El especialista colombiano Ángel Massiris Cabeza dijo que es imposible realizar políticas relacionadas con el ordenamiento territorial desde un escritorio sin tener una visión global del territorio y, sobre todo, de las comunidades que lo habitan. Aseguró que en los países de América del Sur aún predomina una visión tecnocrática y sectorial sobre los problemas.

Massiris Cabeza fue uno de los expositores del V Workshop de la Red Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y  el VI Seminario Internacional de Ordenamiento Territorial “La nueva agenda territorial: Innovación, planificación y gestión”, que se realiza en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO.

Antes de exponer sobre “Gestión territorial del desarrollo rural en Colombia. Enfoques, estrategias, instrumentos y desafíos”, el magíster en Geografía habló con Unidiversidad sobre los desafíos de la región respecto del ordenamiento territorial.

¿Cuál es la importancia de estos encuentros en los que se intercambian experiencias sobre políticas de ordenamiento territorial?

Creo que es importante, porque se está transitando un cambio de paradigma en lo que hasta ahora fue la planificación del desarrollo territorial. Lo que hasta ahora predominó en toda la América Latina fue una planificación desde un punto de vista sectorial. Lentamente, los gobiernos han ido incorporando en sus políticas públicas una reconceptualización hacia lo territorial, porque se vio por la experiencia que, por carencia de una visión territorial, fracasaron políticas en muchos de los objetivos de desarrollo que se propusieron.

¿Cuáles son las problemáticas que se repiten en Latinoamérica para una gestión integral del territorio?

El principal inconveniente, especialmente en América del Sur, es la estructura de la organización institucional para la gestión del desarrollo. Aquí está definida por departamento, por ministerios, hay una sectorización de la gestión que impide en cierto modo atender en forma integral, coordinada y armónica los problemas del territorio. Otro inconveniente tiene que ver con la cultura de la planificación en nuestros países. A pesar de que se fue tomando conciencia de lo importantes que son los enfoques territoriales y de que todas las políticas públicas hablan de la necesidad de coordinación, al momento de implementarlas se falla porque se sigue viendo ese objetivo nuevo con las viejas ideas. Otro inconveniente es que los objetivos del ordenamiento y las decisiones no han estado tomándose en función del principio de prevalencia del interés general sobre el particular. Lo que hemos notado es que esas decisiones en gran medida se tomaron orientadas hacia ciertos beneficios particulares. En Colombia, por ejemplo, hay muchas investigaciones en marcha y alcaldes presos porque volvieron el plan de ordenamiento un negocio, y las decisiones orientadas a pagar favores políticos electorales o a beneficiar a ciertos constructores, o a dueños de tierras para que se vuelvan multimillonarios con el cambio de un suelo de rural a urbano, porque la corrupción también está alrededor del tema del ordenamiento.

Menos fincas, menos turistas

La ingeniera María Eugenia Van den Bosch, del INTA, analizó los problemas de ordenamiento territorial y dijo que el más grave es el avance urbano sobre tierras productivas. Destacó el valor del paisaje, tanto para locales como turistas. El rol d ...

En el seminario se destacó la importancia del rol del ciudadano. ¿Cuál es su opinión?

La perspectiva territorial lleva de la mano la incorporación del ciudadano. No es posible realizar políticas territoriales desde un escritorio, desde una oficina; esa es una visión tecnocrática, sectorial. Primero hay que arrancar sobre el territorio, que no es la porción de suelo, sino que territorio son las comunidades, son lo fundamental, lo que permite pasar de la visión geográfica física a una de las comunidades, de los comportamientos, las percepciones, que son fundamentales para lograr la pertinencia social y cultural. Es necesario incorporar esa identidad y esa historia, que tomen parte en las decisiones, porque es lo único que garantiza el compromiso de las comunidades. Todo se sintetiza en el empoderamiento de las comunidades.

Según su experiencia, ¿se escucha a esas comunidades?

En las experiencias de América Latina se tiene claridad de eso, pero cuando se habla del territorio se hace de una manera inadecuada. En algunos casos se reducen a informarlas, pero no hay mecanismos para hacer un seguimiento de sus aportes. Es decir, se los escucha, pero sin mecanismos de seguimiento, no ha habido un empoderamiento, en eso no hemos avanzado mucho.

En esta visión general que plantea este nuevo paradigma, ¿cuál es la relación que debería primar entre el Estado y los privados?

El Estado tiene un papel fundamental en esta relación entre el sector privado y las comunidades, porque debe garantizar la equidad social. Si un Estado simplemente se alinea con los actores privados, ahí estamos frente a una situación de absoluta injusticia social. El sector privado, por su naturaleza, guía todas sus decisiones por su beneficio personal, poco interés tiene en el bien común, es un asunto de negocios donde prima la ganancia al menor costo posible. Incluso, a veces, la actitud del sector privado es irracional porque pone en riesgo su propio negocio al no involucrar los asuntos ambientales y los servicios ecosistémicos que sostienen su propio negocio; es decir, lo pone en riesgo por ambición. En ese sentido, una política pública que esté definida sólo desde la perspectiva de la rentabilidad y la competitividad del mercado, desconociendo que el territorio y las comunidades pueden ser negativamente afectadas, sería una política equivocada. Hoy se plantea la gobernanza territorial moderna, en la que se dan alianzas estratégicas en un contexto de equidad, de inclusión social, de compromiso y de responsabilidad social donde están incluidos los privados con el desarrollo territorial, que no es el desarrollo de uno en particular, sino del conjunto.