Una niña de 10 años está embarazada con una gestación de 32 semanas. La nena, que vive con su familia en la zona oeste de la ciudad de Mendoza (“en condiciones sociales de vulnerabilidad”, describen desde lo judicial) sintió un malestar abdominal y en un centro de salud encontraron síntomas de embarazo, estado que finalmente fue confirmado en el Hospital Notti.

Hay un sospechoso detenido: el tío, un joven de 23 años, con quien compartía la vivienda. El caso retrotrae a otros antecedentes y renueva la discusión por el protocolo del aborto no punible –aunque en este caso quizá sea impracticable por lo avanzado de la gestación–.

La conmoción escaló por otro caso similar en Tunuyán, con una menor de 11 años violada y embarazada.

El hecho lamentable es abordado por la mayoría de los medios digitales e impresos. Los Andes le da prioridad y también llega al porteño La Nación.

En las radios Nihuil y MDZ habló el abogado penalista Diego Lavado, quien recordó que cualquier situación en la que se encuentre un niño o niña menor de 13 años se considera abuso porque no existe, legalmente, el consentimiento del acto.

Además, la interrupción del embarazo en estos casos ya se contempla en el Código Penal y fue estudiada por la Corte nacional, que aconseja este tipo de práctica a través de la aplicación de un protocolo que debían hacer las administraciones políticas.

Desde hace tiempo, en Mendoza se discute esto, pero no se ha avanzado en ese sentido y es una respuesta que debería dar el gobierno actual. En la charla fue inevitable tomar como referencia el conocido caso Gazzoli ocurrido en agosto 2006, un embarazo por abuso a una joven con discapacidad mental.