La democracia implica el gobierno de quienes el pueblo elige. El pueblo argentino ha elegido inequívocamente, por una inmensa mayoría. Sin embargo, el gobierno elegido por la ciudadanía es asediado permanentemente desde oposiciones cerradas y medios privados de comunicación adversos. Y un sector de la población, parte de las clases medias y casi todas las altas, se cree con derecho a desafiar la voluntad popular ejercida democráticamente.

Algunos pretenden oponer, como abstracción, la república a la democracia. Afirman que, por ejemplo, la libertad de prensa estaría en peligro. Es curioso que se contradiga lo que se dice en el acto mismo de decirlo: si se puede decir en los medios que no hay libertad, es que –paradojalmente– resulta evidente que existe libertad para decirlo. En dictaduras no puede decirse que no hay libertad. En la actual Argentina, los opositores se pasan el tiempo afirmando que van a cerrarles programas que nadie les cierra, que van a censurarles lo que nadie les censura. 

Por el contrario, este gobierno ha promulgado una Ley de Medios Audiovisuales que fue discutida largamente en la sociedad civil, y que potencia y multiplica los emisores y las emisoras; ley que, curiosamente, los privilegiados que quieren ser monopólicos y únicos dueños de la palabra, resisten permanentemente. Y este es el gobierno que por decisión autónoma eliminó el delito de injurias para el caso de los periodistas, situación que no pocos han usado para injuriar a destajo, a niveles que a veces rozan el ridículo, como las imaginerías sobre bóvedas y lingotes que hacen a lo más grotesco de la ideología reaccionaria en nuestro país.

Por otro lado, los pretendidos defensores de la república hablan de la división de poderes como algo que les preocupa. Cuando se propone democratizar la justicia desde el gobierno, se oponen, ignorando que los jueces actuales han sido designados por acuerdos políticos de los otros dos poderes del Estado. La justicia siempre ha estado y ya está politizada en los hechos. En cuanto al Poder Legislativo, "se preocupan" porque la coalición de gobierno tiene mayoría en las cámaras, y esto afectaría a esa división de poderes. Es curioso, pues la población eligió aparte a sus representantes legislativos y a los del Ejecutivo. Si en ambos casos coinciden en su postura no es porque se los haya con/fundido, es porque separadamente ambos apuntan al mismo ideario. Lo raro es que, en nombre de la división de poderes, se pretende el insólito caso de que las minorías legislativas debieran ser consideradas como mayorías. El respeto por las minorías no implica –ni aquí ni en ningún sistema político en el  planeta– que las minorías pasen por sobre las mayorías, lo cual sería abiertamente antidemocrático.

Las oposiciones políticas son las que pretenden acusar de dictadura a un gobierno de amplia base popular, tal cual se ha escuchado en la acusación fácil de muchos caceroleros, cuando en realidad muchas de ellas apoyaron a la feroz dictadura que en 1976 se entronizó en Argentina. Este gobierno es el que ha dado las condiciones políticas que llevaron a la cárcel a todos los mayores responsables de la represión ilegal, tarea para la cual sólo el alfonsinismo fue en su momento capaz de hacer un esfuerzo convergente. El recientemente fallecido asesino Videla llamaba a las oposiciones a unirse contra el actual gobierno, coincidiendo con los pedidos mediáticos que a menudo se hacen en ese sentido. Queda claro, entonces: los amantes de la dictadura no están con este gobierno. Y sí hay muchos de ellos escondidos en algunos sectores opositores, súbitamente "republicanos" y supuestos defensores de la democracia, lo cual, por cierto, fue muy evidente en el reciente y oprobioso "abrazo a la justicia" dado en Tribunales de Mendoza.

El gobierno nacional ha asumido una línea de superación de la decadencia económica previa del país, y de mejora de la condición de los sectores populares. Han disminuido la pobreza, la indigencia, la desocupación y la desigualdad social. Hay en todo ello una legitimidad sustantiva para mantenerse en el gobierno que le ha sido conferido por la ciudadanía. Quienes lo atacan tienen derecho a opinar y manifestarse –con un gobierno que respeta sus derechos y no los reprime–, pero ninguno a desestabilizarlo, o a hacer de la maledicencia mediática supuesta fuente de legitimidad política. La auténtica legitimidad la ha dado el pueblo argentino con su voto, y quienes se dicen defensores de las instituciones, no debieran denigrarlas pretendiendo desestabilizar a un gobierno de indiscutible legitimidad democrática, obtenida precisamente desde sus convicciones nacionales y populares.