De esta forma, el juez destituido, que se desempeñaba como fiscal durante la dictadura, seguirá detenido en el penal San Felipe. La resolución fue firmada por los jueces Juan Antonio González Macías, Alejandro Waldo Piña y Raúl Alberto Fourcade.

El texto judicial de 36 fojas dice que “analizadas detalladamente las constancias obrantes en la presente causa, el Tribunal considera que debe rechazarse la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria solicitada por la defensa técnica del imputado”. Aclara que “la decisión adoptada por este Tribunal, lo es sobre la base de un estudio integral de los antecedentes allegados al presente incidente” y resalta que no puede soslayarse que “Romano fue extraditado desde Chile a la Argentina; esta situación, objetivamente, demuestra el grado de riesgo procesal”.

Además, asegura que “el beneficio solicitado, se trata de una medida de concesión excepcional, máxime en un proceso en que se investigan violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la última dictadura militar”. Por otra parte, confirma que Otilio Romano (71) “se encuentra gozando de un estado de salud si bien complejo, compensado; y por el otro, que los padecimientos que le aquejan, no son de grado tal que requieran internación hospitalaria, y pueden ser y han sido controlados, y el interno ha sido asistido desde el Complejo Penitenciario”.

Igualmente, el fallo explica que los informes elaborados por los médicos dan cuenta de que Romano necesita de controles mensuales en varias especialidades y que sus padecimientos no requieren una internación, pero sí un control, por lo que pide al ministerio de Gobierno a que se dé “estricto cumplimiento con los controles médicos periódicos”, como así también a los directivos de San Felipe que dispongan todo para que realicen los controles que Romano necesite y que han sido indicados por el Cuerpo Médico Forense.

El Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza había analizado semanas atrás, en una sesión especial, el pedido de prisión domiciliaria hecho por el exjuez federal Otilio Romano, acusado como partícipe primario en más de una centena de causas por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como fiscal federal, y que fuera destituido por la Magistratura en 2011.

Los miembros del tribunal analizaron las condiciones en las que Romano se encuentra en la cárcel de San Felipe y su estado de salud, debido a que debió ser internado por tres días en el Hospital Central de Mendoza por un pico de presión.

Entre una treintena de acusados, se juzgan también las actuaciones de los exmagistrados federales Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo. Dicho proceso se encuentra en etapa de declaraciones testimoniales, las cuales podrían superar las 600.