Ante el fuerte avance de los legisladores que reclaman cambios en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazado (IVE) y para evitar un rechazo definitivo en el Senado el próximo 8 de agosto, impulsores del aborto legal aceptaron modificaciones en la iniciativa. Si se aprueba esta propuesta más moderada, pasaría nuevamente a la Cámara baja –que ya le dio sanción inicial– y terminaría de definirse allí.

Al igual que en Diputados, el debate en la Cámara alta se define voto a voto. La balanza hoy está inclinada por el rechazo, con 31 legisladores en contra y 28 a favor. Ante este clima incierto, tres senadores de Córdoba: Carlos Caserio (PJ), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Ernesto Martínez (Cambiemos) ingresaron ayer al Senado un proyecto alternativo más moderado, que introduce algunos cambios a la iniciativa original. El objetivo es obtener consenso y lograr la sanción definitiva del Congreso. Así lo confirmaron a La Nación fuentes del PJ, que admitieron que ya comenzaron a discutir las modificaciones con la “opción Córdoba”.

De los ocho senadores que aún no definen su postura, quienes están a favor deberán juntar cuatro de esos votos para sacar la ley, porque si la votación termina empatada en 35 votos, deberá definir la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien tiene una ferviente postura antiabortista. Un senador proaborto del PJ afirmó durante una entrevista con La Nación: "Vamos a tener que aceptar tres o cuatro cambios. Lo veo como una necesidad imperiosa para salvar la ley, hay que aceptar la realidad".

Los ocho legisladores indecisos son: el radical pampeano Juan Carlos Marino, el justicialista tucumano José Alperovich, los justicialistas santafesinos Omar Perotti y Carlos Reutemann, el justicialista salteño Juan Carlos Romero, el radical chaqueño Ángel Rozas, la radical santacruceña María Belén Tapia y la justicialista catamarqueña Inés Blas.

En total son 72 senadores, pero a la hora de contar votos deberían tenerse en cuenta solamente 70, porque la neuquina Lucila Crexell (MPN) ya anunció que se abstendrá y la puntana María Eugenia Catalfamo casi con seguridad no asistirá porque está cursando el octavo mes de embarazo.

Las modificaciones que se introdujeron

- Límite de tiempo: el derecho a la interrupción del embarazo será hasta la semana N.º 12 de gestación, en lugar de las 14 semanas que aprobó Diputados.

- Objeción de conciencia: se amplía a las instituciones de salud privadas (sobre todo las de índole religiosa) el beneficio que solo se les reconocía a los médicos.

- Castigo: eliminan la posibilidad de sancionar con prisión e inhabilitación a los médicos que se nieguen a practicar abortos.

- Financiamiento: crearán una partida presupuestaria –inexistente en la media sanción– para que los hospitales públicos afronten los gastos. Se contempla que fondos del Estado Nacional y de las provincias compartan los costos de la gratuidad de la práctica.

Fuentes del bloque Justicialista le aseguraron a Clarín que el senador Miguel Ángel Pichetto acordó con el autor del proyecto alternativo, el cordobés Carlos Caserio, reunir el martes a un grupo de senadores interesados en cerrar filas en torno a la aprobación de la ley de IVE. La intención es que allí se acuerde un dictamen común que pueda imponerse en el plenario de comisiones del día siguiente. “La esencia de la ley se mantiene”, dicen.

Las negociaciones en el Senado tienen el objetivo de unificar una postura y sumar voluntades a favor de la aprobación de la iniciativa. Para esto se tienen en cuenta también sugerencias de otros senadores que buscan destrabar el conflicto; por ejemplo, se analiza la posibilidad de responder al reclamo del neuquino Guillermo Pereyra (MPN), senador de extracción sindical, que pide que el Estado garantice el acceso a la droga que se usa en el aborto farmacológico (misoprostol) a través de las obras sociales.

Aún no hay consenso unánime sobre los costos que demandaría al Estado la aprobación de la práctica del aborto. Mientras los que rechazan el proyecto advierten que el sistema de salud debería asumir un costo de $ 4000 millones, los que defienden la propuesta señalan, por el contrario, que la ley implicaría un ahorro de entre $ 3600 millones y $ 7300 millones, al tomar en cuenta lo que hoy se destina a atender las derivaciones de los abortos clandestinos.