Biodegradables y compostables: bolsas que buscan ganarle al plástico

Sociedad

Debido a la falta de respuesta por parte de la Subsecretaría se inició un reclamo judicial que se encuentra en trámite ante el Juzgado de Familia N° 2 bajo la carátula “FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN) C/PROVINCIA DE NEUQUÉN S/ACCIÓN DE AMPARO” Expte. Nº 100571/2021. 

Al contestar la demanda, la Subsecretaría presentó una parte de la información requerida en términos generales y manifestó que gran parte de la información era de competencia de otras áreas del gobierno. La jueza de la causa dictó sentencia condenando al gobierno de Neuquén a brindar la información faltante, con apoyo en las leyes de acceso a la información y aplicando el Acuerdo de Escazú.

El gobierno provincial apeló la sentencia y la Cámara confirmó la decisión de primera instancia, con los argumentos presentados por FARN: El poder ejecutivo es uno solo y los principios jurídicos ambientales y administrativos obligan a la oficina requerida a consultar a las áreas correspondientes y remitir toda la información que le fue solicitada. De esta forma, queda reconocida la operatividad del Acuerdo y su aplicación a las provincias, y queda zanjada la división interna de la Administración en la obligación de informar. 

Acceder a la información que solicitó FARN permitirá conocer las medidas de prevención, analizar su aptitud y determinar mejoras necesarias para que los residuos del fracking no supriman el derecho al ambiente sano de la población. La falta de conocimiento sobre los impactos del fracking que muestran las autoridades denota que se toman decisiones con el único objetivo de facilitar la actividad, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales y sociales.

Las autorizaciones se otorgan sin una verdadera evaluación ambiental, sin contemplar los impactos acumulativos y sin una planificación integral. Las autoridades y empresas deben ser transparentes, y la sociedad debe estar informada para poder ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones. La explotación de Vaca Muerta no puede continuar en el marco actual de ocultamiento y sin una Evaluación Ambiental Estratégica que permita la construcción de una licencia social para la actividad, minimizando los impactos socioambientales y en un plan de transición hacia energías limpias.