El intendente del Este que ahora está imputado y prófugo de la justicia es parte de una historia tan ridícula como grave. Lo investigan por fraude a la comunidad santarrosina.

El mismo Sergio Salgado ayer a la noche por radio (salió en varias emisoras por teléfono), es decir, sin dar certeza de dónde se encontraba, advirtió que quería “garantías” para presentarse ante el fiscal Santiago Garay. Finalmente dijo que se presentaría hoy a las 8.30.

Si se presenta en la Fiscalía de Delitos Complejos, quedará notificado de su imputación por asociación ilícita, administración fraudulenta y peculado, por lo cual quedará detenido por corrupción estatal con manifiesta intención de evadir y/u obstaculizar la investigación judicial.
 

Puntos clave

Son 12 denuncias contra el intendente y tres exfuncionarios. 

Una de esas demandas que se investiga es por la emisión de 480 cheques oficiales sin fondos. El denunciante es el Banco Nación. Según una financiera, fue el mismo Salgado el que canjeó unos 30 cheques sin fondos por un monto de $ 3 millones.

Los delitos por los cuales se lo acusa son: administración fraudulenta (por librar cheques sin fondo desde el municipio), asociación ilícita (por liderar e integrar un grupo para delinquir, por lo cual puede ir preso) y peculado (por quedarse 3 millones de pesos). Se ordenó su detención porque la acusación lo amerita y porque Garay presume que Salgado está evadiendo a la justicia y obstaculiza su investigación.

Hay tres detenidos: los exfuncionarios Walter Funes, Juan Trigo y Franco Ojeda. Los últimos dos han sido secretarios de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad respectivamente. En caso de que Salgado sea detenido, tendrá que asumir la presidenta del Concejo Deliberante, Norma Trigo que es, a la vez, tía de uno de los imputados.

Sergio Salgado en una de sus últimas apariciones públicas durante el Desayuno de la Coviar el sábado 5 de marzo junto a los dirigentes peronistas Adolfo Bermejo y Jorge Giménez. Foto: Axel Lloret.

El abogado, un caso aparte

El abogado de la Comuna, Fernando Peñaloza, hace las veces de abogado de Salgado, por lo que originó dudas sobre su doble rol. El letrado dijo que sólo hizo una gestión a favor de Salgado y ahora tendrá que resolver si sigue defendiendo al intendente prófugo e imputado aunque hasta ahora no es notificado. Dice que "no es su decisión no defenderlo a Salgado". 

Presentó una petición de mantenimiento de libertad, pero Garay la rechazó, por lo que durante las siguientes horas impugnaría ese pedido con un juez de garantía. 

Peñaloza es abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y actúa como querellante en las causas por delitos de lesa humanidad en Mendoza, y en el mismo carácter en los juicios por los femicidios de Soledad Olivera y Johana Chacón. Por eso llamó la atención que interviniera en este caso, tan lejos de aquellos tan sensibles.