El abogado especialista en medioambiente Aldo Rodríguez Salas sostiene que la actual política hídrica de Mendoza no es clara. Cree que para solucionar el problema no es necesario modificar la Ley General de Aguas, que tiene más de cien años, sino más bien contar con una norma que marque los lineamientos de la política hídrica y que se transforme en el marco jurídico para la gestión integral de este recurso natural esencial.

Rodríguez Salas, empleado de la Asesoría de Gobierno y exsecretario General de la Gobernación durante la gestión de Arturo Lafalla, fue uno de los especialistas nombrados para conformar una comisión de notables que analizaría las modificaciones a la Ley de Aguas, que data de 1884. Pero este proceso nunca se inició.

La conformación de esta comisión fue anunciada por el propio gobernador Francisco Pérez en diciembre de 2013 y sus objetivos quedaron plasmados en el Decreto 5525. En aquella oportunidad, en conferencia de prensa, Pérez explicó algunas de las medidas que se contemplarían. Entre ellas, destacó la adecuación de la infraestructura hídrica, la implementación de mejoras en el riego tecnificado, la gestión integrada del recurso, la atención a los desafíos del cambio ambiental global, el establecimiento del principio inderogable de la participación de los usuarios y el compromiso ciudadano con el cuidado del agua, entre otros puntos.

Ese mismo día, el primer mandatario dio a conocer los nombres de los expertos que participarían en la comisión. Además del mencionado Rodríguez Salas, participarían el exgobernador Arturo Lafalla; el doctor en Derecho del Uso de Aguas Públicas y profesor de la UNCUYO, Líber Martín; el creador del Instituto del Agua y Ambiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Mendoza, Miguel Mathus Escorihuela; y el ministro de la Corte, Alejandro Pérez Hualde.

Rodríguez Salas explicó a Edición UNCUYO que no participó en la comisión y que entiende que no había funcionado como tal. De todas formas, recalcó que el tema de fondo no era si se modificaba o no la Ley de Aguas. Es más: él cree que puede seguir como hasta ahora, siempre que se elabore una ley de política hídrica que trace lineamientos claros, que se refiera a la gestión integral del recurso y que se adecue a la situación actual de la provincia.

El especialista insistió en que la única forma de lograr un proyecto serio –ya sea la ley que él mismo propone o una modificación de la norma de 1884 - es iniciar un proceso de consulta y debate donde participen todos los actores del sistema.

Para Rodríguez Salas, la nueva legislación debería basarse en los paradigmas mundiales actuales sobre el tema y especialmente en la realidad de Mendoza, es decir, que contemple que entre la sanción de la ley, en 1884, y hoy, la población se multiplicó casi por diez, que las actividades productivas e industriales actuales son muy distintas a las de hace cien años y que se tengan en cuenta los efectos del calentamiento global sobre las reservas de este recurso.

¿Es necesario modificar la Ley de Aguas?

La ley de Aguas no es en sí misma el problema. Es de 1884, es decir, corresponde a una sociedad mendocina de no más de 200 mil habitantes. Esa ley cristalizó muchas de sus instituciones recién en la Constitución de 1916 que tenemos vigente, que tiene un capítulo donde se crea el Departamento General de Irrigación, toda una definición, porque no es el departamento general de aguas, es el de riego. Se ha hecho un gran esfuerzo por hacer la mejor interpretación jurídica, que es entender que el agua de riego a la que se refiere la Constitución es el agua en general, pero tracciona mucho lo que es el agua superficial, el riego, el río, a tal extremo que todos los subdelegados de aguas son elegidos por cada uno de los ríos de la provincia. Y ellos conforman el organismo más importante, después del superintendente general de Irrigación.

¿En qué se modificó la situación hoy? ¿Cuáles serían los cambios necesarios?

Hoy somos 1,8 millón de habitantes, llevamos cinco años seguidos de emergencia hídrica y se necesita un cambio de concepción, porque antes hablábamos de un recurso natural destinado a satisfacer necesidades productivas y hoy hablamos de un bien colectivo que satisface las necesidades de toda la sociedad mendocina. Es decir, ya los usuarios no son sólo los regantes, sino todos los individuos que habitan en la provincia de Mendoza. Además, es necesario tener en cuenta el fenómeno del calentamiento global, es decir, el efecto que está teniendo en los glaciares, que es donde se encuentran las reservas de agua.

Si no se modifica la ley de 1884, ¿cuál es la alternativa?

Creo que lo que se necesita es una ley de política hídrica que fortalezca una gestión sostenible del recurso hacia el futuro, una planificación en la que el agua ya no sea sólo considerada desde la perspectiva superficial. La Ley de Aguas de 1884 o la Constitución de 1916 no hablan del agua subterránea, no existe, y resulta que, tal como nos enseña Armando Llop (director del Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua) nuestras principales reservas están ahí. Sin embargo, como no se ve, es objeto de una dilapidación muy grande. De ahí que hablar de gestión integral es el vocabulario nuevo, pero no lo vas a encontrar en nuestras normas jurídicas. La pregunta es cómo sostener una política coherente, transparente y que mejore las condiciones del recurso si carecemos de un marco legal adecuado. El enfoque, para mí, debe centrarse en una política hídrica actualizada, dada a la luz de la reforma constitucional de 1994, que reconoció al bien ambiental como un bien colectivo, un bien de la comunidad y merecedor de una protección especial.

¿Hoy las políticas hídricas son claras?

No, porque no tienen el marco legal adecuado. La construcción de una política sólida, eficaz para el futuro de Mendoza, capaz de administrar la disponibilidad presente del agua pero con una perspectiva de futuro –una visión estratégica–obviamente requiere de un marco legal que hoy no está. Podemos decir que las actuales autoridades de Irrigación hacen un gran esfuerzo en este sentido. Ellos hablan del Plan 2020 pero eso debe institucionalizarse. El procedimiento, o cómo se lleva adelante un plan hídrico, debe formar parte de la institucionalidad de la Provincia; es decir, no puede ser que la metodología de ese plan se base en el mejor criterio, quizás seleccionado por alguien con mucho conocimiento, pero que no haya sido debatido. Esto requiere de un debate.

¿Cuál sería, a su criterio, la mejor forma de lograr ese marco legal?

Repito: sin modificar la ley vigente, con una ley de política hídrica que no tenemos, que no existe en la provincia de Mendoza. En realidad, lo más correcto sería modificar la Constitución de Mendoza.

¿En qué aspectos habría que modificarla?

El artículo 1 de la Constitución pone mucho énfasis en la titularidad y el dominio que tiene la Provincia sobre sus recursos hidrocarburíferos, gasíferos y de otros de valor energético, pero no se refiere al agua. ¿Por qué? Porque ese párrafo que se agregó no es de 1916, era por la reivindicación histórica que hacían las provincias sobre sus recursos hidrocarburíferos. A mí me parece razonable, pero no es la sintonía que hoy tenemos. La Constitución Nacional de 1994 nos reconoció el dominio sobre todos los recursos naturales. Hoy estamos ante un cambio de paradigma a nivel mundial en esta materia, que no es impuesto por una corporación multinacional. Es el mundo, la población la que está tomando conciencia de la escasez de agua y de la depredación que hacemos de nuestros recursos naturales.

¿Por qué cree que hasta ahora no tenemos una ley de política hídrica?

El modelo de la Ley de Aguas de 1884 es exitoso. Es el de los oasis, tal como los vivís, los disfrutás, son fruto de ella. Creo que hasta provocó la fantasía de que nos tenemos que aclarar todos los días que vivimos en un desierto, que ocupamos sólo el 4 por ciento del territorio y eso deviene de la Ley de Aguas. Es tan exitosa que nos permitió administrar lo mejor posible un recurso escaso y realmente la calidad de vida de los mendocinos se define por los oasis. Pero hay cambios sustanciales que implican nuevas medidas. Tenemos que cambiar el vocabulario, hablar de un uso eficiente del agua. Hay campañas para que se evite el derroche y muchos de esos temas están engarzados con la situación actual en la que, obviamente, se requiere una administración y una política que sean capaces de resolver no sólo el acceso al agua potable, sino el acceso en general al agua de todos los mendocinos. Eso puede ponerse en duda o en crisis muy pronto. Esto va a marcar la necesidad de una inflexión. Lo mejor es que nos anticipemos a esas situaciones. De ahí que digo que quizás estamos en un proceso de transición y pronto se vea un trabajo que conduzca a este proceso con una visión estratégica.

¿Cuál sería la metodología adecuada para elaborar este proyecto de ley o, en tal caso, una modificación de la norma de 1884?

Creo que primero haría una amplia convocatoria, designaría a alguien representativo para formular una primera propuesta y, luego, cada uno de sus puntos debería ser objeto de debate y discusión. Estas leyes, que son complejas, dependen para su éxito de un gran conocimiento y vivencia pública. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ley 5961 (de Ambiente), no porque ayudé a redactarla, sino porque la gente –que no tiene idea de quién soy ni qué hice–, es la que reclama la audiencia pública si no se hace. En realidad, la sociedad, la población, las organizaciones cuando se apoderan de una ley, hacen que se cumpla; si no, estaría congelada, sería una ley de emergencia. Todas estas leyes tienen que aplicarse y dependen de una gestión eficaz. Pero, ¿cómo lo logramos? Con una ley que entre en la conciencia y en la convicción de la gente, y entonces demande su correcta aplicación y el gestor de esas leyes las cumple, sabiendo que hay una sociedad que espera esas respuestas. De ahí que los procesos ampliamente participativos y sus diferentes metodologías serían la forma de llevarla adelante. Nadie debe dudar en este momento de que este tema requiere un gran debate.
 

Un futuro complicado

Rodríguez Salas recalcó que otras de las falencias a superar es que las leyes vigentes crearon el Departamento General de Irrigación, el cual sólo con su nombre ya restringe la gestión del recurso a un tema productivo, cuando hoy se necesita una mirada integral.

¿Cómo analiza la actual gestión del recurso hídrico?

Yo me equivocaría mucho si dijera que hoy no hay una gestión sustentable del recurso hídrico. Lo que no hay es un paraguas de tipo político, superior, por todos conocido. Pero en realidad, las autoridades de Irrigación tienen normas ambientales; es decir, hay normas técnicas bastante interesantes que se cumplen y se aplican, pero todavía se da la situación de que un superintendente quiso eludirlas y le costó un juicio político (por Eduardo Frigerio, que renunció al cargo para no enfrentar el jury). Tampoco podríamos concluir que hoy estamos a la deriva. Incluso la actual gestión es bastante consciente de la problemática hídrica, pero creo que ahora la gestión del DGI requiere que sus políticas se transformen en una cuestión de Estado, en una preocupación del gobernador, de los partidos políticos, pero no para entrar en campaña, o para agredirse, sino para ver si somos capaces de construir una política sólida para el futuro. Porque creo que cualquier gobierno en el futuro va a tener mayores restricciones en esta materia, mayores problemas. No hay que ser un gran adivino para decir que, si no se toman medidas, si no se realizan obras estratégicas, si no se modifica un poco la cultura del mendocino sobre el derroche del agua, vamos a enfrentar restricciones.