Se esperaba que fuera el próximo mes, pero fue hoy, miércoles 27, cuando se terminó de aplicar en toda la provincia el que en el año 1999 era el “nuevo” Código Procesal Penal (CPP), es decir, la Ley 6730. Uno de los impulsores de esta legislación fue –y aún es– el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Nanclares.

Para él, teniendo en cuenta todos los cambios que conlleva esta modificación, el CPP se implementó en la totalidad del territorio mendocino dentro de los tiempos “normales” de aplicación. Sin embargo, aseguró que el Estado es –en general– lento para resolver los problemas. “El Estado es un elefante difícil de mover”, sentenció el magistrado.

Nanclares explicó algunas de las diferencias entre el sistema inquisitivo, propio del antiguo CPP, y el sistema acusatorio, que corresponde a la nueva legislación. En el primero, en opinión del ministro de la Corte, el juez de instrucción, además de tutelar las garantías de los involucrados en un caso, también investigaba, por lo que perdía la imparcialidad. En cambio, con el sistema acusatorio, el que investiga es el fiscal, mientras que el juez se reserva para “juzgar el procedimiento, tutelar las garantías constitucionales y sentenciar”.

Para el magistrado, además, el sistema acusatorio es más moderno y más ágil. Las audiencias son orales y el objetivo también es implementar los expedientes electrónicos. Además, el juez debe resolver con la prueba que se rinde en las audiencias, mientras que con el viejo sistema, se dependía mucho más del expediente.

Sin embargo, uno de los aspectos centrales que mencionó Nanclares en cuanto a la aplicación del nuevo CPP es sobre el rol del acusado y de la víctima. “Antes, el Derecho Penal era bilateral entre el Estado y el imputado, y el Estado tenía la obligación de asegurarle las garantías al imputado. Hoy es una relación compleja, porque están el imputado y las víctimas, y el Estado les tiene que asegurar las garantías a ambas partes”, manifestó el ministro.

Esto se debe, según él, a que las víctimas se han empoderado de sus derechos debido al clima de inseguridad que se vive tanto a nivel provincial como nacional. En palabras de Nanclares: "La generalización de la inseguridad hace que cualquiera de nosotros, como ciudadanos de la sociedad, podamos ser víctimas de un delito. Esta situación hace que la sociedad, en general, hoy por hoy se incline por la posición de las víctimas y no por la posición de los delincuentes, y se suele olvidar, tal vez, que la sociedad misma ha generado las condiciones para que el delincuente termine en esa situación”.

Finalmente, el juez consideró que la herramienta del Derecho Penal no es la más idónea para solucionar los problemas de la seguridad, pero opinó que es “comprensible” que sea a la que se apela en la actualidad, porque, aunque en la sociedad se produce la delincuencia, también es la sociedad la que necesita la reparación del daño. En consecuencia, se están administrando intereses contradictorios: los de los delincuentes y los de las víctimas, pero “el Estado tiene que asegurar el derecho a todos”, expresó Nanclares.

La opinión de Nanclares cobra mayor relevancia este miércoles, día en que finalmente quedó implementado el nuevo Código Procesal Penal.