Los habitantes de La Remonta se concentraron una vez más en repudio al decreto 225/17, que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a poner a la venta territorios de Campo Los Andes, en Tunuyán. En esta oportunidad, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de La Remonta se concentraron en la mañana de este miércoles 17 de mayo para pedir respuestas a los amparos que han presentado ante la Justicia Federal con respecto a la venta de estos terrenos.

Esta Asamblea se congregó en Tribunales Federales de la provincia, en la calle Pedro Molina y España de Ciudad, para manifestar su reclamo por una respuesta judicial a los amparos que han presentado y que aseguran que el decreto presidencial es inconstitucional. “Todavía la Cámara Federal no define un juez que se haga cargo de todo esto”, aseguró Fabiana Villafañe, una de las vecinas autoconvocadas y miembro de la Asamblea. Agregó que “es importante que la Justicia resuelva la medida de no innovar", que les permitirá que ese decreto "quede sin efecto y a su vez empezar a discutir si es constitucional o no”.

El principal reclamo por parte de los lugareños es que esas tierras son del Estado, son las tierras que habitan y trabajan y donde hay años de inversión para la producción de esos terrenos. Además, el precio establecido de subasta es de 30 mil dólares la hectárea, una suma claramente inaccesible para los pequeños productores que viven allí.

“Hay productores que llevan 20 y 30 años trabajando esas tierras, y hay pobladores que llevan tres generaciones viviendo ahí. Si les venden las tierras, tienen que levantar toda la producción y quedar en la calle. Además, no creemos que las grandes transnacionales de la vid –como se plantea– estén en condiciones de dar desarrollo. La más alta conflictividad laboral en el Valle de Uco tiene que ver con estos grandes emprendimientos; [Bodegas] O. Fournier lleva casi 3 meses sin pagar sueldos a sus empleados. Los pequeños productores dan trabajo a muchas más familias y hoy en día están con que se van en cualquier momento", continuó Villafañe.

Otro de los pobladores, Damián Moreno, comentó que nunca se contempló a las familias que viven ahí cuando se tomó la decisión de poner a la venta los terrenos. “Es enajenar cosas del Estado y terminar entregándolas al mejor postor”, sentenció.

Por otro lado, el sindicalista de la CTA Autónoma Guillermo “Polo” Martínez Agüero analizó que La Remonta es un terreno del Estado; eso significa que es de los pobladores. "Es una venta que indudablemente está bajo un paraguas de intereses", comentó, y agregó que es una zona muy importante y de mucho valor desde el punto de vista productivo y geopolítico. El gremialista manifestó que lo que se ha hecho sobre la población es un avasallamiento de derechos naturales y también constitucionales, por lo que dijo que "no es un hecho aislado, es una concepción de subasta de la tierra pública".

En tanto, la senadora provincial Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), opinó que, a pesar de que se ha dicho que la venta de esas tierras es para el desarrollo productivo, "los vecinos conocen que cuando dicen 'desarrollo' significa que la tierra se va a extranjerizar, que se va a vender para bodegas boutiques, que son inaccesibles porque son carísimas, y también significa poner en peligro la soberanía porque es zona de frontera”.

Para la legisladora, hay una clara voluntad política de desoír a los pobladores de esa zona. Según Barbeito, “lejos de cualquier desarrollo productivo, lo que quieren es rifar esas tierras, venderlas lo más caras posible para tener plata".