Hace seis años, el fiscal a cargo de la investigación por el atentado contra la AMIA, Alberto Nisman, murió de un disparo en la cabeza en su departamento de la torre Le Parc, en Puerto Madero. Cuatro días antes, Nisman había denunciado a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández, por por el memorándum de entendimiento con Irán. La vinculó con una maniobra para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra la mutual judía ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos.

Hoy, si bien la Justicia dio por probado que Nisman murió como consecuencia de un presunto homicidio y no de un suicidio, se trata, todavía, de un crimen sin móvil ni autor. Sin embargo, el elemento considerado por los funcionarios de la causa para determinar que se trató de un homicidio (el peritaje elaborado por la Gendarmería) ha sido duramente cuestionado por las partes. La causa, a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez Julián Ercolini, sigue su curso con pocas certezas y un rumbo incierto.

El estado de la causa

Los funcionarios judiciales se concentran, hace años, en analizar el frenético intercambio de llamados entre exagentes de inteligencia y en reconstruir los detalles del contexto alrededor de la muerte. Fuentes de la investigación ya reconocieron ante La Nación, en numerosas oportunidades, que no se puede ir más allá respecto de lo que ocurrió puertas adentro del departamento de Puerto Madero. Buscan información de las puertas para afuera y por eso buscan sentido en los comportamientos comunicacionales de cientos de personas durante el fin de semana de la muerte de Nisman.

El fiscal mantenía una relación estrecha con el entonces hombre fuerte de la SIDE, Antonio Stiuso, con quien intentó comunicarse tres veces en la noche antes de su muerte, sin éxito. En la causa, Stiuso declaró como testigo y dijo que no escuchó los llamados porque tenía el celular en volumen bajo.

De ese escenario, hay un elemento que llama la atención: que espías operativos de la SIDE de entonces, exespías, agentes de las fuerzas de seguridad, miembros del Ejército y funcionarios del Poder Ejecutivo estuvieron en contacto e incluso cerca del hecho investigado en la mañana del 18 de enero.

Uno de los primeros tramos del informe sobre esas 45 000 comunicaciones fue formulado por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) de la Policía Federal y ya está en la fiscalía. Se concentra en 500 teléfonos ubicados en las inmediaciones del edificio Le Parc de Puerto Madero y en otros lugares considerados claves por la Justicia. El fiscal Taiano se encamina a tomar declaraciones testimoniales a los exagentes y exfuncionarios que se comunicaron en esas horas, aunque todavía no los citó. El informe elaborado por la Dufie no permite acceder al contenido de esas comunicaciones.

Otro elemento que analiza Taiano es una serie de contactos entre espías. El año pasado, La Nación informó que el fiscal había pedido al juez federal Luis Rodríguez todos los legajos de la causa Dark Star –un expediente iniciado en 2011 para investigar casos de supuesto espionaje ilegal que contiene comunicaciones entre espías–, pero que no había logrado acceder a las grabaciones de las llamadas, y durante 2020, esas grabaciones aparecieron. Como parte de otra serie de medidas, Taiano además buscará tomarle declaración testimonial al exespía del Mossad Uzi Shaya, que aseguró, en una entrevista televisiva a un canal de Israel, haberle dado a Nisman documentación que relaciona a la vicepresidenta Cristina Kirchner con supuestos pagos por parte de Irán.

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Los procesados

El perito informático Diego Lagomarsino está procesado como partícipe necesario de la muerte, por haberle llevado el arma de la que salió la bala que mató al fiscal en su departamento de la Torre Le Parc de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. Los cuatro custodios del fiscal fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos por el delito de encubrimiento.

Mientras tanto, en la fiscalía esperan el informe de las llamadas de los espías y tienen pendiente un nuevo peritaje tecnológico. Durante el último allanamiento en la casa de Lagomarsino, Ercolini ordenó el secuestro de computadoras, teléfonos y otros aparatos. La defensa se opuso a su apertura. El planteo está en la Corte.

Lagomarsino estuvo casi tres años custodiado con una tobillera electrónica por ser considerado partícipe necesario de la muerte de Nisman. El año pasado, el juez Julián Ercolini se la sacó.

Diego Lagomarsino estuvo casi tres años custodiado con una tobillera electrónica por ser considerado partícipe necesario de la muerte de Nisman; el año pasado, el juez Julián Ercolini se la retiró. Foto: La Nación / Ricardo Pristupluk

El peritaje de Gendarmería

El informe realizado por una junta de expertos de la Gendarmería Nacional había asegurado en 2017 que a Nisman lo mataron dos personas. Lo golpearon y lo redujeron en su departamento haciéndole ingerir ketamina antes de dispararle, concluyó ese informe. Una persona lo sostenía por detrás, con una de las rodillas tocando el piso, mientras la otra llevaba el arma hacia su cabeza y le disparaba. El informe agrega que el tirador dejó el arma en el piso, detrás del cuello del fiscal, y se retiró del baño para no pisar la sangre. Luego, su cómplice, que lo tenía tomado de las axilas, lo depositó en el piso y lo acomodó, concluyeron los expertos tras analizar las manchas de sangre.

Las conclusiones de ese análisis discreparon de los resultados de una junta criminalística anterior, a cargo de la Policía Federal, que en junio de 2015 había dicho que Nisman estaba solo y de pie cuando se disparó frente al espejo. Sin embargo, tanto Taiano como Ercolini sostuvieron que no había contradicción entre ambos informes sino que la Gendarmería, con una mirada integral, había llegado más lejos.

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El presidente Alberto Fernández cuestionó ese peritaje cuando asumió su gobierno y dijo que se trata de un peritaje que "determina cómo ocurrió un hecho sin haber estado nunca en el lugar de los hechos". "Yo nunca vi una cosa igual", remató en ese entonces el Presidente. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, también cuestionó el informe, a diferencia de Patricia Bullrich, extitular de la misma cartera y actual presidenta de PRO, que lo legitimó.

En paralelo, la Justicia avanza sobre el patrimonio de Nisman y su familia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargó los bienes de la madre y la hermana de Nisman, así como los de Lagomarsino y del empresario Claudio Picón –dueño del auto que manejaba Nisman–, después de que la Cámara Federal lo condujera a acelerar la investigación en la que el principal delito investigado es el lavado de dinero, ya que tanto la madre como la hermana del fiscal y Lagomarsino eran titulares y cotitulares de una cuenta en el Banco Merril Lynch con más de USD 600 mil, que Nisman nunca declaró.