Un reciente estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación resaltó que cada vez más alumnos y alumnas de primaria cuentan en la escuela que hay violencia en sus hogares. De hecho, el informe detalla que 1 de cada 3 directores del ámbito público tuvo que intervenir en este tipo de situaciones, mientras que en las privadas lo hizo 1 de cada 4. En esa línea, el informe también desglosa que Mendoza se encuentra en el puesto 10 como una de las provincias que integran el ranking donde se registran más denuncias de este tipo en los colegios.

Desde la Dirección de Acompañamiento Escolar de Mendoza (DAE), entienden de la problemática y afirman que en lo que va del año se han realizado 293 intervenciones por denuncias en escuelas públicas de nivel inicial y primario por problemas relacionados con el maltrato intrafamiliar. De esos casos, el abuso sexual y el físico son los que priman. Desde su lugar, la UNCUYO ayuda a agilizar la atención del 102 – la línea para denunciar esta problemática– con una tecnología que permite generar un mapa para visibilizar situaciones vinculadas a la vulneración de derechos de las infancias en cada departamento.

"Para ello, la provincia cuenta con la Ley 9054, que establece un protocolo de actuación ante situaciones de vulneración de derechos, dirigido a todos los niveles educativos, desde jardines maternales hasta la educación secundaria”, expresó a Unidiversidad Carina Gannam, directora de la Dirección de Acompañamiento Escolar de Mendoza (DAE).

Desde la DAE indicaron que, en lo que va del año, se han realizado 293 intervenciones por denuncias en escuelas públicas de nivel inicial y primario. Foto: DGE

Según el informe elaborado por esta área de la Dirección General de Escuela (DGE), 2023 fue el año con mayor número de intervenciones vinculadas a supuestos actos de violencia intrafamiliar, 476. De esa cifra, 166 estuvieron relacionadas con el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes dentro del grupo familiar, y 111, fuera de este. Luego, le siguieron 92 intervenciones por abuso físico y 60 intervenciones ligadas a la negligencia en la crianza. “En la actualidad, esas cifras han bajado considerablemente, por eso es tan importante la mirada de los educadores y directivos como primer filtro y la rápida intervención de la DAE”, remarcó, y agregó que este año el apoyo va destinado también a las escuelas secundarias para proporcionar un seguimiento más completo a estudiantes a lo largo de su trayectoria educativa.

Sobre el manejo de casos de abuso intrafamiliar, Gannam mencionó que se sigue un protocolo específico que comienza con la detección de un hecho de violencia dentro del ámbito familiar. Posteriormente, las autoridades escolares dan aviso al personal de la DAE para dar inicio a la investigación.

“Ante la advertencia de indicadores de certeza o altamente específicos que hagan presumir la existencia de abuso sexual o maltrato hacia un niño, niña o adolescente, el docente o directivo que tuvo noticia directa de ello debe –con la intervención de un miembro del equipo directivo en su caso– labrar un acta. Dicha acta será asentada en el libro respectivo del establecimiento, además de documentación respaldatoria, y remitida en forma inmediata, ya sea por correo electrónico, vía telefónica (WhatsApp), personalmente o por cualquier otro medio idóneo, para la toma de conocimiento del asesor o asesora de Personas Menores e Incapaces y del Organismo Administrativo Local (OAL) o el organismo que en el futuro lo reemplace. La asesora de menores, a su vez, es la encargada de tomar las decisiones pertinentes sobre el curso de acción a seguir”, explicó.

Asimismo, afirmó que, dependiendo de la gravedad del incidente, la asesora de niños, niñas y adolescentes puede decidir radicar una denuncia penal. “Por ejemplo, si una niña o niño manifiesta verbalmente que su padre le gritó, se registra el hecho y se interviene, pero no se procede a una denuncia penal. Sin embargo, si los mismos presentan lesiones físicas y declaran que su padre los golpeó o fueron violados, se inicia una denuncia penal inmediatamente”, dijo la directora.

El 2023 fue el año con mayor número de intervenciones vinculadas a supuestos actos de violencia intrafamiliar en Mendoza. Foto: archivo Unidiversidad

Por otro lado, en caso de que se adviertan indicadores genéricos, esto es, que no se cuente con evidencias físicas ni exista relato de la alumna o alumno, pero se sospeche que el niño, niña o adolescente está siendo objeto de una situación de abuso sexual y/o maltrato, las instituciones educativas de gestión estatal deberán dar intervención a la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (Doaite) y/o a los servicios de orientación u organismos técnicos que la reemplacen, a fin de que se expidan, en forma urgente, sobre la situación planteada.

“En caso de que, luego de la intervención profesional, el indicador de abuso o maltrato surja como específico o de certeza, el profesional interviniente deberá seguir con el procedimiento de denuncia para que el organismo intervenga. En casos de abuso sexual, trabajamos en colaboración con la Coordinación Provincial de Educación Sexual Integral y realizamos las derivaciones pertinentes a las autoridades correspondientes”, detalló.

La funcionaria sostuvo que la importancia de la Ley 9054 radica en su capacidad para coordinar una respuesta eficiente y efectiva ante situaciones de abuso o maltrato. "La asesora de menores determina las actuaciones necesarias y la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), anteriormente conocida como Supervisión de Orientación Escolar, se encarga de documentar todas las intervenciones. Esta colaboración interinstitucional asegura que cada caso se maneje con la debida diligencia y respeto a los derechos de los involucrados”.

Para quienes necesiten reportar casos de violencia fuera del ámbito escolar, la DAE ofrece diversos canales de comunicación, incluidos el portal educativo de la DGE y líneas de emergencia como la 102 y la 148. “Invitamos a estudiantes, docentes y familiares a contactar a la DAE para presentar denuncias y recibir el apoyo necesario”, concluyó Gannam.

La ayuda de la UNCUYO para agilizar la atención de la línea 102

En lo que va del 2024 se recibieron en Mendoza 2000 denuncias en la Línea 102. Esa vía ofrece escucha, contención y orientación inmediata sobre distintas problemáticas y situaciones que vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia. La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) acompaña esa tarea con herramientas tecnológicas que mejoran las posibilidades de respuesta.

Poder conocer de dónde viene cada llamado, qué instituciones se encuentran en cada zona y qué tipo de denuncias se dan en ese sector puede significar un cambio para la situación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que tomaron el teléfono. Con esa idea, la UNCUYO firmó un convenio con el Programa Provincial de Prevención y Atención Integral de Maltrato a la Niñez y Adolescencia (PPMI) para ayudar a generar un mapeo de las problemáticas vinculadas a la vulneración de derechos de las infancias en todos los departamentos de la provincia de Mendoza.

Los mapas, elaborados por el equipo Crisol UNCUYO, dependiente de la Secretaría de Trasformación Digital, tienen en cuenta todos los llamados categorizados como avisos o consultas que la comunidad realiza a la llamada "línea de los chicos". Liliana Magni, coordinadora de Crisol UNCUYO, explicó que el trabajo comenzó hace un año y sumó en este agosto capacitaciones para trabajadores y trabajadoras que utilizan el sistema.

Indicó que el mapeo es una herramienta que se suma a los dispositivos ya existentes para fortalecer las acciones de abordaje y el despliegue de nuevas estrategias preventivas. Por ejemplo, que ciertas zonas no registren llamados no significa necesariamente que no haya casos de maltrato, y a su vez, sirve para generar una mayor difusión de la línea 102 y un mejor acompañamiento a la comunidad.

Foto: UNCUYO

Cómo es el proceso

Ante el caso de una denuncia, el responsable de la línea 102 carga todos los datos en una planilla Excel dividida por jurisdicción, donde se encuentran las denuncias. “Nosotros georreferenciamos esas direcciones y, a través de Google Earth, generamos un punto que se puede navegar en tiempo real en el celular”, precisó Magni.

También están georreferenciadas todas las instituciones que abordan las distintas problemáticas de las infancias y adolescencias, como los efectores del PPMI, los equipos técnicos interdisciplinarios (ETI), las fiscalías, las escuelas o los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

Esta iniciativa es la primera en la que la UNCUYO utiliza este servicio fuera del ámbito de la casa de estudios. En la Universidad, con la tecnología de Crisol, se realizaron mapeos de los forestales de la UNCUYO, la Expo Educativa, sedes del ITU y los servicios para estudiantes, entre otras referencias.