Las comisiones de Familia y Derechos de la Mujer de la Legislatura de Tucumán rechazaron hoy los proyectos que intentaban obstaculizar las interrupciones legales de embarazo de las mujeres víctimas de violaciones, que se habían elevado la semana pasada para su tratamiento, confirmó hoy la legisladora Sara Assan.

La titular de la comisión de Familia de la Legislatura local le explicó a Télam que el cuerpo legislativo "no tiene intención de tratar este tipo de leyes" porque van en contra de legislación de fondo como el Código Penal y "no podemos apartarnos de tratados nacionales e internacionales que están legislados".

Los proyectos no llegarán al recinto para su tratamiento, y ambas presentaciones fueron archivadas y no podrá insistirse con el tema, precisó la presidenta de la Comisión de Familia de la Legislatura de Tucumán.

Las comisiones se reunieron en forma conjunta para evaluar las iniciativas impulsadas por el radical Raúl Albarracín, por un lado; y por el peronista Marcelo Caponio y otros 28 legisladores.

Assán, representante del partido Concentración para la Democracia, firmó el proyecto para su presentación pese a "no estar de acuerdo con su contenido", porque consideró que "estos temas merecen ser debatidos y tratarlos" por el cuerpo.

A partir de la presentación del último proyecto, el jueves se desató una fuerte polémica por los proyectos que proponían dar cumplimiento al artículo 146 de la Constitución, según el cual el Estado reconoce a la salud como "derecho fundamental de la persona" y el "derecho a la vida desde la concepción".

"En este proyecto de ley se sienta como política de Estado la obligación de salvar las dos vidas, y en tal sentido el Estado debe armonizar los derechos de la mujer embarazada con los derechos del niño por nacer, procurando buscar alternativas al aborto, entre ellas, además de la contención integral de la mujer, la adopción del niño", plantea el texto rechazado.

En Tucumán, legisladores buscan prohibir el aborto no punible

A pesar de que el Código Penal de la Nación establece que la interrupción del embarazo es legal cuando la mujer ha sido violada, en la provincia norteña no quieren que se realicen bajo ninguna circunstancia.

En uno de los capítulos se hacía referencia a la situación de mujeres embarazadas víctimas de violación y se disponía que el Estado Provincial debía brindar a la mujer víctima, de manera inmediata y permanente, asistencia integral médica, psíquica, psicológica, sexual, reproductiva, legal y espiritual.

"La mujer víctima de violencia sexual deberá ser informada en forma completa y detallada de las consecuencias físicas y psicológicas que apareja un aborto, tanto en su persona como en la vida del niño que lleva en su vientre", se remarca.

"El texto del proyecto no hablaba de la prohibición del aborto de una mujer abusada, pero establece una serie de estudios y tratamientos que dilata los tiempos y sabemos que eso no es conveniente", explicó Assán.

"Mi opinión es que hay derechos de la mujer que están adquiridos desde 1921 y establecen que el aborto no es punible para mujeres abusadas", agregó.

La legisladora sostuvo que "ninguna mujer llega a esta situación de este tipo porque quiere y si nosotros con las leyes no contemplamos sus derechos, merece mi rechazo como mujer, madre y hermana", concluyó.