La violencia hacia las mujeres en nuestro país ha tocado fondo. No contamos con índices oficiales, pero sabemos por las cifras que calculan las ONGs que cada 30 horas muere una mujer a causa de la violencia más extrema: el femicidio.

En abril de 2009, el gobierno kirchnerista promulgó la Ley N.º 26485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Han pasado más de cinco años desde su promulgación y esta ley no tiene destinada una partida presupuestaria para ponerla en funcionamiento. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que el Gobierno, en su conjunto, tome la decisión de declarar estado de emergencia en violencia y destinar una partida presupuestaria para frenar esta situación?
 

La situación en Mendoza

Somos la tercera provincia en el país con más consultas telefónicas por violencia. Nos encontramos con los peores índices. Tenemos un 30 por ciento de madres adolescentes que van por el segundo hijo. Sobre la trata, la Fundación Alameda presenta un listado de empresas que utilizan trabajo infantil en el campo: de 34 empresas, 21 corresponden a Mendoza. No contamos con la aplicación del Protocolo de Aborto no Punible, un derecho que data del año 1921, reconocido en el Código Penal. La vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos por esta maldita crisis aumenta la prostitución en las calles, donde cada vez más jóvenes son explotadas.

El caso de María del Carmen Saldaño (56) fue un cachetazo al Gobierno en medio de la convocatoria a la marcha del 3 de junio, luego del macabro caso de Chiara en Santa Fe. Saldaño fue asesinada por su expareja, quien la sorprendió en medio de la mudanza, y le dio doce puñaladas delante de uno de sus hijos. Este hombre tenía orden de restricción, estuvo detenido y fue liberado cinco días antes del crimen por el fiscal Tichelli de la Oficina Fiscal N.º 8 de Guaymallén.

Las condiciones de desprotección para la víctima de violencia son mortales. No existen refugios a cargo del Gobierno provincial, no existe un accionar interdisciplinario en las oficinas fiscales, no existe un programa integral que dé respuesta al desesperado pedido de ayuda de las mujeres maltratadas.

En agosto de 2014, luego de la ola de femicidios, con las muertes de Mariana Roby (45), hermana del entonces ministro de Salud; de Débora Gómez (23) y de María Cristina Valdez (59), el Bloque del Frente de Izquierda, a través de mis compañeros diputados Fresina y Dalmau, presentó un paquetes de leyes que apuntan a defender de forma integral a la mujer trabajadora, a saber: extensión de licencias por maternidad; creación de guarderías en el lugar de trabajo o el pago en adicional en el salario; un plan de protección de las mujeres víctimas de violencia que incluye, entre otras cosas, licencias por violencia de género y la creación de fiscalías específicas de violencia de género en toda la provincia, y la reglamentación del aborto no punible en la provincia, entre otros.

Buscamos, con la movilización popular, llevar adelante estos proyectos y que tanto el gobernador como los opositores radicales, que se han sacado la foto con la campaña #NiUnaMenos, sean los primeros en impulsar estos proyectos.
 

El Estado es responsable

El asesinato de mujeres está inscrito en un régimen en el que proliferan el abuso sexual, las redes de trata, la prostitución infantil y el proxenetismo, amparados, y en muchos casos organizados y garantizados, desde el Estado, por medio de fallos misóginos, homofóbicos, por medio de la corrupta institución policial, por medio de una legislación retrógrada y conservadora.

El femicidio es el final de una cadena de violencias que nace de la coerción del Estado para controlar el cuerpo de la mujer, disponiendo de todos los mecanismos a su alcance para mantener esta sumisión. El mensaje de fondo es que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su persona y que, si se atreven a hacerlo, tendrán que pagar las consecuencias. La violencia contra la mujer es una forma de control social, el femicidio es su cara más extrema.
 

Si no nos organizamos, nos matan

La crisis capitalista que está padeciendo la clase trabajadora con despidos, precariedad laboral, impuestazos e inflación, sumado a la descomposición de las fuerzas policiales y la corrupción del Estado, actúan como caldo de cultivo de una  violencia social que tiene como principales víctimas a las mujeres y niños. Por eo, la jornada del 3 de junio tiene que colaborar en poner en pie la organización independiente de las mujeres frente al Estado, que es el primer violento. Desde el Plenario de Trabajadoras planteamos:

• declarar la emergencia nacional en violencia de género;

• creación de centros asistenciales (refugios) con personal de planta, colocación de centros de atención en todos los hospitales públicos y privados del país y en todos los colegios, con personal de diferentes disciplinas contratados en planta, que tengan atención las 24 horas y acceso completamente gratuito;

• legalización del aborto y campaña por la educación sexual/laica y científica en todos los niveles educativos;

• creación de un Consejo Nacional de las Mujeres con autonomía política y presupuestaria, electo por todas las mujeres desde los 13 años;

• separación de sus funciones de todo el personal policial y judicial implicado en fallos discriminatorios contra mujeres violentadas.