filo existencial como el que logran las palabras de esa frase. Efectivamente, en el transcurso vertiginoso de estos últimos días, se movilizaron miles de personas en todo el territorio provincial. En las asambleas, la creatividad florece en otoño, las acciones directas se multiplican y las movilizaciones resultan cada vez más “numerosas”.

Sin embargo, sabemos, no todo es susceptible de ser contabilizado. Como el valor del agua para los/las mendocinos/as. La oposición al fracking en ese sentido, podríamos decir que tiende a ser infinita: cómo numerar la diversidad de especies que habitan nuestro suelo, los animales, las aves e insectos, las plantas, los ríos… y su descendencia, los/as hijos de nuestros hijos/as y, por qué no, la memoria de nuestros antepasados/as.

Es en esa misma (des)medida que el rechazo al fracking puede leerse como parte del patrimonio cultural intangible de los pueblos y comunidades andinas. En efecto, debemos señalar que el rechazo del fracking forma parte de una opción de vida que es heredera de símbolos, costumbres, creencias y tradiciones políticas y, como tal, se aparta del camino trazado por cualquier destino natural de Mendoza o la voluntad de alguna divinidad. Mucho más de la imposición por decreto de un político de turno.

Defender el agua pura, oponerse a correr los riesgos que suponen métodos extractivos como el fracking o la megaminería, es parte de un gesto profundamente ético, el de asumir la responsabilidad por los bienes comunes, aquellos bienes de los que dependen las condiciones de posibilidad de nuestra existencia y la de todos los seres vivos.

El autor agradece la lectura y los comentarios de Marcelo Giraud.